El oficial Jeiner Gómez Guzmán fue asesinado ayer mientras realizaba un operativo en la zona de Tirrases, en Curridabat.
Jerarcas de los diferentes poderes de la República reaccionaron este jueves tras el asesinato del oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jeiner Gómez Guzmán, quien perdió la vida ayer mientras realizaba un operativo en la zona de Tirrases, en Curridabat.
Gómez, quien desde hace 3 años laboraba como oficial de la oficina de Interpol del OIJ y que tenía 9 años de ser parte del organismo, fue atacado mientras se encontraba con un compañero, un oficial de apellidos Bustos Castro y de 47 años, quien también resultó herido de gravedad pero que sobrevivió al ataque tras ser llevado de emergencia al Hospital Calderón Guardia, donde fue operado.
El más reciente parte médico de este segundo oficial reporta que "salió de la operación con éxito hoy a las 8 de la mañana" y que "se encuentra bien, estable y en recuperación".
Según indicó el director del OIJ, Randall Zúñiga López, por este caso ya hay dos personas detenidas: un menor de edad de 17 años quien es el sospechoso de haber disparado a los oficiales, y un joven de 21 años y de apellido Chavarría Cascante, quien se presume, es quien manejaba la moto:
Estábamos realizando un operativo aquí en Tirrases de Curridabat, junto con otro compañero más y unas unidades policiales que estaban realizando una diligencia especial en esta zona en horas de la noche, cuando una motocicleta llega e impacta directamente contra al vehículo que se encontraba aparcado (...) La Fuerza Pública casi que de inmediato que se dio el tiroteo, llega al sitio y logra detener a dos personas que figuran como sospechosos de haber cometido este delito. Se trata de un menor de edad que, presuntamente, fue el que disparó y que tiene 17 años de edad y el que maneja la moto es otro sujeto de 21 años de edad. Aparte de esto se está deteniendo a otro sujeto más que podría estar involucrado en este hecho criminal".
Además de estas detenciones, las autoridades allanaron la casa de Chavarría Cascante y en ella se decomisó dinero en efectivo, municiones para armas de fuego de calibre de nueve milímetros y de grueso calibre y dosis de cocaína y marihuana.
A su vez, y en el lugar de los hechos, las autoridades judiciales decomisaron indicios balísticos que fueron trasladados a Ciencias Forenses para ser analizados.
Según Zúñiga:
Para nosotros como OIJ es una pérdida sensible, irreparable y estamos con un gran dolor, una gran tristeza y una gran entereza en las determinaciones de lo que queremos hacer por este país. Yo quisiera hacer un llamado a las señoras y señores diputados para decirles que hay que hacer un cambio ¡ya! No es posible que por 30 monedas de plata, este país se esté entregando a los grupos criminales. Nosotros requerimos que haya un cambio dentro de las autoridades que tienen el poder de decisión porque si no toman las decisiones ellos, los delincuentes ya lo están haciendo. Esta es una lucha asimétrica: ahorita nosotros no tenemos la misma capacidad de juego y de recursos que tienen los grupos criminales. Tenemos muchas trabas: esto es como correr una maratón donde nosotros, OIJ, tenemos 40 kilos de más con los que tenemos que correr esa carrera. El Estado costarricense tiene que entender sí o sí que es necesaria la inversión en seguridad".
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, envió el pésame de la institución a la familia de la persona víctima y expresó su "preocupación por la situación de inseguridad que vivimos en nuestras calles, en nuestros hogares":
Los tres Poderes de la República estamos obligados, hoy más que nunca, a articular esfuerzos, aumentar las coordinaciones y establecer prioridades en el marco que constitucionalmente nos compete. Preservar el Estado Social de Derecho es una misión que hoy parece una tarea difícil pero no debemos perder esa visión, que es el único camino para conservar y fortalecer la paz. El camino de la democracia que las y los costarricense escogimos desde hace 202 años es la ruta correcta de una nación independiente".
Por último en el Poder Judicial, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez señaló, anoche en declaraciones a la prensa, que es hora de tomar acciones reales para frenar la ola de delincuencia que afecta al país y que ya tiene al 2023 como el año con más homicidios de la historia nacional.
Según Díaz, el encuentro del pasado martes de los tres poderes de la República en Casa Presidencial "fue una reunión de puras intenciones" donde "no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública", por lo que aseguró que con solo "buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia":
Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia. Tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas, inversión en seguridad. Ya ustedes han visto que hay homicidios que se cometen con vehículos y no logramos la detención de esos vehículos en zonas que están congestionadas ¿Qué significa eso? Que no hay presencia policial. Tenemos que invertir en seguridad sino esto va a seguir y va a proliferar”.
Comisión de Seguridad se "solidariza" con el OIJ
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para "solidarizarse" con el Organismo de Investigación Judicial por el crimen de anoche e insistirle a Presidencia que declare emergencia nacional por el tema de la inseguridad en el país.
Según señaló la diputada liberacionista, Alejandra Larios Trejos, "se requieren acciones ya y no estamos viendo acciones de quienes corresponde". A su vez, agregó que "con cinco proyectos de ley no se arregla el problema de inseguridad del país", refiriéndose a los cinco proyectos de ley que, en materia de seguridad, está impulsando el Poder Ejecutivo.
Por su parte, Gilberto Campos Cruz, del Partido Liberal Progresista, sostuvo que "es absolutamente insuficiente lo que estamos haciendo" en materia de seguridad:
Tenemos que dejarnos ya del nadadito de perro con el que Costa Rica está acostumbrado a asumir las cosas de seguridad, hay cosas urgentes y la seguridad es en este momento la más urgente. La Asamblea Legislativa tiene en su mano la posibilidad de tomar las decisiones que desgraciadamente no se han tomado en más de un año. Es el momento propicio para demostrar que Costa Rica sí quiere invertir en seguridad, cerrarle la puerta al narcotráfico, que quiere policías profesionales. Quién me diga que con las estrategias que se han venido haciendo se han logrado cosas contundentes, perdón pero no. Los asesinatos siguen creciendo, sigue pasando droga, siguen las bandas creciendo y es absolutamente insuficiente lo que estamos haciendo".
Finalmente, la diputada frenteamplista, Priscilla Vindas Salazar, señaló que "aquí a quien le toca ejecutar la política es al Ejecutivo que, con todo respeto, nos ha quedado debiendo":
Este Poder Legislativo y esta comisión han estado a pie de cañón cuando nos piden que estemos ahí, hemos dejado diferencias partidarias pero nos quedan debiendo las acciones. Espero que el Ejecutivo tome nota de lo que han dicho sus propios diputados y ejecuten las acciones que hacen falta".
En reunión de jefaturas de fracción las cabezas de las bancadas legislativas acordaron someter a votación de primer debate este mismo jueves, el expediente 22.651 que reforma el proceso de levantamiento de cadáveres, el 22.588 que amplía la potestad de las instituciones de emplear vehículos oficiales sin rotulación para llevar a cabo tareas de investigación, el 23.372 que exonera al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado y el 22.590 que establece una prohibición y sanciones por el uso de dispositivos que interfieran las radiofrecuencias.
Asimismo, las jefaturas acordaron ver en una mesa de trabajo este lunes el expediente 23.519 para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado durante el goce del beneficio, el 23.737 que pretende establecer que el beneficio de libertad condicional a personas condenadas por delitos contra la vida, la propiedad privada, las personas, la seguridad sexual y la salud solo podrá otorgarse cuando se hayan cumplido dos terceras partes de la pena impuesta y el expediente 21.643 para crear el Centro de Capacitación del OIJ.
Finalmente, y tras la reunión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, señaló que:
Todos debemos unirnos en aprobar de forma urgente las iniciativas de ley que la comisión de autoridades encargadas de la seguridad ciudadana defina como prioritarias. Reitero la necesidad de continuar con una estrecha coordinación entre todos los Poderes de la República para garantizar un ambiente seguro y pacífico para todos los habitantes. Como nación, debemos realizar todos los esfuerzos necesarios para ponerle fin a la violencia y recuperar la paz".
Sectores piden atender con urgencia el tema de la inseguridad
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, pidió también este jueves a Presidencia que, "de manera inmediata gire los recursos financieros y humanos necesarios, para que las autoridades policiales y judiciales cuenten con las condiciones que les permita actuar ante la situación de criminalidad en el país, incluyendo el compromiso del Ministerio de Hacienda de facilitar el proceso":
Señor Presidente, en nombre de las y los habitantes en Costa Rica, que diariamente se ven afectados por este flagelo que nos afecta a todos y todas, le exhorto a tomar todas las medidas necesarias para defender el estilo de vida que caracteriza al pueblo costarricense. La situación que se vive en el país requiere de acciones prontas y efectivas por parte de las autoridades correspondientes para mejorar la seguridad de todos y todas”.
Finalmente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) señaló que la seguridad ciudadana es uno de los pilares de la sociedad tica y señaló que:
Debe dotarse de herramientas al sistema judicial y penitenciario para mejorar su labor, en aras de que logremos recuperar la paz como ciudadanía. La Asamblea Legislativa debe avanzar en asegurar recursos jurídicos a los cuerpos policiales para atender la apremiante situación que atraviesa el país y también se deben asegurar los recursos y destinos específicos aprobados en leyes especiales para que lleguen íntegros a los cuerpos policiales para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado. La seguridad es responsabilidad de todos, por eso no es momento de culparnos unos a otros porque somos una inmensa mayoría de costarricenses quienes deseamos que el país extirpe esta enfermedad de la inseguridad y el narcotráfico".
Finalmente, y pasado el medio día, Presidencia emitió su descargo con condolencias a la familia de la víctima y al OIJ:
El lunes anterior se aprobó en la Asamblea Legislativa, el primer debate de un proyecto de ley que busca exonerar al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este proyecto, si bien no es bien recibido por la Presidencia de la República, es una de las propuestas que las autoridades judiciales están impulsando para fortalecer su capacidad de acción.
