El 2022 registró 654 homicidios, lo que representa un aumento del 38,6% en 2023.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes 2 de enero que, con cifras del pasado 31 de diciembre, Costa Rica cerró el 2023 con 907 homicidios, lo que convirtió al anterior en el año más violento de la historia nacional.
Esto quiere decir que el país registró, en promedio, 2.5 homicidios al día durante el año pasado. En total, las autoridades registraron 253 muertes más por esta categoría en comparación al 2022, que era el año con más asesinatos hasta la fecha.
El 2023 se convirtió en el de más homicidios en la historia del país desde el pasado 22 de setiembre, cuando se superó la cifra de 654 asesinatos.
Fuente: OIJ.
Razones del problema
Meses atrás el subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas, reconoció que Costa Rica está en "una de sus coyunturas más complicadas" de la historia.
El funcionario indicó que las causas y consecuencias son múltiples y que, más allá de la contención policial, se requiere trabajar en áreas como educación, cultura y deporte, para salir de esta crisis.
Agregó que más del 60% de los homicidios tienen que ver con el tema del narcotráfico y estructuras criminales que disputan territorios principalmente en las costas o en zonas urbano marginales:
Se ha vuelto común encontrar cuerpos con signos de tortura, decapitaciones, cuerpos quemados o con una gran cantidad de impactos por arma de fuego. Incluso en zonas de riesgo y hablo de riesgo porque hay personas inocentes que pueden ser víctimas o heridas".
Soto Rojas agregó que el microtráfico de drogas es muy lucrativo e implica luchas entre grupos que generan oleadas de violencia. Estas disputas solían ocurrir en zonas específicas, pero en el 2023 sucedieron en zonas más comunes como por ejemplo cerca de escuelas o colegios.
Al cierre del 2023, San José encabezó la lista de provincias con más muertes por esta causa al registrar 220, 102 más que a estas alturas del año anterior. En detalle, la situación por provincias es la siguiente (en paréntesis la diferencia con el año anterior):
- Limón 214 (+45).
- Puntarenas 150 (+39).
- Alajuela 106 (-4).
- Guanacaste 101 (+40).
- Cartago 73 (+30).
- Heredia 47 (+1).
Al respecto del perfil de los fallecidos, la institución indicó que son 831 hombres y 71 mujeres. Además el principal rango de las víctimas es de 18 a 29, donde se han documentado 340 casos. La mayoría de estos tienen como móvil el ajuste de cuentas o venganza con un total de 634 sucesos.
Fuente: OIJ.
Poca respuesta de las autoridades
Al cierre del año 2022, tras ser cuestionado por la histórica cifra de muertes, el presidente Rodrigo Chaves Robles afirmó que a su Gobierno lo debían medir por lo que sucediera a partir del 1 de enero del 2023. El mandatario justificó que recibió la casa "en ruinas", con un Ministerio de Seguridad sin articulación y sin las condiciones necesarias para atender la situación de violencia.
Pese a esto, el año recién acabado no dejó un mejor panorama respecto a esta problemática, a pesar de las políticas tomadas por el Ejecutivo en esta vía.
En abril por ejemplo, el Poder Ejecutivo anunció que buscaría combatir la inseguridad y la violencia que azotan al país, con una estrategia llamada "Operación Costa Rica Segura".
Como medida inmediata, Seguridad Pública y Gobernación y Policía anunciaron que circularían 9500 policías más en las calles del país por un espacio de 6 meses y que, para ello, cambiarían los roles de trabajo de 12.000 policías.
Los oficiales trabajan en una jornada de tres por tres y seis por seis, lo que quiere decir que por cada tres días laborados, descansan tres; o que por cada seis descansan otras seis jornadas. Esta medida cambiaría y, durante los siguientes seis meses, se ajustarían los horarios a que por cada seis días laborados se tuviesen cuatro libres.
La orden, sin embargo, fue mal recibida por el cuerpo policial, quienes protestaron para revertir la decisión al señalar que esta medida implicaría un desmejoramiento en sus condiciones de trabajo de los oficiales. Dos días después el presidente Chaves Robles dio marcha atrás con el mandato.
Posterior a esta situación, Jorge Torres fue separado de su puesto como ministro de Seguridad y el Concejo de Gobierno nombró a Mario Zamora Cordero, quien vino con la "Operación Costa Rica Segura Plus".
En ese mismo mes, Chaves Robles le quiso bajar el tono al tema e indicó que los que querían hacer ver los homicidios como una crisis eran los medios de prensa. Además, señaló que no todas las responsabilidades eran del Ejecutivo y que la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial tenían pendientes que resolver.
Una de las justificaciones del Gobierno ante la violencia es que los asesinatos responden principalmente a ajustes de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos.
Esta situación fue señalada por expertos de la Universidad Nacional en octubre, quienes puntualizaron que "no se puede perder la perspectiva en lo que podría provocar el mantener, o justificar, un discurso de la violencia centrada en el fenómeno del narcotráfico".
Reunión tras reunión... tras reunión
En medio de la crisis, el 10 de octubre un agente del OIJ y de la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Costa Rica, fue asesinado a balazos mientras realizaba labores de investigación Tirrases, en Curridabat.
La muerte provocó la reacción de las autoridades del Poder Judicial. En el caso del director del OIJ, Randall Zúñiga López, pidió por un cambio dentro de las autoridades que tienen el poder de decisión y advirtió que es necesario dotarles de más recursos debido a que el país se estaba entregando a grupos criminales.
Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, urgió a tomar acciones reales para frenar la ola de delincuencia. El funcionario criticó que un encuentro entre los tres poderes de la República en Casa Presidencial llevado a cabo una semana antes del asesinato del funcionario, "fue una reunión de puras intenciones" donde "no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública", por lo que aseguró que con solo "buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia".
En total, durante este 2023 las autoridades de los tres poderes se reunieron en tres ocasiones. Una en marzo, otra en octubre y la última en noviembre.
Crédito: Casa Presidencial | Mónica Matus
El más reciente encuentro se realizó una semana después de que el mandatario Chaves Robles trasladara a la Asamblea la responsabilidad de atender la crisis de inseguridad, luego de que “ordenó” a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, que desconvocara todos los proyectos de la materia que habían sido incluidos en la agenda y dejara solo los 26 proyectos de ley que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había solicitado.
La acción generó la molestia de diferentes sectores, como por ejemplo el Poder Legislativo, en donde los congresistas reprocharon la decisión.
Tras esto, el presidente del Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, llamó al Presidente de República con el objetivo de pactar el espacio de diálogo y llegar a consensos.
Arias Sánchez recordó que cada quién tiene sus responsabilidades, por lo que se debe actuar de una forma coordinada si se desea tener éxito en el combate a la criminalidad.
En ese espacio el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial acordaron conformar un grupo de trabajo para revisar proyectos de ley en materia de seguridad.
El equipo de trabajo estará constituido por la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana por parte del Ejecutivo, la diputada Gloria Navas Montero en representación de la Asamblea Legislativa y parte del Judicial, será una persona del Ministerio Público que aún está por definirse.
Por último, en diciembre el OIJ denunció públicamente la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer un recorte efectivo a su presupuesto 2023 en el Ministerio Público y la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, por no permitirles trasladar montos no ejecutados de la partida de salarios a otras partidas de gasto.
Según los datos dados por las autoridades judiciales los recortes serían de, aproximadamente, 2000 millones de colones para el OIJ, 125 millones de colones para el Ministerio Público y 911 millones de colones que le correspondían a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos.
Posteriormente, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, convocó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén y al director del OIJ, Randall Zúñiga López, a una reunión. Esta dio como resultado un acuerdo para atender el tema.
