El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, detalló este lunes el esquema de crimen organizado entre funcionarios públicos y empleados de empresas del sector privado, que llevó a la policía judicial y al Ministerio Público a realizar un megaoperativo para detener a los sospechosos e incautar prueba importante para el caso.

Espinoza afirmó que el inicio de la actividad operativa arrancó con una investigación del año 2019, relacionada con corrupción pública en el ámbito de construcción, conservación y mantenimiento de la red vial, en el que se involucran delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

El funcionario calificó este caso como "uno de los más importantes en los últimos meses, sumamente ambicioso y determinado por la necesidad de establecer la comisión de varias circunstancias de orden delictivo".

Las denuncias por este caso fueron presentadas a inicios del 2018 y en ellas se indicaba que había un grupo de funcionarios públicos, principalmente ubicados en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que estaban favoreciendo irregularmente a algunas empresas, a cambio de beneficios personales.

De acuerdo con Espinoza, las denuncias señalaban que las empresas involucradas prácticamente tenían el monopolio de las adjudicaciones que se hacían en el sector de obra pública, ya que tenían un grupo de funcionarios que las beneficiaban.

Por ello, el OIJ y la Fiscalía iniciaron las pesquisas y lograron detectar un esquema de sobornos, de regalías y/o de pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos, que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales.

De acuerdo con el jerarca de la policía judicial, consiguieron que el caso fuera declarado de "crimen organizado", lo que les permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se tienen cuando se abordan delitos de corrupción.

Esa circunstancia nos permitió verificar que habían relaciones, que habían contactos indebidos, que habían vinculaciones irregulares y que en tesis de principio y como hipótesis de trabajo, efectivamente existía un esquema de pago de coimas a cambio de ventajas a determinadas personas y empresas; y que ese esquema, o esa construcción ilícita, representaba un asocio delictivo que estaba provocando muchísimos daños al país, que eventualmente incrementaba el costo de las obras y que evidentemente es ilegítimo, irregular y delictivo desde el plano de la hipótesis de investigación.

Espinoza explicó que el abordaje tiene que ver con el uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que es lo que ellos conocen como malversación de fondos, por un encadenamiento de recepción de dádivas por parte de funcionarios de esa misma institución y que además involucra funcionarios que tienen que ver con temas de presupuesto y aprobación de montos de dinero destinados a la obra pública.

"Logramos detectar, como principio de investigación, una malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente ya establecido; y que además ese uso irregular de ese dinero lo que pretendía era dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas del recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial; pero evidentemente, en ese tránsito se afectaban otros proyectos, se quitaba contenido económico a actividades que tenían un destino específico y adicionalmente se provocaba encarecimiento en las obras", detalló.

Según Espinoza, en la investigación lograron establecer la existencia de un sistema de intermediación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos, que permitía la entrega de los sobornos o de las regalías, el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos y el pago de sobornos de toda naturaleza: vehículos, terrenos, dinero en efectivo, trabajos, favores de orden personal (de índole sexual) "y todo lo que ustedes puedan imaginarse a efectos de obtener situaciones de ventaja indebida e irregulares. Todo eso fue esquemática y puntualmente detallado por parte de la policía cuando realizó la investigación y tuvo posibilidad de acceso al ámbito íntimo de los contactos que se realizaban entre estas personas".

CRHoy.com y el periódico La Nación afirmaron que las autoridades lograron autorización judicial para intervenir las comunicaciones de personas involucradas en este esquema delictivo. La primera el 8 de octubre del 2019 por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; iniciando las escuchas el 22 de noviembre de ese año; y luego ampliadas en tres ocasiones: el 19 de diciembre de 2019, 19 de marzo de 2020 y 19 de junio de ese mismo año.

Espinoza afirmó que dentro del proceso de análisis de la investigación, los especialistas en el tema lograron determinar que el beneficio irregular a los proyectos viales de las empresas investigadas (H. Solís, MECO, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería) "generó un enorme déficit de carácter de carácter presupuestario, lo que podríamos denominar una especie de laguna financiera, o un hoyo o un hueco de carácter presupuestario, que en el período de estudio que es el año 2018 del 2019 y en los primeros trimestres del año 2020, generó un desbalance de aproximadamente 78 mil millones de colones".

El director del OIJ afirmó que lo encontraron en la investigación lo convierte en "uno de los casos más impactantes que hemos abordado desde la perspectiva de la corrupción pública".

En el megaoperativo de la mañana de este lunes se allanaron 14 oficinas de instituciones públicas entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Conavi, Consejo de Transporte Público y Casa Presidencial. Asimismo, se allanaron las empresas privadas que están vinculadas y relacionadas directamente con los ilícitos que se están indagando y que desde la perspectiva de la investigación, fueron favorecidas e intervinieron en la ejecución de acciones que tienen condición y carácter criminal.

También fueron allanados 21 domicilios o casas de habitación, donde habitan personas que están relacionadas con este caso y que se aprovecharon de las circunstancias, de sus condiciones y de la labor que efectuaban, para obtener sobornos para favorecer empresas privadas y así elevar los costos y los montos de la obra pública, o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas, favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito de su actividad.

Espinoza afirmó que este lunes pretendían detener a 32 personas, todas ellas integrantes de empresas privadas e instituciones públicas, personas particulares; pero que la Fiscalía acercará a la investigación a 40 personas más que ya están identificadas.

Sus conductas [las de esas 40 personas] están establecidas y los hechos descritos. Los vamos a ir acercando al proceso penal de manera paulatina y ordenada a efectos de que la causa pueda avanzar con celeridad, que es lo que nos interesa a nosotros en el OIJ y por supuesto también en la Fiscalía.

El director del OIJ concluyó afirmando que este es un caso de mucho impacto, que revela la existencia de actividades anormales, atípicas, llamativas e irregulares en el ámbito de la gestión pública, que genera mucha preocupación en los órganos represivos del Estado y que además exigió su intervención, que esperan sea contundente, directa y efectiva.