Consejo de la UNA lamentó amenazas armadas que también sufrieron la UCR, TEC y el Liceo de Santo Domingo.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que exige fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en centros educativos, tras la serie de amenazas armadas que afectaron recientemente a instituciones como la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Liceo de Santo Domingo de Heredia y la propia UNA.

El acuerdo, aprobado en sesión del 27 de noviembre, advierte que Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad que ya impacta directamente el derecho a la educación. Señala que la violencia, alimentada por factores sociales, económicos y por discursos de odio que ganan espacio en la esfera pública, está normalizándose dentro y alrededor de instituciones educativas.

“La seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que trasciende modelos educativos o administrativos”, subraya el documento.

Una alerta que trasciende las universidades

El pronunciamiento resalta que las amenazas armadas no solo provocan evacuaciones y temor en las comunidades educativas, sino que obligan a las universidades públicas a destinar recursos crecientes a seguridad, vigilancia, protocolos de emergencia y apoyo psicológico, fondos que deberían invertirse en formación e investigación.

Además, advierte que estos hechos erosionan la confianza social en la educación pública y ponen en riesgo la integridad física, emocional y académica de estudiantes y personal docente y administrativo.

Llamado a acción inmediata

El Consejo Universitario emite una serie de solicitudes y exigencias, entre ellas:

  • Rechazar de forma categórica los actos violentos y amenazas contra instituciones educativas.
  • Expresar solidaridad con la UCR, el TEC y centros de secundaria afectados recientemente.
  • Pedir al Estado y al MEP políticas públicas más robustas de prevención de violencia en entornos educativos.
  • Exigir al Conare y al MEP un liderazgo coordinado y firme ante la creciente ola de amenazas.
  • Construir una agenda común para reforzar protocolos de seguridad, comunicación, cultura de paz y atención psicosocial.
  • Convocar a las federaciones estudiantiles para que retomen un rol activo en la defensa de entornos seguros.
  • Solicitar a la Rectoría de la UNA mayor socialización de protocolos internos y capacitación en cultura de paz.

Seguridad como condición indispensable para educar

El pronunciamiento recuerda las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos como que la educación solo puede ejercerse plenamente en entornos seguros, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La UNA reafirma que la educación superior pública es un bien estratégico para la democracia y la cohesión social. El acuerdo fue remitido al Conare, al MEP, a las rectorías universitarias, consejos universitarios, federaciones estudiantiles y a la prensa nacional.