Entre los afectados también figura una asociación que atiende a 95 niños en condición de pobreza extrema.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José condenó a 24 años de prisión a un hombre de apellidos Retana Brenes, tras declararlo culpable de cometer 28 delitos de estafa informática. Según informó este lunes la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, se trata de la pena más alta impuesta hasta ahora en Costa Rica por ese delito.
El juicio se desarrolló entre el 7 de setiembre y el 10 de noviembre del 2026. Aunque la suma de las penas individuales por los 28 delitos acreditados ascendió a 173 años de prisión, el tribunal fijó la condena total en 24 años debido a las reglas de penalidad del concurso material de delitos establecidas en el Código Penal.
Las estafas, perpetradas entre enero y agosto del 2024, ocasionaron un perjuicio económico de ₡4.606.600 a 28 víctimas. La Fiscalía destacó que el impacto de los delitos trascendió las pérdidas monetarias, debido a las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad de las personas afectadas.
Según el Ministerio Público, el 56% de las personas afectadas tenía 65 años o más, mientras que las restantes estaban próximas a alcanzar esa edad. En varios casos, el dinero sustraído representaba entre el 15% y el 60% de sus ingresos mensuales, e incluso algunas víctimas quedaron con menos de ₡10.000 en sus cuentas bancarias.
Entre las víctimas también figura una asociación sin fines de lucro que brinda atención a 95 niños en condición de pobreza extrema. De acuerdo con la Fiscalía, los recursos sustraídos a esa organización equivalían aproximadamente a dos días de alimentación para esa población.
Pedía prestados teléfonos celulares para sustraer dinero
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Retana Brenes abordaba a sus víctimas en la vía pública, establecimientos comerciales, lugares de trabajo y otros sitios, donde les solicitaba prestado su teléfono celular bajo distintos pretextos, como haberse quedado sin batería o saldo, o necesitar comunicarse con un familiar.
Una vez que obtenía acceso al dispositivo, el acusado utilizaba el servicio de mensajes de texto (SMS) para realizar operaciones bancarias sin autorización de sus propietarios. Mediante ese mecanismo efectuaba transferencias a través de Sinpe Móvil y retiros de dinero en cajeros automáticos sin necesidad de utilizar tarjetas bancarias.
Las operaciones involucraron servicios electrónicos del Banco Nacional de Costa Rica (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y BAC San José. En muchos casos, las transacciones se concretaron pocos minutos después de que el acusado abordara a las víctimas.
Parte del dinero sustraído fue transferido a cuentas de terceras personas que, según acreditó la Fiscalía, facilitaron sus números de monedero electrónico con conocimiento del uso que se les daría. En otros casos, Retana retiró directamente los recursos mediante cajeros automáticos.
Otras 11 personas devolvieron dinero a las víctimas
La Fiscalía presentó la acusación contra Retana Brenes y otras 11 personas el 30 de setiembre del 2025. Estas últimas habían facilitado las cuentas receptoras de los recursos sustraídos mediante las estafas informáticas.
Antes del juicio contra Retana, las otras 11 personas acusadas se acogieron a una medida alterna denominada reparación integral del daño, mediante la cual devolvieron el dinero sustraído a 14 de las 28 víctimas.
En la investigación participaron la Sección Especializada contra el Fraude Informático, la Sección de Fraudes y la Delegación Regional de Heredia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
¿Por qué la condena pasó de 173 a 24 años?
El artículo 76 del Código Penal establece las reglas de penalidad del concurso material de delitos, figura jurídica que se aplica cuando una persona comete varios delitos independientes entre sí.
La normativa dispone que deben sumarse las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, pero establece dos límites: la condena total no puede superar el triple de la pena individual más alta ni, en ningún caso, los 50 años de prisión. El Código Penal también permite aplicar las penas correspondientes a cada hecho cuando ello resulte más favorable para la persona condenada.
En el caso de Retana Brenes, el tribunal impuso penas individuales de hasta ocho años de prisión por dos de los 28 delitos acreditados. Por tanto, aunque la suma aritmética de todas las sanciones alcanzó los 173 años, la aplicación de las reglas del concurso material limitó la condena a 24 años de cárcel.







