Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa denunció este jueves a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, por presunta beligerencia política.
Los hechos en discusión se registraron en el marco de la pasada elección municipal y le valieron a Crespo una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Procuraduría de la Ética Pública.
La carta de la denuncia señala que:
Hemos recibido denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (oficio SIDEF-013-2020 del 23 de julio de 2020) en la que se expone la supuesta participación de la señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en actividades político-partidistas".
El documento se sustenta en publicaciones hechas redes sociales que dan cuenta de eventos partidarios en los que Crespo (aparentemente) participó, a pesar de que en el capítulo III, artículo 9, inciso 3 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, se le prohíbe expresamente a la persona que tenga el cargo de Defensor, "participar en actividades político-partidistas".
En la evidencia que sustenta la denuncia, se aprecia a la defensora participando en la pasada campaña municipal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Por ejemplo, en esta imagen, posando con la entonces candidata a regidora por la Unidad en Coronado, Roxana Nuñez:
Además, Crespo también habría participado en eventos proselitistas de la Unidad Social Cristiana, como consta en esta publicación que invitaba a uno en diciembre del año anterior:
La denuncia fue presentada por la diputada del PUSC, María Vita Monge Granados; por la liberacionista Franggi Nicolás Solano; por Floria Segreda Sagot de Restauración Nacional; por Carolina Hidalgo Herrera del PAC; por Otto Roberto Vargas Víquez, del Republicano Socialcristiano; por José María Villalta Florez-Estrada del Frente Amplio; y por los independientes Zoila Rosa Volio Pacheco y Erick Rodríguez Steller.
Según la Ley que rige a la Defensoría, la violación de la prohibición por parte de los servidores de la institución, "constituirá una falta grave del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa".
Esta denuncia complica aún más la situación de Crespo en la Defensoría, pues ya el mes pasado el Consejo de Directores y Directoras de la institución le había solicitado la renuncia y tras su informe de rendición de cuentas anual ante la Asamblea Legislativa, diputados de casi todos los partidos políticos hicieron lo propio, luego del escándalo que afrontó la institución a raíz de su manejo del caso UPAD.
