La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, eliminó este lunes las funciones contraloras del Consejo de Directores y Directoras de la institución, apenas semanas después que dicho órgano le pidiera renunciar al cargo debido al mal manejo hecho en la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Mediante una reforma al Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes de la República hecha este mismo lunes y publicada horas después en el Diario Oficial La Gaceta, Crespo dispuso reformar los artículos 29 y 29 bis de dicha norma.

La reforma al artículo 29 dispone ahora que será ella quien decida cuáles funcionarios integrarán dicho órgano y que solo ante la vacancia del cargo de jerarquía de la institución, esta será dirigida por los directores de Defensa, Despacho, Admisibilidad, Asuntos Jurídicos, Instituto de Educación en Derechos Humanos, Oficinas Regionales, Planificación y Administrativo.

Además de previo a la reforma, el Consejo de Directores tenía las siguientes funciones:

  • Coordinar las labores de defensa, promoción y divulgación que realiza la Defensoría cíe los Habitantes.
  • Deliberar sobre el estudio de los asuntos sometidos a conocimiento de la Defensoría y elaborar recomendaciones al Defensor de los Habitantes y/o al Defensor Adjunto, de los Habitantes, para lo cual se podrán conformar las comisiones de trabajo que se estimen convenientes.
  • Determinar e informar al Defensor de los Habitantes y/o al Defensor Adjunto, las prioridades en las distintas temáticas que conozca la institución.
  • Intercambiar información sobre el trabajo que realizan las dependencias de la institución.
  • Analizar la participación y actuaciones de la Defensoría en los diversos ámbitos en que se desenvuelve y hacer las observaciones al Defensor de los Habitantes y/o al Defensor Adjunto que se consideren necesarias.
  • Analizar e informar al Defensor de los Habitantes y/o al Defensor Adjunto sobre aspectos relevantes en relación con el funcionamiento de la institución, políticas institucionales, criterios de defensa y mecanismos de soporte

Con la reforma, Crespo borró todas esas funciones y simplemente plasmó que el órgano será ahora "una instancia asesora del Despacho en la definición y aplicación de estrategias y políticas relevantes en la competencia de la Institución, así como en lo relativo a la administración de las tecnologías de información y comunicación, según él o la jerarca así lo requieran".

Inclusive, con la modificación reglamentaria borró la norma que señalaba que una secretaría técnica a cargo del despacho debía elaborar la agenda, convocar y tomar actas que una vez aprobadas debía publicar electrónicamente y en una pizarra de acceso general.

Crespo también borró la norma que señalaba que el Consejo de Directores debía sesionar ordinariamente al menos una vez por semana; y que en lo no previsto por ese reglamento, el funcionamiento del Consejo de Directores se regularía por las reglas que para los órganos colegios establece la Ley General de la Administración Pública.

El 26 de junio anterior el Consejo de Directores solicitó a Catalina Crespo su renuncia.

La petición la firmaban Jenny Phillips Aguilar, directora de Admisibilidad; Laura Fernández Díaz, directora de la Defensoría de la Mujer; Álvaro Antonio Paniagua Núñez, director de Igualdad y no Discriminación; Juan Manuel Cordero González, director de Calidad de Vida; Hazel Díaz Meléndez, directora de Gobernanza Pública;  Ana Karina Zeledón Lépiz, directora de Estudios Económicos y Desarrollo, Kathya Rodríguez Araica, directora de Niñez y Adolescencia; Wálter Meza Dall Anese, director de Oficinas Regionales, Jeannette Carrillo Madrigal, directora del Instituto de Educación de Derechos Humanos; Ronald Retana Pérez, director Administrativo, Geovanny Barboza Ramírez, director de Planificación y Desarrollo Institucional y Catalina Delgado Agüero, directora de Asuntos Jurídicos.

El único voto negativo fue de Eugenia Fernández Monge (directora de Despacho) mientras que la Tatiana Mora Rodríguez (Defensora Adjunta) se abstuvo.

En el oficio los directores de la Defensoría, ente auxiliar de la Asamblea, señalan: “por el bien de la institucionalidad democrática, de la Defensoría de los Habitantes en particular, por su credibilidad y solidez y por su mista motivación de venir al país a defender los Derechos Humanos de las y los habitantes, se insta, respetuosamente, a la señora defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, a que considere su renuncia al cargo”.

Los directores señalaron, en el breve comunicado, que tomaron la decisión “habiendo escuchado a las y los compañeros del equipo técnico investigador del caso UPAD; tomando en cuenta lo acontecido en la Asamblea Legislativa en su comparecencia tanto en la Comisión que analiza el tema UPAD, así como en el Plenario Legislativo en la defensa del Informe Anual, y tomando en cuenta la coyuntura que vive el país que afecta sensiblemente los derechos humanos de la población, a la que debemos dedicar íntegramente nuestros esfuerzos”.

Dos días antes, dicho órgano acusó ante la Asamblea Legislativa que Catalina Crespo les impedía cumplir con su trabajo y que actuaba con falta de transparencia en el caso de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En el oficio los directores de la Defensoría, ente auxiliar de la Asamblea, se da cuenta de que Crespo durante su gestión no ha reconocido ni validado al Consejo de Directores, que ha mantenido una convocatoria discontinua "y una agenda poco estratégica planteada por su Despacho, lo cual no solo incumple lo dispuesto por el reglamento, sino que, además, imposibilita el ejercicio de nuestras competencias en este órgano colegiado".

Los directores señalaron que el 25 de mayo anterior fueron informados por la Defensora sobre "uno de los incidentes ocurridos con la UPAD" únicamente para indicarles que en caso de ser abordados por la prensa, debían canalizar las solicitudes hacia su despacho.

Catalina Crespo está en la mira pública y política luego que como parte de la visita realizada a la Casa Presidencial para "investigar" la UPAD, el audio de la entrevista con el Presidente de la República fuera extraviado parcialmente.

En esta oportunidad no fue posible obtener información de su parte, que nos permitiera cumplir con la función asesora que nos corresponde

El Consejo de Directores afirmó que era su responsabilidad contar con información clara y de primera mano sobre el desarrollo del proceso de la investigación UPAD, y que por ello procedieron a convocar al órgano haciendo uso de las facultades que les otorga el artículo 29 bis del reglamento interno de la institución (ahora modificado), "dada la carencia de información provocada por la "falta de convocatoria oportuna" por parte de Crespo.

Sin embargo, en respuesta a esa primera convocatoria Crespo les recordó que ellos son subordinados de la Defensora y ante ello los directores afirmaron tener gran preocupación por tal señalamiento pues "no solo coarta el ejercicio de nuestros deberes, sino que reitera una seria amenaza a la transparencia que no solo debemos a lo externo, sino también a lo interno de la institución, siendo esto más allá de sus atribuciones discrecionales".

Ello lamentablemente en momentos en que la institución, injustamente, se ve expuesta a cuestionamientos que resquebrajan su credibilidad y afecta la confianza de la población, situación que ocurre cuando el país pasa por una de sus más grave crisis, por lo que consideramos que el silencio y la excusa nunca ha sido válida y, mucho menos, en estos tiempos. Señora Defensora, recordemos que la Defensoría pertenece a las y los habitantes y nos debemos a ellas. Esta preocupación no es solo de quienes suscribimos, sino que por nuestro medio recogemos el sentir de distintos equipos de trabajo de la Defensoría de los Habitantes.

Los directores le indicaron a Crespo que si bien ellos son funcionarios subordinados, son también responsables del sistema de control interno institucional para garantizar su efectivo funcionamiento, sin dejar de lado que la responsabilidad primaria corresponde a la jerarquía.

El oficio reiteraba que el Consejo de Directores y Directoras tenía el deber ineludible de procurarle a la jerarquía de la institución la mejor información de cara a la toma de las mejores decisiones, pero para ello requerían información o la convocatoria de algún funcionario para que expusiera ante el Consejo "una temática de indiscutible interés institucional, resulta una sana práctica y un deber de primer orden, de cara a contar con información confiable y veraz, proveniente de la misma fuente de donde se originó, la cual bien podría, a su vez, constituir insumos para una valoración de riesgos institucional".