El Ministerio Público de Costa Rica solicitó al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictar un sobreseimiento definitivo a favor de Laura Flórez-Estrada, Jazmín Elizondo, el abogado Marco Castillo y los testigos de la boda de las dos mujeres.
La solicitud se planteó este martes durante la audiencia preliminar del caso abierto por el Estado contra Flórez y Elizondo, quienes contrajeron matrimonio en el 2015 por vía de Castillo, gracias a que una de ellas fue inscrita en el Registro Civil como hombre.
La Fiscalía cambió de criterio tras considerar los alcances de la Opinión Consultiva sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a raíz de una consulta planteada por Costa Rica en el 2016 y en la que se señaló que el país debía garantizar el acceso a la figura del matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo.
El criterio de la Corte Interamericana, declarado vinculante por la Sala Constitucional, establece que mientras el país hace las adecuaciones a su marco jurídico necesarias para reconocer esos derechos a la población sexualmente diversa, no puede dejar de reconocerlos.
La Fiscalía solicitó al Juzgado dictar un sobreseimiento definitivo, dando por archivada definitivamente la causa, sin posibilidad a futuro de ser reabierta.
La acusación contra las mujeres, su abogado y los testigos de la boda se presentó meses después de la ceremonia, cuando el Registro Civil denunció el caso ante la Fiscalía, alegando matrimonio prohibido por ley. Por dicho delito, las personas acusadas se exponían a cárcel de dos a seis años.
La Abogacía del Estado, representada por la Procuraduría General de la República, se sumó a la acusación alegando "afectación a la familia costarricense" y pedía que el juez anulara el matrimonio de Florez y Jazmin.
Las mujeres y Castillo impulsaron ante la Sala Constitucional una acción que finalmente desencadenó en la anulatoria de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, echando mano de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana.
