Laura Flórez
A la denuncia se suma un recurso de amparo presentado a la Sala Constitucional este martes y una queja ante la Inspección Judicial por las acciones del juez.
Así lo señalaron las dos mujeres esta tarde a Delfino.cr. Según detalló Elizondo, firmaron los documentos de denuncia este martes. Flórez-Estrada agregó que:
Presentamos la apelación ante un tribunal notarial y entes superiores, presentamos un amparo que va a llegar a la Sala Constitucional y presentamos la queja ante la Inspección Judicial, así como la denuncia penal por prevaricato. Otra vez vamos a meternos a un proceso judicial pero no vamos a dejar que nos pasen por encima".
El miércoles anterior, a pocos días de que el matrimonio igualitario entre a regir en Costa Rica, el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José, bajo órdenes de Porras León, giró la instrucción al oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Guillermo Chinchilla Mora, de cancelar en 24 horas el asiento registral de inscripción del matrimonio de las dos mujeres que están casadas desde julio del 2015.
En cumplimiento de esta orden, el Registro Civil ejecutó la anulación del matrimonio y este ya no aparece inscrito, según se puede constatar en la página del TSE.
Chinchilla Mora señaló a CrHoy la semana pasada que el juez Porras le ordenó enviar la confirmación de la anulación del matrimonio, bajo riesgo de sanciones en su contra. El funcionario señaló que:
El juez en su sentencia me advierte 'que la desobediencia de una orden judicial podría hacerle incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad o bien incumplimiento de deberes, tipificados en los numerales 307 y 332 del Código Penal'".
Porras es el mismo juez que en enero de este año firmó la suspensión por 13 años y un mes, en el ejercicio de la función notarial a Marco Antonio Castillo Rojas, por haber realizado el casamiento de Flórez-Estrada y Elizondo, y quien en ese mismo acto trató de dejar sin efecto el matrimonio, alegando una "medida cautelar de cancelación" que, sin embargo, no había sido ejecutada por el Registro Civil.
En ese momento Flórez-Estrada y Elizondo presentaron un recurso de apelación e incidente de nulidad, el cual llevó a una respuesta del juez del 12 de mayo. Aunque en el Por Tanto Porras León indicó que rechazaba la "excepción previa de falta de competencia material"—a pesar de que eso no fue lo que habían presentado las afectadas—, señaló que posteriormente se referiría al incidente de nulidad y modificó la "medida cautelar de cancelación" para que se ejecutara la anulación del matrimonio en 24 horas.
La decisión del juez Porras León de no referirse directamente al recurso de apelación y al incidente de nulidad presentado, impidió a las afectadas a acudir a una instancia superior para solicitar que se revisen las decisiones que han sido tomadas por el Juzgado Notarial, lo cual sustenta parte de los recursos y las denuncias presentadas esta semana.
Además, las afectadas han señalado que el Juzgado Notarial no es el órgano competente para ordenar la anulación de su matrimonio y agregaron que la "medida cautelar" de eliminar el asiento registral de su matrimonio era una decisión arbitraría que excedía la competencia material del juez.
Según señaló Flórez-Estrada en declaraciones brindadas a este medio la tarde de este martes:
El debate aquí no es si se está a favor o en contra del matrimonio igualitario, es que el juez no tiene potestades para pasarnos por encima y esto nos deja completamente vulnerables e indefensas. Al final ¿a quién acudimos si un juez se ensaña con nosotras, no eleva nuestra apelación a un superior y simplemente decide pasarle por encima a nuestros derechos? Esto le podría pasar a cualquiera y eso es muy importante que se entienda: no queremos protagonismo, no es por joder y entendemos lo que está pasando, entendemos la situación del país, pero esta discusión es más compleja que el matrimonio igualitario, es un tema del respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico".
Al respecto Elizondo agregó que:
Si esto nos pasó a nosotras que todo el mundo nos conoce, que el caso es público, que tenemos contactos, conocemos gente que nos ayuda... ¿qué le puede pasar a una persona de Limón que es lesbiana y que todo el mundo le pasa por encima sin tener cómo pagar un abogado y al que nadie le va a dar una defensa ad honorem? A ellos les pasan por encima y nadie hace nada".
El Código Penal costarricense, en su numeral 357, señala que por el delito de prevaricato "se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos".
Dato D+: Lea el texto ¿Qué puede motivar a un juez a traicionar la ley? publicado por Néstor Morera Víquez en Teclado Abierto.
