Cuando se discute el papel adecuado del estado en la sociedad, el minarquismo surge como el enfoque intermedio entre el anarquismo absoluto y el estatismo intervencionista. Parte de la suposición de que el estado es necesario, pero con el rol más mínimo, solo para garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Este enfoque, basado en el pensamiento liberal clásico, aboga por un gobierno más pequeño que se abstenga de involucrarse excesivamente en la actividad económica y en la vida de las personas, y que el mercado y las relaciones voluntarias impulsen la estructura principal del orden social.

En la narrativa de América Latina, especialmente en Costa Rica, un país con tradición democrática, pacifismo y énfasis en políticas sociales, el término minarquismo podría presagiar una reorganización del papel del Estado que podría abrir discusiones difíciles. Pero las ventajas pueden ser instructivas al señalar el potencial de modernización, eficiencia y sostenibilidad fiscal que podrían abordar los problemas estructurales del país.

La teoría detrás del estado minarquista

El minarquismo es un estado limitado a lo esencial, justificado por el principio de no agresión (como lo defienden figuras como Robert Nozick y otros libertarios). Por lo tanto, los límites del estado deben restringirse a:

  • Mantener los derechos civiles de los individuos con acceso a un sistema de justicia simplificado.
  • Seguridad interna y externa, defensa contra la agresión.
  • Hacer cumplir los contratos y las reglas básicas de convivencia.

Esto significa eliminar las funciones del Estado que se consideran paternalistas y/o intervencionistas — ya sean subsidios excesivos, controles de precios, empresas públicas improductivas, etc. — y hasta cierto punto incluso limpiar la burocracia para una presencia mínima viable. Bajo el modelo minarquista, los bienes y servicios (como la educación, la salud y la infraestructura) son proporcionados al colectivo por la elección voluntaria de la libre competencia o el sector privado y las asociaciones voluntarias.

Costa Rica y la situación actual

Costa Rica ha desarrollado un Estado Social de Derecho orientado hacia el desarrollo de los sistemas de educación y salud, y la democracia se ha consolidado con las últimas tres elecciones. Pero tiene algunos problemas estructurales serios:

  • Desequilibrio fiscal crónico, donde los gastos superan los ingresos.
  • Alta burocracia y múltiples instituciones que llevan a la duplicación de funciones.
  • Empresas estatales monopolísticas, algunas ineficientes y con precios no competitivos.
  • Creciente presión fiscal, que reduce la competitividad del país y carga desproporcionadamente a la clase media y al sector productivo.
  • Desigualdades en la calidad de los servicios públicos, especialmente (aunque no exclusivamente) fuera del Gran Área Metropolitana.

En este contexto, el minarquismo podría representar una forma de racionalizar y modernizar el estado, preservando el núcleo democrático de Costa Rica, aunque con un Estado más eficiente, sostenible y efectivo.

Las ventajas para Costa Rica de elegir un curso minarquista

Recortes en el gasto público y sostenibilidad fiscal: un Estado que solo desempeñara las funciones básicas en justicia, seguridad y protección de derechos prescindiría de instituciones redundantes y ya no sufriría la sobrecarga de empresas públicas deficitarias. Esto podría disminuir aún más el gasto corriente y se tendría un entorno favorable para la inversión.

Más competencia y mayor atracción de inversión extranjera: un marco regulatorio más fácil de entender y menos intrusivo generaría un entorno empresarial más atractivo, atrayendo capital extranjero y produciendo empleo e innovación tecnológica.

Asociaciones público-privadas en educación y salud: este enfoque busca complementar la dotación pública fuertemente estresada promoviendo la competencia privada y las asociaciones público-privadas. Esto podría elevar los estándares de servicio y aumentar la gama de opciones disponibles para los ciudadanos.

Simplificación y eficiencia institucional: hay más de unas pocas instituciones autónomas que se superponen en Costa Rica. La dispersión disminuiría en una sociedad minarquista y los procesos se mejorarían, se eliminaría la burocracia no relevante y estaría desprovista del peso muerto de instituciones ineficientes.

Cultura de libertad y responsabilidad ciudadana: un menor paternalismo estatal significaría que los ciudadanos están mejor posicionados para asumir la responsabilidad de su propio bienestar, tanto económica como social, fomentando el emprendimiento, la innovación y la organización comunitaria.

Disminución del clientelismo político: con un Estado disminuido, se reduce el margen para la manipulación electoral mediante ofertas de empleos públicos o subsidios inviables. Esto fortalecería una administración pública transparente y basada en el mérito.

Desafíos y consideraciones

Cualquier movimiento hacia el minarquismo debe proceder lenta y deliberadamente. Costa Rica tiene una cultura política en la que los ciudadanos están acostumbrados a ver al Estado como la fuente de bienestar social, por lo que un cambio repentino puede crear una intensa resistencia social:

  • Será necesaria una profunda reforma constitucional y legal para crear nuevas competencias para el Estado.
  • Se debe evitar que sectores invulnerables queden indefensos tras la disminución del estado.
  • Se necesitaría un amplio consenso político para evitar conflictos sociales y mantener la estabilidad durante la transición.

El Estado minarquista no es un espejismo o una utopía; es una propuesta para reconciliar el gobierno con la libertad individual sin restricciones. Para Costa Rica, implementar un Estado mínimo podría ser una opción para solucionar los problemas estructurales que enfrenta el país con respecto a su déficit fiscal, la regulación excesiva de los negocios y la ineficiencia de la mayoría de los servicios públicos.

Pero para que este camino sea posible, debe ir acompañado de una estrategia inteligente para movilizar el proceso de transición que proteja los logros sociales alcanzados y evite que el cambio genere un vacío de protección para los grupos más vulnerables. Se espera que un estado más pequeño (pero eficiente), comprometido con la defensa de los derechos humanos básicos, pueda poner al país en el camino hacia el desarrollo sostenible, la libertad económica y una mayor responsabilidad personal y social.

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