La Contraloría documentó desde el 2011 irregularidades en el manejo del fondo, que agotó su capital semilla y dejó de otorgar becas y préstamos.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a siete años de prisión a un hombre de apellidos Araya Madrigal, exdirector ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesutp), tras declararlo culpable de los delitos de peculado y legislación en provecho propio, informó este lunes la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Los hechos ocurrieron entre el 2007 y el 2008, cuando Araya dirigía esa institución, creada mediante la Ley 7667 de 1997 con el propósito de contribuir a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de empleo en las comunidades de Puntarenas mediante el otorgamiento de becas y el financiamiento de estudios universitarios, técnicos y de posgrado.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el exfuncionario emitió dos reglamentos que incorporaron condiciones que permitían a personas que no pertenecían a sectores de escasos recursos económicos acceder a los créditos estudiantiles del fondo.
Araya utilizó posteriormente esas disposiciones para solicitar un préstamo destinado a financiar sus propios estudios. Los integrantes del Consejo Directivo, responsables de la administración conjunta de los recursos públicos asignados a la institución, aprobaron la solicitud pese a que el entonces director ejecutivo no cumplía los requisitos para recibir el beneficio.
La Fiscalía también acreditó que Araya propuso ante el Consejo Directivo que su hija y su hermano recibieran financiamiento del programa. Ambos obtuvieron créditos estudiantiles por ₡3.894.000 y ₡2.085.750, respectivamente, para un total de ₡5.979.750.
El Consejo Directivo también acordó crear un Consejo Asesor Académico y Técnico, encargado de revisar las solicitudes de financiamiento y recomendar su aprobación o rechazo. Araya pasó a integrar ese órgano y utilizó su posición para favorecer sus propios intereses y los de sus familiares.
En una de las sesiones de ese consejo, sus integrantes conocieron una solicitud de préstamo presentada por un sobrino del acusado. Pese a conocer el vínculo familiar, el entonces director ejecutivo participó en el análisis de la solicitud y votó a favor de recomendar el otorgamiento del crédito.
El juicio concluyó a finales de octubre, cerca de 18 años después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía informó que, antes de la celebración del debate, otros integrantes del Consejo Directivo se acogieron a una medida alterna denominada suspensión del proceso a prueba, que permite suspender el proceso penal bajo el cumplimiento de determinadas condiciones durante un plazo establecido judicialmente.
El Ministerio Público no precisó los montos de los préstamos solicitados por Araya y su sobrino, la distribución de la pena impuesta por cada delito ni si la sentencia condenatoria se encuentra firme.
Contraloría inhabilitó a 12 personas en el 2016
Las irregularidades en la administración del Faesutp habían sido documentadas años atrás por la Contraloría General de la República (CGR). En diciembre del 2011, mediante el informe DFOE-SOC-IF-17-2011, el órgano contralor advirtió sobre el agotamiento del capital semilla de la institución, el otorgamiento de beneficios a personas que no se encontraban en condición de pobreza o vulnerabilidad y las deficiencias en los controles para la concesión y recuperación de los préstamos estudiantiles.
Como informó Delfino.cr en abril del 2019, en setiembre del 2016 se conoció que la Contraloría había inhabilitado para ocupar cargos públicos a 12 personas, entre ellas el entonces director ejecutivo del fondo, Antonio Araya Madrigal, por actuaciones ilegales relacionadas con la administración de más de ₡2320 millones en recursos públicos.
La legislación establecía que los recursos destinados a conformar el capital semilla del fondo debían invertirse en títulos valores y que únicamente los rendimientos de esas inversiones podían utilizarse para financiar becas, préstamos y gastos administrativos. El propósito era garantizar la sostenibilidad financiera de la institución y evitar que el otorgamiento de beneficios agotara los recursos disponibles.
Sin embargo, una investigación de la Contraloría determinó que, entre el 2006 y el 2008, el fondo recibió aproximadamente ₡1457 millones del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y otros ₡484 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), recursos que utilizó para cubrir gastos y financiar sus programas en contravención de las disposiciones legales que protegían el capital semilla.
A pesar de que los integrantes del Consejo Directivo tenían conocimiento de las dificultades financieras de la institución, continuaron aprobando beneficios hasta que el fondo enfrentó problemas para cumplir con los desembolsos pendientes y quedó comprometida su capacidad de otorgar nuevos créditos y becas.
Gobierno y diputados desistieron de cerrar el fondo
El 13 de diciembre del 2017, durante la Administración de Luis Guillermo Solís Rivera, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el expediente 20.649, una iniciativa que pretendía cerrar instituciones públicas inactivas como parte de los esfuerzos para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre las instituciones que el Gobierno propuso eliminar figuraba el Faesutp. El Ejecutivo argumentó que el fondo había perdido su capacidad de cumplir los objetivos que motivaron su creación y que sus funciones podían ser asumidas por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), institución que ofrece financiamiento estudiantil en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el 12 de noviembre del 2018, durante la Administración de Carlos Alvarado Quesada, la entonces ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, comunicó a los diputados que el Gobierno impulsaba un texto sustitutivo que excluía al fondo de las instituciones que serían cerradas.
Los legisladores acogieron la solicitud del Ejecutivo y mantuvieron la existencia del Faesutp, pese a los antecedentes de irregularidades administrativas y a las advertencias sobre su incapacidad para cumplir los fines establecidos en su ley constitutiva.
Auditoría del 2019 confirmó la inoperancia del fondo
En abril del 2019, la Contraloría divulgó los resultados de una nueva auditoría, consignados en el informe DFOE-SOC-IF-00001-2019, en la que concluyó que el Faesutp se encontraba inoperante en el otorgamiento de beneficios estudiantiles.
El órgano contralor determinó que la institución había consumido la totalidad de su capital semilla desde el 2009 y que, al 30 de noviembre del 2018, todavía no había logrado recuperarlo. La última beca se había otorgado en octubre del 2009 y el último préstamo en agosto del 2010.
La recuperación de los recursos también enfrentaba dificultades debido a la morosidad de los beneficiarios. Al 31 de octubre del 2018, el fondo registraba 344 casos en cobro administrativo por ₡1393,7 millones y otros 112 casos en cobro judicial por ₡255 millones. De estos últimos, 81 presentaban problemas de notificación.
La Contraloría también encontró deficiencias en los mecanismos para seleccionar a los beneficiarios, verificar el cumplimiento de requisitos y dar seguimiento a los estudios financiados. De los expedientes revisados, el 61,5% estaba incompleto y el 30% carecía de una copia del historial académico de la persona beneficiaria.
El informe cuestionó, además, el funcionamiento del Consejo Directivo, que permaneció sin sesionar entre junio del 2017 y octubre del 2018 por falta de integrantes suficientes para conformar legalmente el órgano. La auditoría también identificó incumplimientos de las normas que regulan la gestión presupuestaria de las instituciones públicas.
En el 2024 seguía sin otorgar becas ni préstamos y carecía de auditoría interna
Las dificultades administrativas y operativas del fondo persistieron durante los años siguientes. Una nueva auditoría de la Contraloría, cuyos resultados constan en el informe DFOE-CAP-IAD-00013-2023, determinó que la institución continuaba sin cumplir los objetivos para los cuales fue creada.
El 19 de diciembre del 2024, mediante la orden DFOE-CAP-ORD-00002-2024, la Contraloría advirtió que el Faesutp tampoco contaba con una unidad de auditoría interna ni había solicitado formalmente una excepción a esa obligación, en incumplimiento del artículo 20 de la Ley General de Control Interno.
La institución reconoció ante el órgano contralor que nunca había contado con una auditoría interna desde el inicio de sus operaciones. Argumentó, entre otras razones, que su ley constitutiva contemplaba la auditoría externa como mecanismo de fiscalización institucional.
La Contraloría señaló que, pese a que el fondo llevaba años sin conceder nuevos beneficios, continuaba incorporando recursos en sus presupuestos para financiar becas y préstamos estudiantiles. Para los periodos 2023 y 2024, esos recursos ascendían a ₡211,1 millones que no fueron ejecutados.
El fondo disponía de un presupuesto ordinario de ₡1833,6 millones para el 2024, correspondiente al mismo monto vigente durante el 2023, debido a que la falta de integrantes del Consejo Directivo impidió aprobar un nuevo presupuesto. Al 19 de noviembre del 2024, la institución contaba con cinco funcionarios.
Asimismo, al 30 de setiembre del 2024, el Faesutp administraba activos por ₡3531,6 millones, concentrados principalmente en inversiones financieras temporales y de largo plazo.
Ante esas circunstancias, la Contraloría ordenó a las autoridades del fondo adoptar las medidas necesarias para cumplir la Ley General de Control Interno y fijó el 27 de febrero del 2026 como fecha límite para remitir una certificación que acreditara el cumplimiento de las acciones solicitadas.
Contraloría también ordenó utilizar el Sicop
El 1.º de abril del 2025, la Contraloría emitió otra orden contra el fondo, identificada con el número DFOE-DEC-ORD-00002-2025, tras investigar la falta de utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para tramitar sus adquisiciones.
El órgano contralor determinó que, entre el 2015 y el 2024, al menos el 98% de los ingresos presupuestados por la institución procedía, en promedio, de fuentes públicas, por lo que su condición de ente público no estatal no la eximía de cumplir las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública.
Aunque el Faesutp estaba registrado en el Sicop, la Contraloría constató que no había tramitado procedimientos de contratación ni registrado compras mediante caja chica en esa plataforma. Por su parte, el fondo aseguró que no había realizado contrataciones de bienes y servicios durante el 2024 ni durante los primeros dos meses del 2025.
La Contraloría ordenó garantizar la utilización efectiva del sistema y actualizar los procedimientos internos de contratación, incluidas las compras mediante caja chica.
Proyecto de ley busca reactivar el fondo
Desde febrero del 2023, la Asamblea Legislativa tramita el expediente 23.580, una iniciativa que pretende reformar la ley constitutiva del Faesutp para permitir que la institución retome sus funciones y adapte sus programas de financiamiento a las demandas actuales del mercado laboral.
El proyecto busca orientar los programas educativos hacia áreas que permitan mejorar las oportunidades de empleo de la población puntarenense, incluidas las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como la formación técnica y el aprendizaje de idiomas.
La iniciativa recibió dictamen en la comisión legislativa encargada de los asuntos de la provincia de Puntarenas, pero todavía no ha completado su trámite legislativo.








