Informe de la UNA señala que problemas políticos sociales y económicos, generan falta de claridad sobre el rumbo del país.

Este 5 de octubre se presentó un nuevo informe del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional (UNA). El documento, a cargo de Carlos Carranza, Claudia Palma y Laura Brenes, señaló que "la conjunción de una serie de problemas políticos, sociales y económicos genera falta de claridad sobre el rumbo del país, lo cual afecta directamente la calidad de vida de las y los costarricenses".

Uno de los aspecto destacados fue el señalamiento de que el país carece de una política social establecida. Lo anterior, explicaron que es producto de los aumentos de los índices de violencia en el país y el alto grado de desigualdad que afecta principalmente a los grupos de población de más bajos recursos económicos.

En la conferencia donde se presentó el informe, Carranza señaló:

Lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y el capital educativo, que en este país está en detrimento”.

Muestra de ello, es que en la agenda que convocó el Poder Ejecutivo el pasado 2 de octubre del Consejo de Seguridad, ninguno de los puntos se refiere a condiciones de reforma estructural en términos de equidad, educación y trabajo, sino a proyectos de ley vinculados a la contención del crimen, ampliaron.

El documento hace referencia a que Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, indicó que el fenómeno de inseguridad y violencia social es el resultado de aspectos que se interrelacionan como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Resaltaron que, uno de los argumentos que han dado las autoridades ante la ola de homicidios es que esto responde principalmente a ajustes de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos.

Advirtieron que si bien los datos del Poder Judicial son justos sobre la caracterización de los homicidios, "no se puede perder la perspectiva en lo que podría provocar el mantener, o justificar, un discurso de la violencia centrada en el fenómeno del narcotráfico". Enlistaron características de la peligrosidad de esto:

  1. Se da una naturalización de dicho tipo de violencia centrada en el tráfico. Es decir, si se asesinan los narcotraficantes entres sí, “no importa”.
  2.  Da una falsa idea se seguridad para quienes no están en dicha dinámica, y se aísla al resto de la sociedad de la participación de espacios seguros para toda la población.
  3.  Se invisibiliza el impacto de la violencia generalizada en términos emocionales sobre todas las personas del territorio, lo que incluye la deshumanización de las víctimas.
  4. Se le da luz verde a los grupos de narcotraficantes y aliados a legitimar el asesinato a sangre fría como su forma de acción, además de que se legitima el ajuste de cuenta y la pelea por el territorio.

Al respecto el ejemplificaron que el presidente Rodrigo Chaves Rodrigo a inicios de setiembre, al ser preguntado por la situación de violencia, respondió con una explicación centrada en localidades y tipo de disputas, argumentando que “hay que esperar que haya más”.

La relación del Gobierno con otros poderes de la República, como el Poder Judicial, también fue parte de los resultados del estudio, donde se identificaron relaciones complejas que pueden afectar la propuesta de soluciones a graves problemas sociales, como el tema de la violencia.

Destacaron complejidad en las relaciones se puede ver acentuada además en la necesaria discusión que debe liderar el Poder Ejecutivo con otras fuerzas políticas para la búsqueda de alternativas a los desafíos fiscales del Estado costarricense, para atraer nuevos recursos a las arcas estatales que permitan una mayor estabilidad en las finanzas públicas

Alternativas en educación

En el ámbito educativo, Carranza manifestó que el país requiere otras alternativas educativas para que pueda salir del bache en que se encuentra y que ha sido alertado, entre otros estudios, por el Informe Estado de la Educación.

Las discusiones públicas sobre el presupuesto que se le debe asignar a la educación pública, la falta de equipamiento para un proceso de enseñanza adecuado y el desfase que existe en el aprendizaje de nuevos idiomas, representan retos que deben ser abordados de manera integral por parte de las autoridades educativas.

Detallaron que en el segundo semestre del 2023 se ha visto una diferencia con relación al manejo de un segundo idioma, en este caso el inglés.

La diferencia entre la educación privada y la estatal es muy marcada, se recopilan diferentes datos estadísticos que reflejan las deficiencias por solucionar con relación al manejo de idiomas y la preparación que ofrecen los colegios estatales".

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP) solo un 35% de los estudiantes de los colegios estatales logran dominar las bandas C1, B2 y B1, que corresponden a un nivel intermedio de inglés. Mientras un 65%  tienen un dominio básico.

En  colegios privados, se hizo una evaluación de 4.000 estudiantes, donde en 2022 se mostró que un 27% tiene dominio alto, y un 62%  con manejo intermedio.