Debido a la visita del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) recordó una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense, (administraciones anteriores y el gobierno Alvarado Quesada) contra los pueblos originarios.
El comunicado de la Coordinadora, que es un espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de pueblos originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, enfatizó en hechos como la impunidad reinante sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Adicionalmente, hicieron hincapié en que, en el 2020, 14 personas líderesas de pueblos originarios fueron amenazadas de muerte.
El gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los gobiernos anteriores. Su gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos".
Puntualizan en el hecho de que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años, a pesar de que inició en 2017.
El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores".
En el recuento enfatizan en que durante el 2020 y 2021 tuvieron cuatro resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Los fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial.
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Denunciaron que recientemente surgieron organizaciones racistas en el país que arremeten en contra de los pueblos originarios. Entre los grupos, señalaron a la Asociación Pluriétnica y Multicultural "que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra". El comunicado cierra:
Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad".