También llamarán a jerarcas de seguridad y justicia para indagar supuestos vínculos con el exmagistrado extraditable.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves convocar a los expresidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Laura Chinchilla Miranda para que comparezcan en audiencia pública sobre supuestos vínculos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez con políticos y funcionarios públicos.
Gamboa, actualmente solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto narcotráfico, ocupó cargos de alto nivel durante las administraciones de ambos exmandatarios.
La decisión forma parte de la investigación legislativa tramitada bajo el expediente 24.697, que busca determinar eventuales responsabilidades políticas o administrativas en el debilitamiento de la política de seguridad pública que, según la oposición, habría favorecido al crimen organizado.
La comisión también aprobó citar en audiencia a los exviceministros de Justicia y Paz Exleine Sánchez Torres y Juan Carlos Arias Agüero. Además, fueron convocados el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero; el ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde; el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el director del ICD, Fernando Ramírez Serrano; la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro; y el exfiscal general, Jorge Chavarría Guzmán.
En la misma sesión, la comisión acordó por unanimidad convocar nuevamente al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres Carrillo, para una audiencia privada. Torres ya había comparecido la semana pasada y admitió un encuentro con Gamboa durante su gestión como ministro de Seguridad.
En aquella comparecencia, Torres se negó a dar detalles públicamente, lo que llevó a la comisión a decretar un receso y sostener un diálogo privado fuera de micrófonos y grabación, algo que violó el Reglamento de la Asamblea Legislativa y motivó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
Esta vez, la moción para declarar privada la nueva audiencia fue presentada y fundamentada en razones de "seguridad nacional". Según el texto leído en la comisión, Costa Rica enfrenta “una de las peores crisis de seguridad”, con aumento del crimen organizado y violencia asociada al narcotráfico, sumado a una “percepción de corrupción institucional” y debilitamiento del Estado.
La moción se aprobó por mayoría calificada, conforme exige el reglamento para sesiones privadas, con el respaldo de diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República, el Partido Liberal Progresista, el oficialismo, el Frente Amplio e independientes.
El reglamento establece que de la sesión se levantará un acta pública excluyendo la información clasificada. La audiencia con Torres abordará "información sensible y confidencial" sobre investigaciones de crimen organizado y narcotráfico que, según la comisión, afectan la seguridad nacional.
