El proyecto pretende regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos socio comunitario. Atendiendo sentencias y medidas de seguridad previstas en el Código Penal y leyes especiales, así como las medidas cautelares privativas de libertad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, según las potestades y atribuciones de las distintas autoridades intervinientes.