Costa Rica no está siendo vencida por el crimen organizado; está siendo explotada por él. La diferencia es crucial. La primera implica un enfrentamiento. La segunda, una inserción progresiva en vacíos estructurales ya existentes.

Este país muestra históricamente permeabilidad ante poderes económicos externos: antes fueron transnacionales bananeras, luego capitales especulativos inmobiliarios, ahora redes criminales. El patrón es consistente: estructuras externas que encuentran instituciones frágiles.

En 2023, el país registró 907 homicidios (OIJ), tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia. El 71% están relacionados con estructuras criminales, concentrándose en Limón y San José. No se trata solo de asesinatos: se trata de territorios donde el Estado dejó de operar con legitimidad. Allí, la criminalidad no impone caos. Impone orden.

El crimen ocupa el vacío, no el poder. La expansión responde a un sistema institucional disgregado. El gobierno Chaves (2022) marcó inflexión por ausencia de políticas estructurales. La inseguridad es consecuencia de nuestra arquitectura política, no invasión externa.

Gobernabilidad paralela. Donde el Estado no llega con servicios, el crimen organizado llena vacíos institucionales. Se legitima por funcionalidad, no por miedo.

Captura funcional del Estado. Celso Gamboa (exministro, exmagistrado) arrestado por conspiración para traficar cocaína es solo la punta del iceberg. Rumores sobre jerarcas y ministros intocables confirman que no es excepcional sino sintomático. El narco no necesita cooptar todo el Estado, solo nodos clave: puertos, fiscalía, policía, gobiernos locales.

Economías paralelas consolidadas. Construcción, agricultura, ganadería, rutas de buses: sectores operan bajo lobby informal e ilegal. Estas redes consolidaron lavado de dinero, contratación informal, circulación de efectivo. Erosionan la percepción de qué constituye ingreso legítimo.

Límites de la respuesta oficial. Las medidas autoritarias (cárceles máxima seguridad, reformas penales) enfrentan límites: saturación judicial, pérdida de evidencia, estructuras anacrónicas. Castigan al sicario, no al financiero.

El mayor obstáculo no es falta de leyes sino desincronización institucional. OIJ, Seguridad, Migración, Ministerio Público y Hacienda operan separadamente, sin integración ni coordinación. El Estado fragmentado enfrenta redes que sí comparten información y objetivos.

¿Y los que no tenemos poder? Los ciudadanos pueden documentar relaciones de poder local, conservar tejido comunitario no cooptado y crear archivos que instalen memoria estructural, no solo denuncia emocional.

¿El punto de retorno aún existe? Un narcoestado no requiere presidente narco. Basta sistema de justicia deslegitimado, policía saturada y población convencida de que denunciar no sirve. La batalla es por legitimidad operativa del Estado, ya en disputa.

Siempre hay retorno posible. Costa Rica no enfrenta invasión externa sino explotación de vulnerabilidades internas existentes por décadas. Solo abordando esas vulnerabilidades estructurales—no solo síntomas violentos—podemos recuperar legitimidad estatal.

Basta capturar eslabones clave, no todo el aparato. Por eso mismo, basta recuperar articulaciones centrales para reconstruir institucionalidad. La pregunta no es si es posible, sino si tenemos voluntad política antes de que sea tarde.

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