Expresidenta alerta de eventual desplazamiento de laboratorios de fentanilo hacia Costa Rica.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda compareció este jueves ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en el marco del estudio del expediente 24.697, sobre el debilitamiento de la política de seguridad pública y eventuales responsabilidades políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles por esas acciones.

Chinchilla presentó datos oficiales y diagnósticos internacionales para advertir que el país atraviesa una crisis de seguridad que, según dijo, lo coloca "al borde del abismo" y bajo la mira del crimen organizado. "Costa Rica está en la mira", insistió al señalar el incremento de la tasa de homicidios y el peso creciente de los delitos ligados a narcotráfico.

La exmandataria expuso que, en la última década, el país pasó de estar entre los cinco más seguros de América Latina a ser el segundo más violento de Centroamérica y el séptimo de la región. Precisó que la tasa de homicidios aumentó un 35% entre 2022 y 2024, al pasar de 411 personas asesinadas en 2013 a 907 en 2023.

Según sus datos, el porcentaje de homicidios atribuidos al crimen organizado pasó de 12% en 2010 a 70% en 2023. Además, las víctimas colaterales (personas ajenas a los hechos, incluidos menores de edad) crecieron un 1200% entre 2019 y 2023.

"Ser joven en Costa Rica hoy es un factor de riesgo frente al crimen y a la violencia. Los estamos condenando (…) a terminar en una celda o en una fosa", dijo, al señalar que el 60% de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años y que 146.000 jóvenes de 15 a 24 años ni estudian ni trabajan.

Chinchilla atribuyó parte del deterioro a factores externos y a la configuración interna del sistema de seguridad:

Siempre hemos vivido en el barrio más peligroso del mundo (…) América Latina, con menos del 9% de la población mundial, contabiliza el 35% de los homicidios".

Recordó que la seguridad en Costa Rica es 100% civilista y depende de la coordinación entre policía, Estado de derecho y prevención social. Sin embargo, criticó que el modelo policial esté totalmente atomizado, con al menos 12 cuerpos policiales nacionales más las policías municipales, lo que exige altos niveles de coordinación.

En su análisis, Chinchilla identificó cuatro factores esenciales para una política de seguridad exitosa: actitud de alerta permanente, liderazgo político que convoque, estrategia integral y financiamiento suficiente.

A mi modo de ver, en materia de liderazgo político se claudicó".

Sostuvo que los recursos asignados a seguridad y justicia han disminuido en momentos críticos, y que la tasa de policías por cada 100.000 habitantes bajó de 312 en 2013 a alrededor de 300 en la actualidad. También cuestionó la caída en los decomisos de cocaína cuando el comercio global de esa droga se ha acrecentado a niveles nunca antes vistos.

Asimismo, lamentó el debilitamiento de cuerpos como la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas, señalando que a la primera "se le restó el papel rector" y se la sacó del control de fronteras.

En su valoración final, Chinchilla atribuyó la crisis de seguridad a tres elementos: el fortalecimiento de los mercados ilegales en América Latina, la ausencia de visión y estrategia en el país, y la respuesta del crimen organizado al percibir un aflojamiento institucional.

"El principal responsable es la actual administración", dijo, y advirtió sobre un eventual desplazamiento de laboratorios de fentanilo hacia Costa Rica ante la presión antidrogas en México:

Lo que nos espera con el fentanilo, si no frenamos esto, es el verdadero infierno".