Presidente del Poder Judicial puntualizó en cinco proyectos que impulsarán.

Los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, del Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves Robles, y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, sostuvieron una reunión este jueves 16 de marzo para conversar sobre soluciones ante la crisis en seguridad que vive el país.

En la reunión, llevada a cabo en el edificio de la Corte, el magistrado presidente destacó al menos cinco proyectos de ley que el Poder Judicial sugiere impulsar en la Asamblea Legislativa. Entre ellos destacó expedientes que buscan dar trato prioritario a víctimas y testigos de delitos, mayor control de antecedentes de personas condenadas, y la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional.

También hicieron énfasis en una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que se tramita bajo el expediente legislativo 23.090), cuyo fin es fortalecer y mejorar la regulación de procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada.

Estas acciones forman parte de una propuesta más extensa e integral fruto de un proceso reflexión-acción de todo el Poder Judicial, que aborda la perjudicial problemática de la inseguridad y que procura, desde nuestros conocimientos, contribuir a devolver a las familias y actividades económicas las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y desarrollo de sus potencialidades", dijo Aguirre Gómez. 

En detalle, desde el Poder Judicial citaron los siguientes temas e iniciativas:

Para el control de sentenciados, esperan reformar al artículo 11 de la Ley N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales. Actualmente no se ha presentado ningún proyecto para dicho fin, pero puntualizaron en que esto generará un mayor control de las personas en conflicto con la ley, y facilitará las acciones para prevenir la reincidencia.

Para el trato prioritario a víctimas y testigos enfatizaron en cambios al texto al proyecto de ley 22.836 que busca la Reforma al Código Procesal Penal, Ley N.º 7594. Subrayaron que en los casos donde se haya ordenado la protección de víctimas o testigos, se dará prioridad al señalamiento de audiencias, juicios y cualquier otra diligencia.

De esta manera auguran que se disminuirán los plazos de los procesos, se mitigará la revictimización. También confían en que esto sirva para que las personas no duden al momento de acusar o servir como testigos en un proceso penal.

En lo que respecta a la intervención telefónica para casos de femicidios y soborno transnacional, darán seguimiento al proyecto de ley 23.347 con modificaciones para reformar los artículos 9 y 12 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley N° 7425.

Desde el Poder Judicial esperan ampliar los delitos en los que los tribunales pueden autorizar intervenciones y comunicaciones orales y escrito, con el fin de facilitar la investigación y atacar la impunidad. “Con la posibilidad de ordenar las intervenciones es más sencillo dar con los responsables de los delitos”, indicaron.

Sobre el anticipo de pruebas visualizan cambios en el texto del expediente 22.836 para la Reforma al Código Procesal Penal, Ley N.º 7594. Este establece plazos para la resolución de las solicitudes de anticipo jurisdiccional de la prueba y se determina que lo resuelto por el juez carece de apelación.

Por último,  impulsarán la iniciativa 22.651 que pretende el fomentar la eficiencia en el levantamiento de cadáveres sin generar presas. Buscarán que en los accidentes en carretera que provoquen una muerte, cuando se trate de delitos culposos, la policía judicial pueda levantar el cuerpo sin necesidad de la presencia de un juez. Con esto pretenden evitar hechos delictivos como los incidentes por “quiebra vidrios”. Además, señalaron que los jueces podrían, en lugar de atender esos casos, usar el tiempo en procesos más complejos.

Para seguir con la búsqueda de respuestas contra la violencia que azota al país, el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, convocó a los jerarcas de la Corte Suprema y de los cuerpos policiales a una reunión para consensuar acciones sobre esa temática el próximo 20 de marzo.

Además, Rodrigo Chaves Robles dijo que en abril desde el Ejecutivo presentarán al Congreso "las reformas de ley urgentes" en temas como portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva, beneficios carcelarios, e intervenciones telefónicas.

En 72 días del 2023, Costa Rica registra 164 homicidios. Es, decir, 2.27 homicidios al día, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A la fecha, las cifras actuales superan por 27 asesinatos a la cantidad registrada en el mismo lapso durante el 2022, año que cerró con el número más alto de homicidios en la historia del país con 656.