Este gobierno no es el creador del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (Plan-RTI); por tanto, tampoco es el pionero en la expropiación de tierras indígenas (como ha sido publicitado con tanta liviandad en diferentes medios de comunicación).
Breve historia
El Plan-RTI fue presentado el 25 de enero del año 2013 ante el gobierno de turno, por representantes de los 7 territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón. Incluso, la propuesta llevaba un esquema de procedimientos paulatinos de delimitación y saneamiento territorial con el siguiente orden de prioridades: (1) Salitre, (2) Yimba Cájc, (3) Kabaköl, (4) Térraba, (5) Boruca, (6) China Kichá, (7) Ujarrás. A finales de ese mismo año se unieron a la propuesta representantes de otros territorios.
A partir del 30 de abril del 2015 se acelera el Plan-RTI a lo interno del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), ante la solicitud de medidas cautelares de la CIDH para Térraba y Salitre. En febrero del 2016, el Inder, el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz convocan a todas las instituciones involucradas en el tema indígena para presentar el borrador del “Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas (Plan RTI)”. El 1 de marzo del 2016, entró en marcha el Plan-RTI. Desde el 2017, el Ministerio de Hacienda se comprometió a incorporar recursos en su presupuesto ordinario para garantizar el pago de expropiaciones en los territorios, según el cronograma del Plan-RTI.
El Plan-RTI trabajó arduamente en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. El 13 de marzo del año 2020, el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas de Costa Rica fue declarado de interés público mediante el Decreto Nº 42250-MAG-MP.
Al momento de esa declaratoria en el 2020, el Plan-RTI había implementado acciones de campo en 16 de los 24 territorios con los siguientes resultados:
- 2.511 documentos analizados (planos, avalúos y constantes inspecciones del Registro Nacional).
- 176 mojones ubicados en territorios.
- 5.014 censos.
- 1.206 levantamientos topográficos.
- 20.878 hectáreas medidas.
- 193 expedientes en confección.
Otros
Tan solo en el año 2013 se expropiaron 2.100 hectáreas a poseedores de Buena Fe, que en la actualidad poseen bosques en regeneración, áreas reforestadas, zonas agrícolas, viviendas, áreas de uso cultural, protección de aguas, sitios sagrados y otros. Después se hicieron expropiaciones menores, pero nadie salió “rajando” en televisión con esos puchillos de tierras.
Desde la creación de la Ley Indígena en 1977, tan solo en Boruca se han expropiado cerca de 1.500 hectáreas. Desconozco la cantidad a nivel nacional, pero son varios miles de hectáreas de tierras indígenas devueltas a sus legítimos propietarios por medio de expropiaciones a poseedores de Buena Fe. Desde 1977 en todos los gobiernos se han realizado expropiaciones, excepto en las administraciones PAC.
Agradecidos
Se agradece profundamente a este gobierno la expropiación de 455 hectáreas en 7 territorios diferentes; pero no es de recibo que engañen a los costarricenses diciendo que son los primeros en atender la situación.
Debemos ser agradecidos, pero no ciervos menguados por la mentira. Lo que está haciendo el gobierno actual es su obligación; así estipulado en diferentes leyes vigentes. Ganado en diversas luchas y con sangre indígena: nada es regalado.
El problema que nunca se soluciona
La estrategia de fondo del Plan-RTI es darle seguridad jurídica al Estado costarricense para proceder con los desalojos de poseedores ilegales en territorios indígenas. Porque ninguno de los gobiernos ha cumplido el mandato indicado en la Ley Indígena que “…de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”.
Este Gobierno ha hecho lo mismo que todos los anteriores: patear el tarro para adelante. Pero tras de eso, son pataditas, porque otros gobiernos lo han pateado más largo —con varios miles de hectáreas de más, expropiadas—.
Las personas no indígenas que son poseedores de Buena Fe en nuestros territorios no son el problema. Nunca lo han sido.
El gran problema son los poseedores ilegales de tierras indígenas. Y este Gobierno, al igual que los anteriores, lo camufla, lo encubre y lo tolera; con la salvedad de que esta Administración lo disfraza con grandes discursos repetitivos para adormecer al gran público.
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