Defensores de los pueblos originarios indicaron que Chaves emitió un discurso discriminatorio y racista.

El día de ayer el presidente Rodrigo Chaves Robles, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno del 15 de febrero, respondió una consulta sobre el compromiso de su administración con los pueblos originarios, en la cual calificó de "grupo minoritario" a las personas recuperadoras de territorios indígenas. Adicionalmente, indicó que actuaban "incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de la población de Costa Rica, para hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado y provocando incendios".

Yo no sé si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa, se va a un tribunal y se va a dormir el sueño de los justos. Entonces, ¿lo hacen porque lo quieren recuperar o porque quieren atrasar?". 

Recuperaciones de hecho

Para Gustavo Oreamuno, defensor de derechos humanos de la Coordinadora de lucha Sur Sur, y Lesner Figueroa, vocero Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) del Clan Tuadiwak, las palabras de Chaves Robles no son de recibo. En declaraciones dadas a Delfino.cr, ambos coincidieron en que el discurso es discriminatorio y racista. 

Oreamuno explicó que, al decir que las acciones de recuperaciones son incitadas por extranjeros, se repite el discurso de que las personas indígenas no piensan por sí mismas, de que no luchan por sus objetivos, de que no tienen la capacidad de organizarse y de luchar por sus derechos y por una vida digna para sus pueblos, sino que son manipulados.

Además, pidió al presidente que, si se atreve a hacer afirmaciones de ese tipo, que diga cuáles son esos grupos y que los remita a las autoridades pertinentes para que actúen de acuerdo a la ley.

Es un discurso neocolonial, discriminatorio y racista porque hace pensar que son grupos de colectividades organizaciones y pueblos que no tienen la capacidad de actuar bajo su propia voluntad y raciocinio", sintetizó. 

El jerarca del Poder Ejecutivo dijo que "ya ha habido dos muertes lamentablemente", con referencia a los homicidios de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera Rivera. Figueroa indicó que lo correcto es decir que han habido dos asesinatos por defender la tierra.

Aquel derecho legítimo que tenemos, y que es culpa de la inacción y la inoperancia del Estado. No es de extrañar esta forma de ser tratados si el Estado costarricense por medio de sus poderes ha sido el mayor agresor hacia los pueblos originarios, en esta ocasión por quien dirige el Poder Ejecutivo". 

Los dos defensores de los derechos indígenas señalaron a Chaves Robles y al ministro de Justicio y Paz, Gerald Campos, por replicar el discurso en torno a lastomas forzosas que usan los ocupantes ilegales o usurpadores.

El integrante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur recordó que los procesos de recuperación de tierra son acciones amparadas al bloque de constitucionalidad ante la inacción del Estado. "Los pueblos originarios decidieron ejercer sus derechos y no son tomas forzosas", puntualizó. 

El ministro de Justicia y Paz, Jorge Torres, sostuvo las palabras de Chaves y dijo que si los recuperadores deciden actuar de manera "de hecho por la fuerza", ya el gobierno no podrá actuar. Foto: Casa Presidencial.

En Costa Rica un 6,7% del territorio nacional (3.344 km2) es ocupado por 24 territorios indígenas, aunque esta superficie figura solamente en sus decretos de creación y una gran parte está en manos de no indígenas.

Por ejemplo, el caso de China Kichá, ubicado en Pérez Zeledón y que fue reconocido como territorio indígena por el Estado en 1957 con cerca de 4230 hectáreas a través de un decreto. Posteriormente, en 1982, bajo el gobierno de Rodrigo Carazo ese decreto fue derogado al argumentar que la población cabécar de la zona se había dispersado y migrado a otros lugares. Esa situación llevó a las familias a verse obligadas a abandonar su territorio.

Años después, en el 2001, en la administración Rodríguez Echeverría, volvió a ser reconocido como territorio indígena. En esa ocasión solo con 1101 hectáreas, lo que significó una reducción de más de 63% de lo otorgado en 1957.

Posteriormente, tras no recibir acciones concretas del Estado costarricense por devolver las tierras y ser reprimidos por exigirlo, la población indígena en diferentes partes del país decidió recuperarlas por acciones de hecho y derecho en el 2011. Sergio Rojas fue uno de los que lideró esas acciones a partir de las cuales China Kichá activó con más intensidad los procesos de recuperación en 2019. Desde entonces han recuperado aproximadamente 600 hectáreas del territorio.

Las recuperaciones han sido el mayor acierto que hasta el día de hoy han hecho los pueblos originarios y que gracias a eso hemos disfrutado de tierras que antes estaban usurpadas, además de maltratadas por el ganado y la tala indiscriminada de árboles.  Por medio de las recuperaciones es como hemos podido sanear nuestra tierra a través de los años, algo que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial han hecho", dijo Figueroa. 

Para Oreamuno, el mandatario olvida de dónde ha venido la violencia, quiénes han cometido asesinatos y ocupan ilegalmente las tierras. "Se le olvida cuáles son las 24 personas líderes y liderezas indígenas amenazadas de muerte. Se le olvida quiénes han sufrido las tentativas de homicidio", criticó.

Asimismo, recordó que la desprotección de los pueblos indígenas en Costa Rica ha sido de amplio conocimiento internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares contra el estado de Costa Rica desde el 2015 para proteger la vida e integridad del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba, de las que gozaban tanto Sergio Rojas como Jehry Rivera. También añadió que han habido pronunciamientos de los relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la las Naciones Unidas en el 2011 y en el 2021, de la ONU Costa Rica y otros organismos, como la Cejil.

Entonces aquí la violencia está demostrado de qué parte viene. No son los y las recuperadoras los que han generado violencia, ellos están ejerciendo su derecho a la tierra. La violencia ha venido de grupos de terratenientes de ocupantes ilegales que han organizado turbas como pasó en Térraba cuando asesinaron a Jehry". 

Lea: Condenan a 22 años de cárcel al asesino del líder indígena Jehry Rivera. 

Poseedores de mala fe

La ley indígena establece que es poseedor de buena fe aquella persona que adquirió ese derecho de posesión antes de que entrara en vigencia dicha legislatura en 1977. Es poseedor de mala fe aquella persona que esté ocupando algún terreno en los territorios indígenas posterior a la entrada en vigencia de la ley. Si una persona demuestra que es poseedor de buena fe, tiene derecho a ser indemnizado por el Estado. Los poseedores de mala fe no tiene derecho a indemnización alguna y tienen que ser expulsados.

El presidente Rodrigo Chaves dijo que pronto hará una gira por la zona sur del país y que se sentará con las personas, sin especificar si adquirieron terrenos posterior a 1977, con dinero para compensar y llevarlos a otra localidad. La justificación del presidente es que esas personas tienen terrenos sellados por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y con el aval del Registro Nacional.

El presidente Rodrigo Chaves Robles emitió este mensaje en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 15 de febrero. Foto: Casa Presidencial

En octubre de 2022 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ratificó que el Estado costarricense no debe indemnizar a quienes adquirieron terrenos indígenas después de de la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.

Los magistrados declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con el artículo 3 de la Ley, el cual indica que:

"Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso". 

En ese momento, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, explicó que, según la jurisprudencia, en el caso de aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas, con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe.

Adicionalmente, en enero del presente años el Juzgado Civil, Trabajo y Familia (materia Agraria) falló a favor de las personas indígenas recuperadoras de los territorios de Kelpegö y Kono Jú, en China Kichá, en dos demandas ordinarias agrarias interpuestas por ocupantes ilegales.

En uno de esos juicios el ente jurisdiccional resolvió el caso en el cual la empresa Hacienda La China RYL S.A, dedicada a la cría y pastoreo de ganado, denunciaba a familias recuperadoras del Pueblo Cabécar por haber recuperado la finca que utilizaban para sus actividades comerciales en Kono Jú el pasado 25 de mayo de 2019.

Cuando las personas recuperadoras llegaron al sitio, el territorio se encontraba ocupada ilegalmente por una persona en representación de la empresa mencionada, quienes había adquirido el terreno en el 2006 por medio de compraventa.

El juzgado en la resolución N. 2023000006 (Exp. 19-000033-1555-AG-0) indicó que la finca está dentro del territorio indígena de China Kichá por lo que acogieron las defensas de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los demandados.

Se considera que Hacienda la China RYL S.A no tiene legitimación activa por que el ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de poder ostentar derecho de propiedad o de posesión sobre el territorio indígena mientras no tenga la condición de persona indígena cabécar de China Kichá”.

Añadieron que la empresa "no puede comportarse como dueño la actora ni puede el ordenamiento jurídico darle ese reconocimiento para reivindicar cuando el mismo bloque jurídico prohíbe posesión en esas tierras”.

Para el defensor de derechos humanos de la Coordinadora de lucha Sur Sur, el presidente denota un desconocimiento absoluto del tema, del marco legal e institucional, del bloque de legalidad que regula los derechos humanos de los pueblos indígenas y en este caso el derecho colectivo a la tierra territorio por parte de estos pueblos.

Un desconocimiento total de ese marco legal e institucional, de la historia del mismo y desde este desconocimiento trata de justificar las compras ilegales que se hicieron de estas tierras territorios demarcados legalmente desde mediados del siglo anterior y que según su ignorancia dice que al participar la conai y el registro en estas compraventas lo pone como una justificación de que estas personas son poseedores de buena fe", enfatizó Oreamuno.

Agregó que "aunque haya participado la Conai aunque haya participado el Registro Nacional aunque haya participado quien sea, no se justifican tales compras".

Mientras que el vocero de CODIAW, compartió que al mandatario nacional se le olvida que previo a que las personas no indígenas llegaran a invadir ya los indígenas vivían ahí, incluso antes de promulgarse la ley indígena.

El presidente dice que hubo gente no indígena que compró tierras con títulos, planos catastrados, etc lo cual lo ponemos en duda porque la mayoría de tierras que hoy están invadidas, fueron arrebatas con violencia física, social y psicológica por estos usurpadores. ¿Acaso a estos usurpadores es a los que quiere el presidente premiarlos pagándoles e indemnizándolos?". cuestionó Figueroa.

Mencionó que desde la organización que representa han investigado y encontrando relatos de terror de indígenas que simplemente eran desplazados de sus hogares, caso contrario podían ser asesinados.

¿Por qué el presidente de la república primero no se dedica a desalojar a todos aquellos que no tienen derecho? Que son muchos y es lo más práctico. Solo es de ir con la Fuerza Pública y desalojar, simple. En Salitre (Territorio Bribri) la gran mayoría de no indígenas para no decir todos, no tienen ningún derecho, menos un documento de posesión de tierras, muchos de ellos involucrados en agresiones (con causas judiciales) hacia el Pueblo Bribri". 

Lea: Juzgado falla a favor de indígenas en casos de recuperación de territorios en China Kichá.

¿Un plan?

Tras anunciar la visita a los territorios indígenas, Chaves Robles recordó que en agosto anterior declaró la mesa indígena de interés nacional y les enfatizó que es un tema que no se puede posponer más.

Yo voy a ir a negociar con ambas partes, la semana que sigue voy a estar en el sur. Llevamos un plan que ya no es hablada. Lleva dinero para compensar, estamos utilizando mil hectáreas para negociar con las personas no indígenas que tengan derechos de propiedad", reiteró el presidente. 

Al respecto, Oreamuno reflexionó que desde la creación de esa mesa interinstitucional han dicho lo mismo una y otra vez. No obstante, no han han comunicado hasta el momento aspectos como: ¿cuánta plata tienen? ¿de dónde va a salir esa plata? ¿cuándo lo van a hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿en qué plazo lo van a hacer?. "Nada de eso está en un documento público".

Mientras que Figueroa agregó:

El presidente dice que irá al sur a negociar con las partes, pero erradamente a aquellos que han luchado por años por defender la tierra no los ha vuelto a ver, ni siquiera los toma en cuenta más por contrario los llama minoritarios". 

En julio de 2022 la administración Chaves Robles decidió crear la figura de Comisionado de Inclusión Social en la que atendería poblaciones que "solicitan ayuda del gobierno" en temas como: Discapacidad, derechos indígenas, afrodescendientes, comunidad LGTBIQ+, entre otros.

Pese a la pregunta a Casa Presidencial sobre la hoja de ruta que llevará el gobierno, este medio de comunicación no recibió respuesta antes de publicar esta noticia.

De igual forma, se intentó conocer la posición del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), pero se referirán a la situación hasta el viernes 17 de octubre a las 10 a.m. en una conferencia de prensa.