La auditoría detectó equipos perdidos, registros inconsistentes y una estructura ocupacional desactualizada que afecta la operación marítima.
La Contraloría General de la República (CGR) señaló fallas significativas en la gestión del equipamiento policial del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), tras una auditoría especial que revisó los procesos de planificación, administración y control de los equipos utilizados en las labores de vigilancia, combate al narcotráfico y protección marítima, entre el 1.º de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025.
Según la CGR, el Servicio Nacional de Guardacostas incumplió aspectos relevantes del marco normativo y técnico aplicable. El órgano contralor documentó una planificación fragmentada que no incorporó las necesidades operativas de todas las estaciones y que se concentró únicamente en embarcaciones y vehículos. La institución no incluyó en el análisis equipos como radios, dispositivos de protección o tecnologías de vigilancia, pese a que constituyen recursos esenciales para las operaciones en el mar.
Además, la Contraloría informó que la estructura ocupacional de Guardacostas permanece desactualizada y con vacíos de responsabilidades, lo que ha derivado en la ejecución de funciones críticas por parte de personal sin el puesto formal requerido. El manual de clases tiene más de dos décadas sin revisión y no contempla cargos específicos para la gestión de armamento o la supervisión de equipos. Según el informe, esta situación generó reclamos laborales que suman ₡83,2 millones desde 2020.
La auditoría también identificó inconsistencias en la administración del inventario. Durante las visitas de campo, los auditores no localizaron ₡50,5 millones en equipamiento policial —96 equipos registrados—, mientras que 220 equipos adicionales no aparecen en el SIBINET, el sistema oficial de control patrimonial del Ministerio de Hacienda. Entre ellos figuran radios, uniformes, equipos de protección personal y tecnologías de vigilancia. Asimismo, 92 equipos donados por la Embajada de Estados Unidos al Grupo de Operaciones Especiales tampoco contaban con registro oficial.
En una de las inspecciones, el equipo auditor documentó radios del Centro de Operaciones que permanecen en bodega desde el traslado de esa unidad a Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría, ya que el nuevo espacio no posee capacidad para instalarlos. En ese mismo centro no existe una bodega para resguardar el equipamiento asignado, lo que debilita el control y la supervisión. Fotografías incluidas en el informe muestran uniformes embalados en bolsas destinadas al desecho en bodegas institucionales.
De los 112 funcionarios que respondieron un cuestionario aplicado como parte de la auditoría, el 66% indicó que ha enfrentado dificultades en su trabajo por falta de equipamiento y el 64% dijo no sentirse seguro al realizar sus labores con el equipo asignado. La Contraloría añadió que la oferta de capacitación disminuyó un 90% entre 2021 y 2025 y que el 83% del personal no recibió cursos recientes sobre manejo, custodia o mantenimiento de activos.
Las deficiencias identificadas también alcanzan las embarcaciones comisadas. El informe señala que 96 de ellas continúan almacenadas en patios de distintas estaciones, aunque la Administración indicó que se encuentran listas para destrucción. La Contraloría advirtió que esta acumulación genera riesgos patrimoniales, costos de custodia y deterioro ambiental.
Como parte de las disposiciones obligatorias, la CGR ordenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, actualizar el manual de clases del Servicio Nacional de Guardacostas, definir una estrategia integral de planificación del equipamiento y asegurar la coordinación entre los instrumentos de planificación institucional. También instruyó al director general de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado Quesada, implementar mecanismos estandarizados para identificar necesidades, reconocer la demanda futura y priorizar la asignación de recursos. Los primeros informes de avance deberán remitirse entre enero y mayo de 2026.
Asimismo, el jefe administrativo del SNG, Óscar Gómez Benavidez, deberá establecer un mecanismo para actualizar los registros del equipamiento policial en SIBINET y en la base de datos interna del armamento, validar esa información con inventarios físicos y garantizar la comunicación entre unidades. La institución deberá corregir de inmediato las inconsistencias detectadas en el inventario, localizar los equipos no encontrados y aplicar los lineamientos para el control de bienes donados.
La Contraloría reiteró que todas las disposiciones son de acatamiento obligatorio, según los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y la ley orgánica de la institución, y que en caso de incumplimiento, procederá a determinar las responsabilidades correspondientes.
