Por supuesto que Pedro no fue el único miembro de la población LGBTIQ+ que vivió en la Costa Rica de principios del siglo XX y por supuesto que Jazmín y Laura, o Jaz y Lalay como las conocen sus amigos cercanos, no son las únicas dos personas que han luchado por el matrimonio igualitario en Costa Rica.
Sin embargo, Pedro sí fue de los primeros en ser mencionado en la prensa de la época; y Jaz y Lalay son quizá, la única pareja del mismo sexo que tendrá que seguir luchando por su unión matrimonial, después de este martes 26 de mayo.
Por eso es que con este guanacasteco y con este par de vecinas de Escalante arrancamos y finalizamos este, el resumen de los 26 principales hitos de la historia de lucha que la población sexualmente diversa ha tenido que dar para que el día de mañana, Costa Rica deje de atrás el bombillo rojo y se convierta en la primer nación de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario.
Dato D+: Lea los detalles de la batalla legal en Años de batallas legales: así fue el largo camino hasta el matrimonio igualitario en Costa Rica.
Los 26 hitos del 26 de mayo:
1. Pedro en Guanacaste y Chavela Vargas en Heredia:
Una de las primeras menciones sobre población LGBTIQ+ que se registran en nuestro país data del año 1910, cuando el periódico La Información hacía mención de Pedro: una costarricense nacida en 1859 que, se reportó, desde que tenía 12 años vestía con ropa de mujer.
El medio señalaba que a pesar de su barba y bigotes, “en Guanacaste se le tiene por hembra”, pues cosía, bordaba y ejecutaba trabajos que se consideraban propios de mujeres.
Siete años después de aquella primera mención, en San Joaquín de Flores en Heredia, nacería María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, aquella mujer "volcánica" como la describe El País de España en un reportaje post mortem publicado en 2018, que huyó de la "claustrofóbica Costa Rica" de mediados de los años '30, para convertirse en el ícono que fue en vida, Chavela Vargas.
Según la nota del diario español, "en un mundo muy macho, muy misógino, donde una lesbiana no tenía lugar, Chavela tuvo que ser la más fuerte”, ejemplificando lo que era la vida de una mujer sexualmente diversa en la Costa Rica de inicios del siglo XX.
2. Despenalización de la homosexualidad en hombres adultos:
Según detalla el documento "Situación de los derechos de las personas LGBTI en Costa Rica", elaborado por las organizaciones HIVOS y el Frente por los Derechos Igualitarios, hasta la década de los 70 la homosexualidad entre personas adultas era considerada un delito en Costa Rica.
No fue sino hasta 1971 que se eliminaron los artículos que imponían "medidas de seguridad (...) cuando la prostitución, el homosexualismo, la toxicomanía o el alcoholismo son habituales y han determinado la conducta delictiva del reo".
Sin embargo, una vez eliminado este artículo, varias figuras estigmatizantes permanecieron en la legislación hasta entrada la década del 2000, como lo fue la figura de la “sodomía escandalosa” que no se eliminó del Código Penal hasta el año 2002; y hasta el 2013, cuando se eliminaron los últimos incisos que mencionaban al homosexualismo como enfermedad mental para alegar inimputabilidad.
El documento también agrega que si bien en país no existen terapias de conversión sexual que sean avaladas o ejecutadas por instituciones públicas, una investigación realizada por el FDI en el 2016, reveló que a un 31% de las personas que participaron en el estudio, su familia le motivó u obligó a ir a reuniones o terapias de “cura" en centros religiosos, de salud o psicología por motivo de su orientación sexual o identidad de género; y aunque señalaron que estas "terapias" eran más informales que otra cosa, en 2018 el diputado José María Villalta Flores Estrada, del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que busca prohibir las llamadas "terapias de conversión" y sancionar a quienes las recomienden o practiquen.
3. Movimiento para la Liberación Homosexual:
Según una publicación La Nación en 2016, en 1978 se organizó el Movimiento para la Liberación Homosexual, ligado a la Organización Socialista de los Trabajadores.
Esta fue una de las primeras organizaciones de personas sexualmente diversas que existieron en Costa Rica, marcando el inicio de la organización por los derechos igualitarios en el país.
4. Las redadas:
Un parte muy importante de la historia LGBTIQ+ la marcan las infames redadas a centros que se realizaban en centros de reunión de hombres gais y mujeres trans, en la Costa Rica de los 60, 70 y 80.
Las redadas eran comunes en el mundo; de hecho, fueron las que motivaron los famosos disturbios de Stonewall Inn, en junio del '69, y las que marcaron el inicio los desfiles del Pride o del Orgullo, que cada 28 de junio.
Según reportó La Nación en una publicación de junio de 2017, en las “redadas” costarricenses se ejecutaban detenciones masivas en puntos de encuentro y a las personas arrestadas se les condenaba a realizar un trabajo comunal, lo que acarreaba agresiones y humillaciones por parte de la comunidad vecina.
Incluso, las consecuencias llegaban hasta los despidos por parte de algunos empleadores de las personas que caían presas.
La práctica de las redadas se extendió durante décadas, hasta que a inicios de la década de los 90 que fueron prohibidas por la Sala Constitucional.
5. El bombillo rojo:
En esta misma línea de represión es que aparece el bombillo rojo.
Para evitar que la clientela de los bares fuese detenida en las redadas que acabamos de mencionar, durante las décadas de los 70 y 80, los bares y puntos de encuentro para población LGBTIQ+, encendían un bombillo rojo cuando llegaba la Policía.
Esta era la señal de alarma que indicaba que las parejas del mismo sexo debían cambiar a sus compañeros baile, para que cuando la policía ingresara, la pista estuviese llena de parejas conformadas por hombres y mujeres y no se arrestase a nadie por "conductas ajenas a la moral".
Sin embargo, la discriminación también abundaba en estos sitios de encuentro. En un reportaje de 2017, la activista Natasha Jiménez mencionaba al diario tibaseño que si bien los bares permitían el ingreso de hombres gais y mujeres lesbianas, a las personas trans “no nos dejaban entrar (...) Algunos bares tenían rótulos que decían ‘se prohíbe la entrada a travestis’”.
6. La Avispa:
Un reportaje publicado por Distintas Latitudes en 2017, menciona a algunos de los bares "de ambiente" más famosos de las décadas de los 70 y 80 en Costa Rica. Destacan el Coche Rojo, Julian’s, Afrodita, La Torre, y "por supuesto, 'La Avispa', un bar ícono de la lucha LGBTI en Costa Rica".
El año anterior, para conmemorar el 40 aniversario de La Avista, la Revista Dominical de La Nación publicó un reportaje con su fundadora, Ana Vega, en la que la dueña, activista símbolo de la lucha en el país (que de hecho fue Mariscal de la Marcha de la Diversidad en 2018) se refería a la historia del bar y a su importancia para la población:
Yo te voy a decir una cosa, lograr sobrellevar un negocio así y lidiar con una lucha de este tipo no se hace sola: eso no lo hace solo una persona. Yo he tenido el apoyo de mi familia, he tenido el apoyo de mis amigas, de mis amigos. En la época de redadas siempre me apoyaron. Un día te cargaban y al día siguiente estabas aquí, en La Avispa. Te cargaban, te encerraban, salías a las 7 a. m., te ibas a trabajar y en la noche estabas aquí. Nunca me abandonaron en esas épocas tan duras y en momentos difíciles míos emocionales. Siempre he tenido el apoyo de la gente”
La Avispa nació en mayo de 1979 en El Alto de Guadalupe y actualmente se encuentra ubicada en San José centro, en la calle 1, entre las avenidas 8 y 10.
7. Asociación de Lucha contra el Sida:
A la década de los 80 la marcó un hecho fundamental en la historia LGBTIQ+ de Costa Rica y el mundo: la aparición de la epidemia del VIH.
Esta nueva enfermedad desencadenó a un aumento de la ola represiva, del miedo y de la persecución en puntos de encuentro para la población, así como de la estigmatización a las personas enfermas.
La activista Natasha Jiménez se lo contaba a La Nación en 2017:
A las personas enfermas 'las tenían en el San Juan de Dios en un sótano, ningún médico ni auxiliar de enfermería los atendía'. Era caótico ese sótano, olía mal, estaba sucio, las personas estaban desatendidas”.
La inacción y la discriminación gubernamental fue la que obligó a las poblaciones más afectadas a organizarse y de ahí el surgimiento de Asociación de Lucha contra el Sida pues el miedo, el desamparo y la discriminación era tal, que se registra que a finales de los 80, el Ejecutivo pedía exámenes obligatorios de sida a todos sus funcionarios públicos.
Sería la Sala Constitucional (fundada en 1989) la que obligaría a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a brindar el tratamiento antirretroviral a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); y sería hasta 1998, que se promulgaría la primer Ley General del VIH en Costa Rica, definiendo políticas públicas que ayudaran a reducir los contagios en el país, y mejoraran la calidad de vida de las personas que viven con el virus.
Hoy si bien queda mucho por hacer, el camino recorrido ha llevado a logros importantes para garantizar los derechos de esta población: el año pasado entró a regir la ley 21.031 que reforma la Ley General sobre el VIH/SIDA que tiene reformas importantes.
Entre ellas destaca que se otorga protección de no-despido por discriminación a los trabajadores que, voluntariamente, comuniquen su estado serológico a su empleador, al tiempo que obliga al empleador a cumplir con la garantía del derecho a la confidencialidad y atención integral de la persona; otorga el derecho a todas las personas de acceder oportunamente al condón femenino y masculino de calidad en los servicios de salud públicos y privados; y dispone que la prueba será gratuita en los servicios de salud públicos del país, al tiempo que se deberá garantizar la confidencialidad de los resultados.
8. La Carta del 5 de abril:
En 1987 el investigador Jacobo Schifter impulsó la publicación de un campo pagado que luego sería conocido como la Carta del 5 abril en la que más de 150 personas (muchos docentes de la UNA y destacados académicos como Quince Duncan, Elizabeth Odio y Víctor Hugo Acuña, así como personalidades del ámbito público y cultural de nuestro país), exigían un alto a la discriminación y a la redadas.
Las redadas nocturnas, indiscriminadas, vejatorias e infamantes no constituyen ninguna medida preventiva del sida, y sí lesionan garantías constitucionales básicas de los costarricenses. Tampoco los exámenes obligatorios por decreto son medidas preventivas adoptadas en ningún país y también son discriminativas".
Este fue uno de los primeros ejemplo de la indignación que la represión a la población LGBTIQ+ empezó a generar en Costa Rica.
9. La Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes:
En 1989 se creó la Sala Constitucional y en 1993 la Defensoría de los Habitantes dos instituciones que según el historiador José Jiménez Bolaños: “se convierten en dos instituciones fundamentales para la canalización de descontentos, reclamos y demandas”.
10. II Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe:
El movimiento de las mujeres lesbianas en el país, tiene su tinte propio: desde los 70 las mujeres se empezaron a organizar para defender sus derechos que corrían en una línea diferente a la de los hombres gais y eran hasta invisibilizados por estos, pero en abril de 1990, el tema escaló: ese año, la realización del II Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe puso a Costa Rica boca abajo y la oposición encontró otro frente de ataque.
Según recordaban los foros de La Nación en 2013, el 11 de abril de 1990 dio inicio en el país el foro lésbico-feminista, a cargo de la organización "Las entendidas" (originalmente se iba a realizar en Perú pero por las agresiones físicas que se registraban en la nación sudamericana, se decidió cambiar el sitio de encuentro).
Según reporta el foro mencionado:
La noticia de cambio de sede y fechas fue difundida por Fempress y así se enteraron en los medios en Costa Rica. El arzobispo monseñor Arrieta condenó el encuentro y el ministro de Gobernación y Seguridad Pública, Antonio Álvarez Desanti, giró un comunicado a todos los consulados de Costa Rica en el extranjero para que no se concedan visas a mujeres solas y se advertirá que aquellas que lleguen sin acompañantes a los aeropuertos nacionales serán rechazadas. El Ministerio de Gobernación comunicó también a las empresas de aviación aceptar el riesgo de tener que trasladar por su cuenta, de regreso a su lugar de origen, si facilitan el transporte de mujeres que viajen solas a nuestro país y a aquellas que resulten sospechosas de venir a Costa Rica a participar en el citado Congreso".
Pese a la oposición, el Encuentro se realizó en una quinta en Ciudad Colón y aunque las organizadoras reportaron haber tomado todas las precauciones, los opositores las encontraron, les tiraron piedras y balas y aunque nadie resultó herido, el evento quedó marcado en la historia.
11. Asociación Triángulo Rosa:
Fue hasta 1995 y después de muchas trabas que requirieron la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que el Registro Nacional aprobó la inscripción de una organización que abogaba por los derechos de las personas sexualmente diversas en el país.
Esta organización fue la Asociación Triángulo Rosa, una de las primeras que trabajó las diversidades sexuales más allá de temas de salud. Francisco Madrigal fue parte de ella y en 2017 repasó la historia en La Nación: "Nos intentaron quemar la casa de Alajuela".
Pocos años después, Triángulo Rosa desapareció pero su trecho abrió espacio para muchas otras organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), la Colectiva Humanas, el Instituto Latinoamericano de Educación y Prevención en Salud y Tertulia Entre Mujeres.
12. Mulabi y Transvida:
En la década del 2000 se fundó en el país una de las primeras organizaciones en tratar los temas de diversidad e identidad más allá de lo gay y de lo lésbico: Mulabi, con un trabajo enfocado en personas trans e intersex.
Por su parte, en 2009 se funda Transvida una organización que también centra su trabajo en la atención de personas trans, principalmente mujeres.
Diversas organizaciones en pro de los derechos de las personas trans han seguido floreciendo tras estos primeros pasos.
13. Población LGBT en la vida pública:
Las orientaciones sexuales no heterosexuales se habían mantenido casi en secreto hasta este punto de la historia nacional. Fue después del regresó al país del activista Abelardo Araya que la lucha empezó a volverse más mediática. Araya murió en el año 2012 y de hecho, la organización Movimiento Diversidad lleva su nombre.
Además, a inicios de la década del 2000 el periodista de Telenoticias, Marcelo Castro hizo pública su orientación sexual; y en 2003 el abogado Yashín Castrillo, presentó la primera acción de inconstitucionalidad en el país para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, volviendo aún más mediático al tema y llevándolo cada vez más a las mesas de discusión.
En el año 2010 además, la diputada de Acción Ciudadana, Carmen Muñoz Santamaría, se convertiría en la primera diputada abiertamente lesbiana en formar parte de la Asamblea Legislativa costarricense; y en mayo del 2014, el entonces ministro de Turismo, Wilhelm von Breymann sería la primer persona en desfilar con una pareja del mismo sexo en un traspaso de poderes.
14. La Ruta del Beso Diverso:
En el año 2007 tres bares fueron denunciados por discriminación contra parejas del mismo sexo. Esto propició la fundación de la Ruta del Beso Diverso, un movimiento a partir del cual, se empezaron a organizar marchas rumbo y frente a bares y establecimientos comerciales que solicitaran la salida de las parejas del mismo sexo que estuviesen consumiendo en el lugar.
En una nota de La Nación en 2012, se reportó uno de estos hechos. Una pareja de dos mujeres se quejó luego de haber recibido un trato discriminatorio por besarse en el bar josefino Chelles. A raíz de ello, la agrupación Beso Diverso organizó una manifestación que salió de la Plaza de la Cultura rumbo al famoso local, para exigir una disculpa pública.
En la nota se hace mención a las declaraciones de una de las afectadas, Paulina Torres, quien señaló que: "Nosotras como cualquier otra pareja que expresa sus afectos estábamos en el lugar hasta que nos dijeron que no podíamos besarnos ahí. Que ese tipo de beso no podía ser" y por ello la convocatoria de este nuevo movimiento que en ese momento señalaba que “nuestros besos no son irrespeto, nuestros besos son un derecho”.
15. 17 de mayo:
El 25 de marzo del año 2008, el Diario Oficial La Gaceta publicó el Decreto Ejecutivo N° 34399, conocido en primera instancia como "Día Nacional contra la homofobia", como conmemoración a que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales.
El decreto fue modificado posteriormente en marzo del 2012 y desde entonces, Costa Rica conmemora en esta fecha el "Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia".
16. Referéndum a uniones entre personas del mismo sexo:
El 10 de agosto del 2010, mediante la resolución Nº 2010013313, la Sala Constitucional anuló la autorización que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había otorgado a un proyecto que pretendía iniciar con la recolección de 150.000 firmas para que vía referéndum, Costa Rica aprobase o no, las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
La Sala señaló que era inconstitucional dejar en manos de una mayoría la decisión sobre los derechos de una minoría y solicitó al TSE abstenerse de incurrir de nuevo “en tales conductas”.
En un comunicado enviado en ese momento, la Sala aseguró que la consulta "habría profundizado la discriminación en contra de los homosexuales" pues “las personas que tienen relaciones con una pareja del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales”.
17. Marcha de la Diversidad:
Según comentó Francisco Madrigal a La Nación, en el 2003 se realizaron en el país, los primeros Festivales de la Diversidad. Estos eran movimientos pequeños que según el activista, no superaban la concurrencia de 500 personas.
No fue sino, hasta finales de la década del 2000 cuando el país realizaría la primera Marcha de la Diversidad. Este evento que el año pasado alcanzó su décimo aniversario, tuvo como motivador para su auge, otro hecho tristemente célebre.
Según recuerda el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI): "Costa Rica se volvió loca con la llegada del 'Cow Parade' a San José" pero en aquel momento se registró un nuevo acto de discriminación policial a una persona trans en el marco del festival.
La Policía Municipal josefina le prohibió a una mujer trans posar junto a las vacas de la Plaza de la Cultura "por su estrafalario atuendo".
El evento provocó la indignación de la comunidad y decenas de personas trans salieron a la calle en compañía de seres queridos y amigos, para reclamar el derecho a tomarse una foto con las vacas sin importar vestimenta.
La década pasó y la Marcha de la Diversidad se convirtió en un evento multitudinario, con un amplio equipo organizativo, que cada año convoca a miles de personas para visibilizar y luchar por los derechos de la población LGBTIQ+.
18. La Marcha de los Invisibles:
El 16 de junio del 2012, Costa Rica presenció una de las manifestaciones, después de la Marcha de la Diversidad, más representativas del movimiento en pro de eliminar la discriminación a la población LGBTIQ+ en el país: La Marcha de los Invisibles.
En el movimiento se manifestaron muchos grupos entre los que destacan mujeres, personas indígenas y grupos en favor de la despenalización del cannabis; sin embargo, una de las causas más mediáticas fue la oposición al exdiputado evangélico Justo Orozco Álvarez.
El grupo se oponía a su designación como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en mayo de 2012; y a sus declaraciones en las que calificaba a las relaciones entre personas del mismo sexo como “pecado” y “desviación” para justificar su oposición a los proyectos de ley de uniones civiles y de sociedades de convivencia que se estudiaban en aquel momento en Cuesta de Moras.
19. Sociedades de convivencia y uniones civiles:
Amarrando el tema, en la Asamblea Legislativa se estudiaron muchos proyectos de ley que buscaron dar sustento legal a las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los que tuvieron mayor resonancia fueron el de uniones civiles y el de sociedades de convivencia entre parejas LGBTIQ+.
El primero de ellos fue el proyecto de Ley de Uniones Civiles entre Personas del Mismo Sexo, No. 16.390, presentado el 27 de setiembre del año 2006 por los entonces diputados Ana Helena Chacón Echeverría, José Merino del Río y Carlos Manuel Gutiérrez Gómez; el segundo fue el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia, No. 17.668, presentado el 13 de abril del 2010, por los tres legisladores de que presentaron el primero, además de los diputados Sergio Alfaro Salas y Alberto Salom Echeverría.
El primer proyecto buscaba equiparar las uniones civiles entre personas del mismo sexo a los derechos de las parejas heterosexuales y el segundo buscaba la inscripción de una figura especial para este primer grupo.
La iniciativa de sociedades de convivencia logró llegar a plenario en 2012 y fue archivada en 2018; y aquel primer proyecto de ley de uniones civiles se archivó en 2010 y posteriormente se presentaron 3 proyectos más en esa misma línea, incluidos dos en este periodo, que buscaron saltarse la orden de legalizar el matrimonio igualitario.
20. Bandera de la diversidad en Casa Presidencial:
El 17 de mayo del 2014, 9 días después de la entrada al poder de la Administración Solís Rivera, la bandera de la diversidad ondeó por primera vez en Casa Presidencial en Zapote.
En ese gobierno también se emitieron una serie de decretos como el que en 2015 emitiría una serie de directrices orientadas a erradicar la discriminación por orientación sexual en las instituciones del Poder Ejecutivo; y en 2016, el que garantizaría el respeto a la orientación sexual y la identidad de género en el empleo público.
La iniciativa fue replicada en algunas otras instituciones, como la Municipalidad de Moravia, que en 2017 y tras un hecho de discriminación sucedido en un bar del cantón, advirtió a todos los comercios sobre la prohibición a incurrir en actos de discriminación por orientación sexual o por identidad de género.
En enero de 2019 y ya bajo la Administración Alvarado Quesada, el Ejecutivo promulgó el decreto que declaró de interés público y nacional del Protocolo de Hormonización para personas trans y la inclusión de la bifobia en el Día Nacional contra la Homolesbotransfobia (17 de mayo).
21. Gerald y Cristian:
El 1 de julio del 2013, 45 diputados aprobaron la reforma a la Ley General de la Persona Joven. Esta legislación, en su artículo 4, reconoce el derecho de toda persona joven a que se respete su unión de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”.
Esta fue la vía del cual se agarraron Cristian Zamora y Gerald Castro para solicitar la inscripción de su unión civil y que tuvo resultado favorable casi dos años después, en junio de 2015, lo que los convirtió en la primer pareja del mismo sexo en Costa Rica en tener reconocida su unión de hecho.
Años después, en junio de 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería concretaría el otorgamiento de la residencia a una mujer de nacionalidad colombiana que se encuentra casada con una costarricense, reconociendo en el país la unión civil de las dos (puesto que hasta este 26 de mayo su matrimonio no tenía vigor en suelo nacional).
La mujer es Iliana Espitia, quien contrajo matrimonio en Colombia con la excandidata a diputada por el partido VAMOS y activista LGBTIQ+, Margarita Salas.
22. Jaz y Lalay:
Cinco meses después de que se hiciera pública la unión de Cristian y de Gerald, el tema volvería al tapete costarricense cuando, en noviembre, se hiciera pública la unión de Jazmín Elizondo y de Laura Flores, las primeras dos mujeres que contrajeron matrimonio en el país.
El matrimonio logró inscribirse gracias a un error del Registro Civil en la inscripción de Jazmín Elizondo, que motivó a que la mujer apareciera como "hombre".
Las mujeres se casaron el 25 de julio de 2015 y el notario que las casó es Marco Castillo, quien además fue presidente de la organización Movimiento Diversidad.
El matrimonio de las dos mujeres quedó registrado oficialmente el 27 de octubre de 2015 y a partir de ese momento el caso se hizo público y las reacciones contrarias empezaron, tal y como consta en el podcast "Jaz y Lalay", publicado por Radio Ambulante en 2018.
Las mujeres afrontaron una acusación penal en su contra por matrimonio igual pero en febrero de 2019 fueron sobreseídas por la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, su lucha continúa: en febrero anterior el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial impuso una suspensión de 13 años y un mes en el ejercicio de la función notarial a Marco Castillo por haberlas casado y apenas hace una semana y media, esta misma instancia (de la mano del juez notarial Francis Porras León) ordenó al Registro Civil la anulación de su matrimonio.
El caso fue elevado ante la Sala Constitucional por medio de un recurso de amparo y las mujeres ya presentaron una denuncia penal por prevaricato contra Porras, así como una queja suya ante la Inspección Judicial.
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23. Avances en la seguridad social:
Hasta el año 2007 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) eliminó la prohibición de que personas LGBTIQ+ pudiesen donar sangre. Este fue el primer paso para la igualdad de derechos en el seguro social a las personas sexualmente diversas.
Los siguientes vendrían casi que en grupo y a partir de mayo de 2014, cuando la junta directiva de la Caja aprobó la reforma al Reglamento del Seguro de Salud que permite a la población sexualmente diversa asegurar a sus parejas.
Este avance permitió que las parejas del mismo sexo obtuviesen derechos como el de visita a los hospitales, así como figurar como principal contacto en casos de emergencia.
Posteriormente y en junio de 2016, la Caja también dejaría en firme la extensión del beneficio de pensión por muerte a las parejas del mismo sexo.
24. Personas privadas de libertad:
La situación de las personas privadas de libertad también se vio marcada por estos avances. A pesar de que desde los tiempos de la antigua Penitenciaría Central, o La Peni, se tienen documentadas personas trans en las cárceles de nuestro país, no fue sino hasta 2011 cuando a los miembros de la población LGBTIQ+ se les empezaron a reconocer sus derechos en los centros penitenciarios costarricenses.
El primero de ellos vino de la mano, nuevamente, de la Sala Constitucional, pues en octubre del 2011 el órgano falló a favor de una mujer trans que solicitaba la visita de su novio en el centro penal. Este hecho abrió la puerta para la autorización de las visitas de este tipo en las cárceles de nuestro país.
Posteriormente, en 2017, el Ministerio de Justicia y Paz promulgó algunas medidas en pro de garantizar los derechos de la población trans en las cárceles. Entre ellos destaca que las personas trans tienen desde entonces, la opción de elegir si cumplen su condena en un centro de detención para hombres o en uno para mujeres, sin discriminación por identidad de género.
25. Identidad de Género en la Cédula:
En el año 2011 el país empezó a dar los primeros pasos en pro del reconocimiento de la identidad de género en los documentos de identidad de cada persona. En eso año se reconoció el derecho a partir del "conocido como" en las cédulas.
Sin embargo, no fue sino hasta 2018 con la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consulta realizada por Costa Rica, que el Estado empezó a reconocer el cambio de nombre registral en estos documentos.
En aquella opinión consultiva, los jueces de a Corte IDH determinaron que el Estado debe garantizar el trámite expedito para que las personas que deseen corregir “la anotación del género” de sus documentos de identidad, lo hagan con sin ningún tipo de traba, garantizando la confidencialidad del procedimiento y sin que quede constancia del cambio en el Registro Civil.
26. Matrimonio igualitario:
Desde el 2006 la Sala Constitucional había instado a la Asamblea Legislativa a regular las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, dicha solicitud, como muchas otras, no fue fértil en Cuesta de Moras.
Por eso no fue sino hasta el 2013 cuando el país empezó a hablar por primera vez de matrimonio igualitario.
Ese año surgió en Costa Rica la organización Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), un conglomerado cuyas primeras acciones se enfocaron en la recolección de firmas para poder presentar un proyecto de ley que permitiera la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país.
De hecho, para 2015 la organización ya contaba con más de 50 mil firmas de ciudadanos a favor de esta iniciativa. En un comunicado firmado en diciembre de ese año por los activistas José Daniel Clarke y Larissa Arroyo, "este proyecto de ley de matrimonio igualitario es un aporte imprescindible para eliminar la discriminación por orientación sexual. Costa Rica debe cumplir con su deber de proteger legalmente las relaciones entre parejas de personas del mismo sexo, en iguales condiciones, derechos y deberes, que los matrimonios o uniones de hecho formadas por personas de distinto sexo. Es hora de cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación".
Con todo este antecedente detrás, reforzado por el matrimonio de Jazmín y Laura, el 18 de mayo del 2016, el Despacho de la Vicepresidencia de la República envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de opinión consultiva que aclarara si la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo y si era necesario que los países miembros tuvieran una figura jurídica regulase esos vínculos.
La respuesta llegó en la Opinión Consultiva OC-24/17 y se hizo pública en Costa Rica el 9 de enero del año 2018.
Dato D+: Ana Helena Chacón: "Esto es comparable a la entrada en vigor del voto femenino".
En la opinión, la Corte IDH señaló que Costa Rica y todos los países miembros del Pacto de San José, deben garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho a la figura del matrimonio de la que ya gozan las parejas heterosexuales.
De hecho y amparados en ella, el 7 de febrero de ese año, José Chavarría y Rafael Castro, se casaron frente al notario público Roberto Zamora. Sin embargo, la Dirección Nacional de Notariado señaló que los abogados no podían aún inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo, sino hasta que el dictamen de la Corte se hubiese adaptado a la legislación costarricense. Por esta razón Zamora fue perseguido y casi resultó sancionado.
La resolución de la Corte fue la que permitió el sobreseimiento de la causa penal que se llevaba contra Jazmín y Laura pero además, fue la que propició que finalmente la Sala Constitucional regularizara el tema.
En agosto de 2o18 la Sala ordenó que la Asamblea Legislativa aprobase la legislación necesaria para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica en un plazo máximo de 18 meses, a partir de la publicación de la sentencia.
Si la Asamblea no aprobaba ninguna legislación, como finalmente ocurrió, los artículos del Código de Familia que señalaban que el matrimonio es una figura exclusiva de un hombre y una mujer, quedarían inmediatamente derogados.
La sentencia no fue publicada sino hasta el 26 de noviembre del 2018 y por ello, el matrimonio igualitario tuvo que esperar hasta este martes para volverse una realidad en el país
Durante los 18 meses anterior, la campaña Sí Acepto Costa Rica, abogó por una sensibilización y adaptación de la sociedad costarricense al marco jurídico que regirá a partir de mañana.
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