Luego de 12 días en Costa Rica, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, expresó su preocupación por diferentes circunstancias que comprometen los derechos de las personas indígenas en el país.
Las preocupaciones van desde el incumplimiento reiterado de la Ley Indígena, que desde hace 40 años obliga al Estado a devolver las tierras pertenecientes a los ocho pueblos originarios de todo el país, hasta la falta de avances en los procesos judiciales de los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.
El experto de la ONU enfatizó en que durante su visita, recibió información preocupante sobre diversos ataques en contra de las personas defensoras de estos derechos humanos. Puntualizó en que líderes y lideresas indígenas, sufren intimidaciones y amenazas de muerte, incluso con armas de fuego, además de la quema de sus viviendas y cultivos.
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La mayoría de las veces, indicó, la causa subyacente de las agresiones es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de los territorios indígenas.
Hizo hincapié en los casos de los líderes Sergio Rojas y Jhery Rivera, quienes fueron asesinados en 2019 y 2020, respectivamente, pese a ser beneficiarios, ambos, de medidas cautelares de la CIDH.
Para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos es también indispensable avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de las amenazas contra los líderes y lideresas indígenas, así como de los asesinatos de los líderes indígenas antes mencionados. La impunidad favorece un clima de violencia e inseguridad para los pueblos indígenas", manifestó Calí.
Desde 1977
La ley indígena No. 6162 data del año 1977. En dicho documento el Estado declaró a los territorios indígenas como “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan”; sin embargo, en la práctica esa no es la realidad.
Calí Tzay indicó haber sido notificado de violaciones graves de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales.
Explicó que, según la información recibida, un número elevado de los territorios se encuentran en su mayor parte habitados por personas no indígena sin que se hayan acatado las recomendaciones dadas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en distintas ocasiones.
Quiero recordar que, para los pueblos indígenas, su tierra representa el lugar donde reproducen su identidad, su cultura y su sistema social. También esta presencia de no indígenas ha socavado el tejido social de los pueblos indígenas, creando divisiones y conflictos dentro del mismo pueblo".
Pese a que el país cuenta con un Plan de Recuperación de las Tierras Indígenas desde 2016, su ejecución no es promisoria y eso le preocupa al experto de origen guatemalteco. Múltiples factores influyen para que se sumen casi tres años de retraso en los resultados del mismo.
Resaltó que diferentes comunidades le informaron que, en 2011 y debido a la falta de voluntad política de las instituciones del Estado para la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indigenas, los territorios se vieron obligados a iniciar la recuperación de hecho de sus tierras. "Esto continúa debido a la inoperancia del plan de recuperación de tierras del Gobierno", criticó.
Me preocupa la información acerca de desalojos forzosos de familias indígenas de sus propias tierras y las subsecuentes amenazas y violencia, sin que se respeten sus derechos y sin que, en algunos casos, se consideren o investiguen adecuadamente los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras reconocidos en la ley indígena", dijo.
Además agregó:
Lo que se lleva uno en una visita como esta es de que hay dos realidades una realidad en la que hay una planificación bastante buena para iniciar el proceso de solución de conflictos y la realidad de donde se encuentran los conflictos".
El papel de las mujeres
“Por último, quiero destacar el papel fundamental y el extraordinario liderazgo de las mujeres indígenas”, añadió Cali Tzay.
Después de reunirme con varias líderesas y organizaciones de mujeres indígenas, me siento esperanzado por el futuro de Costa Rica dada la claridad de las propuestas aportadas que ayudarían a construir un verdadero estado pluricultural”.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, estuvo en Costa Rica desde el 6 de diciembre y hasta el 17 de diciembre de 2021. Imagen: Delfino.cr
Al Relator Especial, adicionalmente, se le consultó sobre el caso del alcalde de Matina, Walter Céspedes Salazar, quien durante una conversación con el gerente de la empresa MECO, Abel González Carballo, le hizo el siguiente ofrecimiento : “yo guaro no le tengo, pero ahí le tengo una indígena”.
Cali Tzay enfatizó en que la mejor prueba es la grabación que se tiene y espera que los aplicadores de justicia puedan llevar acabo una correcta investigación en este caso:
No podemos permitir que autoridades todavía en el siglo XXI vean a la mujer como una mercancía y como un objeto de intercambio de favores políticos".
Asimismo, indicó que las diferentes mujeres indígenas con las que conversó le explicaron que constantemente enfrentan múltiples discriminaciones por ser mujeres, por ser indígenas y, a menudo, por ser empobrecidas. "Incluso se están enfrentando limitaciones para acceder a la educación, al agua, a la electricidad y a una atención médica culturalmente adecuada".
Las mujeres piden que se reconozca su papel primordial en el cuidado de los bosques, trasmisión del conocimiento científico y la biodiversidad a través de fondos por esta actividad y la seguridad en la tenencia de su tierra".
Durante su visita, el experto de la ONU se reunió con 400 personas indígenas en San José y, en los territorios, con 70 representantes de organizaciones indígenas y con organizaciones de la sociedad civil. También se reunió con más de 20 autoridades institucionales del Estado, incluyendo representantes de alto nivel de la Presidencia de la República y varios ministerios, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial, incluyendo una reunión bilateral con el Fiscal General en funciones y su equipo.
