Ejecutivo pretende agilizar el trámite de seis proyectos de ley para contener la ola de violencia.
El Gobierno de la República convocó para este martes 3 de octubre, a las 10 de la mañana, a una reunión "de urgencia" del Consejo de Seguridad.
El encuentro fue convocado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y tendrá lugar en Casa Presidencial.
A su vez, la invitación fue extendida a:
- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
- El fiscal general de la República, Carlo Díaz.
- El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
- Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
- Los jefes de fracción de todos los partidos políticos.
- El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
- El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
En un comunicado a la prensa, Casa Presidencial indicó que el espacio tiene como fin tomar "acciones inmediatas" para contener la ola de violencia que enfrenta el país.
El pasado 23 de de setiembre, el 2023 batió el récord como el año con más homicidios en la historia del país, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las muertes por esta categoría superaron a la registrada en 2022 que era de 654 y se mantiene en crecida.
Dentro de la agenda, el presidente de la República pedirá a los diputados agilizar la aprobación de los seis proyectos de ley. Estos proyectos son:
- Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo (expediente 23701). La iniciativa busca reformar el artículo 32 de la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
- Ley para restaurar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad (expediente 23692). El proyecto, entre otras cosas, propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas, únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión, sea, aquellos delitos considerados como no graves. En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.
- Reforma a la Ley de Control de Armas, hay que castigar fuertemente a quienes porten y posean armas de manera ilegal (expediente 23689). Este proyecto de ley propone establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas, aquellos casos en los que el agente posee o porta un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero, ha sido reportada por el propietario registral como extraviada o sustraída, ha sido utilizada para la comisión de un ilícito penal, o se enmarca dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.
- Modernización de las intervenciones telefónicas (expediente 23690). El proyecto incluye la autorización de intervención telefónica en los delitos de homicidio simple y femicidio. Además, se propone reformar del artículo 10 de la Ley N° 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, para que solo Fiscalía General de la República pueda solicitar la intervención de comunicaciones. Adicionalmente amplia em plazo de la intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año de intervención.
- Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada (expediente 23691). Reforma la Ley de Justicia Penal Juvenil N°7576, a fin de incorporar en el artículo 9 de la ley referida, como norma supletoria el artículo 1 de la Ley N°8754 sobre Delincuencia Organizada, de forma tal que, el órgano de persecución penal y la administración de justicia, puedan atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan las personas menores de edad, además ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando en esta aquellos delitos considerados graves, e incluye como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad “represente un peligro para la sociedad”.
- Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23688). El proyecto pretende regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos socio comunitario. Atendiendo sentencias y medidas de seguridad previstas en el Código Penal y leyes especiales, así como las medidas cautelares privativas de libertad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, según las potestades y atribuciones de las distintas autoridades intervinientes.
