Chaves pidió "reflexionar" si lo que conviene al país es este "derecho penal de garantías constitucionales fuertes".
Los tres poderes de la República acordaron, este martes, "bajarle el tono a la discusión" para avanzar en los proyectos de ley que frenen la ola de violencia que afronta el país y que ya convirtió al 2023 en el año con más homicidios de la historia nacional.
El mensaje lo dio el presidente Rodrigo Chaves Robles, en la conferencia de prensa posterior a la reunión que tuvo el Consejo de Seguridad esta mañana para abordar el tema, y en la que estuvieron presentes jerarcas del Poder Judicial, diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros del Ejecutivo encargados de la seguridad pública.
Según señaló Chaves:
La analogía que todos aceptamos es que si bien es cierto la casa de nuestra justicia y de nuestro sistema de seguridad pública requiere de renovaciones, pintura, reforzamiento de estructuras, la realidad de las cosas es que hay un incendio en la cocina y que esa debe ser la prioridad de los tres sectores. Hay un llamado a que trabajemos juntos e incluso un llamado a que bajemos el tono de la discusión pública en la que algunos, en algunas ocasiones, nos hemos pasado la bola de quién tienen la responsabilidad de arreglar el sistema; y un llamado a un debate más constructivo ante la opinión pública que obviamente está preocupada por la situación que se está dando".
A su vez, Chaves defendió que el país debe tomar "acciones extraordinarias" que incluso cambien la tónica del derecho penal costarricense, debido a que "tenemos problemas porque algunos de los sicarios más notorios y peligrosos son gente que todavía no ha cumplido los 18 años y entonces la pregunta de nuestra sociedad debería ser cómo lidiar con el peligro inmediato que presentan esos jóvenes, quienes no tuvieron oportunidades en la vida, es probable, pero que en este momento representan un peligro real e inminente para el resto de la sociedad, con un sistema que no nos está dando los instrumentos para neutralizar esos peligros":
Reconocimos que hay que reflexionar muy seriamente sobre el tema de que tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias, incluso hasta en la tónica de nuestro derecho penal que es un derecho de garantías constitucionales muy fuertes pero que, en este momento, el país necesita reflexionar sobre si eso es lo que le conviene al bienestar general de la población o un sistema un poco más fuerte en el sistema judicial y de leyes".
Durante la reunión también se abordó el proyecto de ley que busca exonerar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual fue aprobado ayer en el Congreso en primer debate con el voto en contra del oficialismo.
Según indicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, tras la reunión no le quedó claro si el Poder Ejecutivo lo objetaría pero señaló que este un monto "no muy significativo" pero necesario para que la institución opere con más recursos:
Se habló del tema de la exoneración del IVA al OIJ. Lo que no sentí muy claro es si el Poder Ejecutivo no lo objeta. Sí se dijo que no era muy significativo, pero se trata de un proyecto que es necesario porque favorece a un organismo que tiene que ver muy pero muy de frente tema".
Chaves, por su parte, respondió que dado que más del 70% de los gastos del OIJ son en personal, exonerar al organismo de este impuesto representaría un 13% del 30% restante, por lo que el presupuesto operativo del organismo aumentaría 3.9%, una cifra que consideró "no le va a resolver el problema ni al OIJ, ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Seguridad Pública".
El siguiente paso, según indicaron los presidentes de los poderes, es que el próximo jueves se dé una nueva reunión, esta vez en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, para conformar una mesa de trabajo que defina los proyectos de ley prioritarios por los cuales se empezaría a trabajar en conjunto.
Según Chaves, en este momento hay más de 25 proyectos presentados sobre este tema y los que el Ejecutivo está impulsando son el de aprobar la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo (expediente 23701); el que busca limitar el otorgamiento de medidas cautelares (expediente 23692); la reforma a la Ley de Control de Armas para castigar más fuerte a quienes porten y posean armas de manera ilegal (expediente 23689); el de modernización de las intervenciones telefónicas (expediente 23690); la reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil (expediente 23691); y la reforma a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23688).
