El día 18 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo presentó ante la corriente legislativa un proyecto de ley con el objetivo de solicitar a la Asamblea Legislativa autorización para la emisión de títulos valores en el mercado internacional (expediente 25.363). Estos instrumentos, conocidos como eurobonos, corresponden a certificados de deuda emitidos por el Gobierno Central con el propósito de captar recursos en el exterior. La emisión total propuesta asciende a 13.500 millones de dólares, la cual se realizaría en tractos anuales de 1.500 millones de dólares durante un período de nueve años, comprendido entre 2026 y 2034.

A continuación, explico por qué esta es una decisión que debería tomarse únicamente en el Ministerio de Hacienda basándose en criterios técnicos y no someterse al juego político característico de la Asamblea Legislativa.

En primer lugar, cabe preguntarse si realmente se requiere este tipo de financiamiento. La respuesta es sí. Dada la estructura del gasto, los ingresos corrientes del Estado solo logran cubrir aproximadamente entre un 60 % y un 70 % del presupuesto nacional. En otras palabras, como ha señalado en reiteradas ocasiones el exministro de Hacienda Nogui Acosta, “por cada 100 colones que se gastan, 30 provienen de deuda”. En la medida en que esta estructura de gasto se mantenga, el endeudamiento resulta necesario para atender las obligaciones del Estado. La verdadera discusión, entonces, no radica en si endeudarse o no, sino en determinar dónde hacerlo: en el mercado nacional o en el internacional.

La respuesta debe sostenerse en dos factores principales. Por un lado, se requieren recursos para responder a las necesidades de la población cada año, por el otro, urge reducir el costo de servicio de la deuda, es decir, los pagos de interés a la deuda actual, dado que esta es en sentido coloquial, una deuda cara. Recordar que el país paga alrededor de 4.8% del producto interno bruto (PIB) solo en intereses, cuando los ingresos de Hacienda rondan el 15% del PIB en el mismo lapso de tiempo, estamos hablando de que alrededor del 32% de los ingresos totales anuales del ministerio han sido dirigidos a pagar los intereses de la deuda. Si lo comparamos con países de la OCDE, según el FMI, Costa Rica paga cerca de 2 puntos porcentuales del PIB por encima del promedio de la OCDE en servicio de la deuda.

Uno de los motivos por los que esto sucede es debido a que la mayor parte de la deuda actual se encuentra emitida en el mercado nacional. Al cierre de octubre de este año la relación deuda/PIB se ubicó en 59,9%, donde el 74,6% corresponde a deuda interna mientras el 25,4% es deuda externa, según datos del Hacienda.

En ese sentido, el mercado nacional posee dos factores, número uno: es un mercado a corto plazo, por lo que la emisión de deuda interna presiona constantemente las necesidades de liquidez del Estado, ya de por sí elevadas. Segundo: dada la magnitud de los recursos que se captan, cuando el Gobierno Central participa en el mercado local compite con la inversión privada para captar los recursos locales, lo que presiona al alza las tasas de interés, dando como resultado una deuda cara.  A ello se suman los efectos adversos sobre la inversión privada. Por un lado, se genera un efecto desplazamiento, ya que los recursos disponibles en el mercado local se reducen para los pequeños y medianos emprendedores, dado que los prestamistas tienden a privilegiar al Gobierno puesto que presenta menor nivel de riesgo. Por otro lado, quienes logran acceder a financiamiento lo hacen a tasas más elevadas, producto de la presión ejercida por Hacienda en el mercado. En síntesis, el endeudamiento interno implica deuda más cara, de corto plazo y una menor disponibilidad de recursos para los emprendedores, lo que termina afectando el crecimiento de la economía local.

Considerando el mediano plazo como el período 2026–2030, sería un error continuar privilegiando la emisión de deuda en el mercado interno. Esto debido al comportamiento reciente de las tasas de referencia, tanto de la Reserva Federal estadounidense como del Banco Central de Costa Rica, las cuales han mostrado reducciones progresivas en los últimos meses. Además, según proyecciones de Bloomberg, se espera que la FED continúe recortando tasas, mientras que es razonable anticipar un ajuste similar por parte del BCCR. En este contexto, menores tasas de interés tienden a desincentivar el ahorro, lo que implicaría una disminución de los recursos captables en el mercado local en los próximos años. Esto representaría un riesgo para la cobertura de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central en el mediano plazo, en caso de no aprobarse el acceso a financiamiento externo.

Por el contrario, las condiciones del mercado externo resultan favorables. La reducción sostenida de las tasas de interés abre una ventana para captar financiamiento a menor costo y a plazos mayores, lo que no solo abarata la deuda, sino que también reduce las presiones de liquidez de Hacienda ampliando su margen de maniobra.

Precisamente estas condiciones deben ser aprovechadas, ya que la mayoría de las emisiones de eurobonos se realizan a tasas de interés fijas, lo que reduce tanto los riesgos inherentes a dichas tasas como el costo de la deuda. Esto, a su vez, permite liberar mayores recursos para destinarlos a otros rubros, como la infraestructura pública o la inversión social.

La aprobación de los eurobonos constituye un paso clave para la consolidación de las metas fiscales y el orden macroeconómico del país, aspectos altamente valorados por las calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings, y determinantes en la mejora de la calificación soberana. Esto queda reflejado en el reciente informe de Fitch, que mantuvo la calificación de Costa Rica en el rango “BB” con perspectiva positiva, evidenciando que los esfuerzos realizados han dado resultados. No obstante, resulta indispensable profundizar esta senda para alcanzar el ansiado grado de inversión, lo que permitiría acceder a mercados financieros más amplios y a financiamiento de menor costo, además de potenciar la atracción de inversión y la generación de empleo para los costarricenses. Todo esto gracias a la confianza que ser un país con grado de inversión significa.

Por este tipo de efectos y por su impacto en la economía costarricense, especialmente en la coyuntura actual, la decisión debe adoptarse con base en criterios técnicos. No se debe prestar para el juego y cálculo político que caracteriza a nuestra Asamblea Legislativa. Como opinión considero que nuestros diputados no poseen la formación económica requerida para poder tomar este tipo de decisiones con fundamento y lamentablemente los pocos que si la tienen prefieren actuar de manera intelectualmente deshonesta poniendo por delante sus intereses y narrativas políticas.

Como forma de resolver esto considero que es necesaria la reforma constitucional al artículo N°121 inciso 15 (expediente 24.281) que obliga a que las decisiones de financiamiento deban ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Dicho permiso debería ir implícito en la aprobación del presupuesto nacional y la decisión más conveniente sobre en donde captar ese financiamiento debería ser tomada por el Ministerio de Hacienda. Esto reduciría los shows políticos innecesarios que, como es habitual, retrasan decisiones clave y terminan trasladando sus costos al bolsillo de los contribuyentes, quienes finalmente son los que pagan las consecuencias de la inacción y la improvisación.

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