Julio

La pandemia se complica

Durante los primeros tres meses y medio de la pandemia las medidas tomadas por el Gobierno parecían contener exitosamente el aumento de casos; a mediados de junio, Naciones Unidas destacaba la labor de Costa Rica para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, los días finales de junio empezaron a trazar un panorama muy distinto. Del 24 al 30 de junio el país registró por primera vez más de 100 casos diarios; atrás quedaron los días en que los casos nuevos diarios no superaban las tres cifras y las muertes se anunciaban individualmente.

Además, el Bono Proteger había sido pensado para subsidiar un máximo de 4 meses, por lo que diversos sectores del país comenzaban a demandar la reapertura, a pesar del evidente aumento de casos.

Dato D+: Según los datos del Ministerio de Trabajo, al finalizar el año 696.520 personas se vieron beneficiadas con el Bono Proteger durante el 2020. La Contraloría señaló que, de los recursos utilizados, ₡19.524 millones parecen haber sido girados irregularmente.

En la Asamblea Legislativa, hubo un cambio en la marea: el ambiente de unidad y apoyo a las medidas comenzó a disiparse, y empezaron a aparecer las críticas al Gobierno y las medidas restrictivas. Quienes en un inicio pidieron que se limitara la libertad de tránsito por vía legislativa, ahora criticaban la restricción vehicular por “limitar las libertades”. Además, por el aumentó de casos la Asamblea acordó sesionar solo dos veces por semana, y se dieron una semana de vacaciones en medio de, lo que hasta entonces era, el peor momento de la crisis sanitaria.

El Gobierno implementó un cerco sanitario por nueve días a mediados de julio en el Gran Área Metropolitana, con la intención de recuperar la trazabilidad de los contactos de las personas infectadas. Sin embargo, fue una causa perdida, el país ya se encontraba inmerso en transmisión comunitaria...

Antes de que iniciara el cerco sanitario el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, le pidió a las municipalidades que aplicaran la “Ley seca” para reducir los contagios. Sin embargo, desde la Unión de Gobiernos Locales le recordaron a Soto que la normativa vigente no les permitía tomar ese tipo de decisiones.

A inicios de julio el país registraba un total de 3753 casos confirmados de COVID-19 y 16 muertes asociadas a la enfermedad... finalizando el mes esas cifras habían ascendido a un total de 17.820 y 150, respectivamente. Además, la acumulación de casos empezaba a mostrar su impacto en el sistema de Salud, en especial en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que para el 1 de agosto ya registraban 94 personas internadas en UCI.

Dato D+: La mayor cantidad de personas internadas en UCI se registró el 22 de septiembre, con 260 personas internadas. A mediados de diciembre ese número llegó a estar en 255 personas internadas en UCI .

En los cuatro meses antes de julio el país no había sumado más de 2500 casos nuevos confirmados por mes, después de julio, cada mes que pasó sumó más de 23.000 casos nuevos confirmados mensualmente (el mes con más casos a la fecha fue septiembre con 34.473 casos nuevos confirmados en 30 días).

El primer caso de COVID-19 en el país fue a inicios de marzo pero, en retrospectiva, fue en julio que la pandemia realmente comenzó a golpear de forma notable a Costa Rica.

Agosto

Defensora en el ojo del huracán

Catalina Crespo Sancho fue electa defensora de los Habitantes en diciembre del 2018. Durante su primer año de gestión se mantuvo alejada de los reflectores de la opinión pública, sin que de su gestión del 2019 se dijera mayor cosa (positiva o negativa).

Todo eso cambió en febrero, cuando al inicio del escándalo de la UPAD la defensora tomó un inusitado protagonismo, siendo la primera autoridad en presentarse a investigar a Casa Presidencial. Sin embargo por darle menor importancia al resguardo de la evidencia que a la forma en que iba a entrar por las puertas de Casa Presidencial, terminó involucrada en un escándalo porque  la grabación de la entrevista con el presidente Alvarado se perdió, sin que a la fecha se haya encontrado una explicación al respecto.

Además, a finales de julio un grupo de diputados denunció a Crespo ante el Tribunal Supremo de Elecciones por supuesta beligerancia política.

Esos hechos y el no haber informado oportunamente a la Asamblea Legislativa de la pérdida del audio, le valió a Crespo que diputados y diputadas de casi todos los partidos le pidieran su renuncia o destitución, tras presentar su informe anual de labores en el Plenario Legislativo.

Previo a ese momento el Consejo de directores de la Defensoría así cómo 64 de los 157 funcionarios de la Defensoría pidieron la renuncia de Crespo, a lo que la defensora respondió unas semanas después (haciendo uso de las facultades legales de su puesto) modificando la conformación y funciones del órgano que había pedido su renuncia. Como respuesta 82 funcionarios de la Defensoría pidieran al presidente de la Asamblea la destitución de Crespo por esa decisión que consideraban “arbitraría”.

Dato D+: El Consejo de directores de la Defensoría es el órgano encargado de analizar la participación y actuaciones de la Defensoría en los diversos ámbitos en que se desenvuelve.

Tras la presentación del informe, el comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia y representante especial para África, Enrique Joseph Jackson, le reclamó a Crespo omitir en su informe temas específicos a la población afrodescendiente, pero ese mismo día Crespo recibió el espaldarazo de Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos a su gestión.

Fue en agosto que el tema llegó a la Asamblea Legislativa donde se conformó una comisión especial para investigar si era o no necesaria la destitución de Crespo. La comisión (que sesionó de forma secreta y fue presidida por una de las principales defensoras de Crespo en el Congreso, María Inés Solís Quiros) acordó recomendar la continuidad de Crespo en el cargo, y en septiembre, tan solo dos meses y medio después de que desde varias fracciones se pidiera su salida, una mayoría de la Asamblea acordó mantener a Crespo como defensora.

Crespo, quien ha señalado públicamente que antes de su actual cargo no tenía experiencia ni interés en la política, demostró mucha mayor habilidad que muchos políticos más experimentados de la administración Alvarado, que durante el 2020 naufragaron —o del todo se ahogaron— en tormentas mediáticas y pugnas de poder más pequeñas de las que a ella le tocó enfrentar y de la cual salió fortalecida.

Crespo seguirá al frente de la Defensoría de los Habitantes hasta el 12 de diciembre del 2022, cuando podría aspirar por la reelección en el cargo, lo que será definido por la próxima Asamblea Legislativa.