Desde el 14 de mayo de 2025, cuando el presidente Rodrigo Chaves ejerció un veto total al proyecto de ley de seguridad ciudadana que permite los allanamientos sin estipular un horario de oficina, hasta el 31 de julio de 2025, transcurrieron 79 días sin iniciativas, alternativas, diálogo, ni seguimiento público al expediente.
Cifras que denuncian una crisis abierta
En 2023 Costa Rica alcanzó un récord histórico de más de 900 homicidios, con una tasa de 17.2 por cada 100.000 habitantes, atribuida principalmente a disputas entre bandas narcotraficantes.
En 2024, los homicidios bajaron levemente a 880, pero la violencia persistió.
Para el periodo enero‑junio del año 2025, se registraron 443 homicidios, ligeramente más que en el mismo tramo de 2024, evidenciando un incremento anual de aproximadamente 2 %, con unos 351 casos por arma de fuego.
Hasta finales de julio, la cifra ya superó los 500 homicidios, con un promedio de 2.4 por día, y proyecciones que podrían llevar el total anual hasta 900 asesinatos.
Del total de muertes violentas del año, al menos el 74 % están vinculadas con ajustes de cuentas entre bandas criminales, y el 79 % se cometieron con armas de fuego.
La provincia de San José acumula 146 homicidios en los primeros seis meses de 2025, seguida por Limón (89) y Puntarenas (58).
Estas cifras revelan una violencia persistente, el país sigue enfrentando un problema de seguridad estructural que exige respuestas urgentes.
Un vacío de poder político
Este veto, lejos de contener la violencia, vino acompañado de silencio institucional: ni reformas técnicas, ni explicación pública, ni convocatoria a diálogo ciudadano ni seguimiento legislativo. Así, el Ejecutivo abdica de su responsabilidad política, dejando a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía sin alternativas claras.
¿Qué pudo haber hecho el presidente?
Desde Casa Presidencial se puedo proponer diversas iniciativas para continuar con el proceso del veto, entre ellas: modificaciones concretas al proyecto vetado, contemplando reducción de plazos procesales, garantías constitucionales y excepciones limitadas.
Promover espacios de deliberación pública, con participación de ONG, víctimas y expertos en seguridad.
Rendir cuentas públicas claras, mostrando la fundamentación del veto y demostrando que hubo deliberación activa.
Nada de esto ocurrió.
¿Qué revela esta omisión?
La lógica del veto como escape, si fue por defender derechos fundamentales, el camino habría sido reformar, no ignorar.
La presión creciente sobre las instituciones democráticas, especialmente con escándalos como el arresto del exministro Celso Gamboa, quien enfrenta cargos por narcotráfico internacional y ha aumentado la polarización política.
El veto presidencial presentado el 14 de mayo de 2025 debería haber sido el punto de partida de una ruta activa hacia soluciones, reformas, debates y responsabilidad política.
Lo que ocurrió en su lugar fue silencio, inercia e impunidad. En un contexto donde la violencia armada supera 500 víctimas antes de julio y las proyecciones alertan sobre un cierre de este año con cerca de 900 homicidios, la falta de respuesta política no es un error administrativo, sino un fracaso ético.
La ciudadanía merece más, exige explicaciones, pide reformas y demanda hechos concretos. El silencio durante 79 días no solo deja una deuda con la sociedad costarricense, sino que alimenta un ciclo de violencia sostenido.
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