Lo que Francis Porras hizo fue un golpe simbólico a la comunidad, borrando el único matrimonio vigente para que todo el mundo se muriera de miedo a una semana y media de la entrada en vigor del matrimonio igualitario".
Con estas palabras, Laura Flórez
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La historia pública de esta pareja se remonta a julio del año 2015 pero la tinta sobre las dos empezó a correr con fuerza en noviembre de ese año, cuando se hizo dio a conocer que, gracias a un error del Registro Civil, Elizondo y Flórez
Larga historia hecha corta, el matrimonio logró inscribirse gracias a que en su infancia y por error, Jazmín Elizondo fue inscrita como hombre, un hecho que no se corrigió sino inmediatamente después de que el escándalo estallara.
Las mujeres se casaron el 25 de julio de 2015 y el notario que las casó fue el activista LGBTIQ+ Marco Antonio Castillo Rojas, quien actualmente afronta una suspensión de 13 años y un mes en el ejercicio de la función notarial (impuesta también por Francis Porras) por la ejecución del matrimonio.
Para Jazmín y para Laura los hechos recientes que ha tenido que enfrentar su matrimonio son la prueba de una persecución en su contra y la “exageradísima” sentencia de Castillo, también.
Según Jazmín Elizondo:
A Marco Castillo, el que nos casó, le abrieron un proceso en el Juzgado Notarial y a nosotras nos llamaron como testigos. Nosotros hablamos con nuestro abogado, con la gente que nos quiere para pedir consejo y nos dijeron que dijéramos la verdad. Nosotras aceptamos y aunque uno puede abstenerse de declarar, pensamos que no nos iba a pasar nada. El tema se vio con un juez notarial que se dedica a juzgar a notarios y no a nosotras”.
A pesar de que en Costa Rica únicamente se puede desinscribir un matrimonio por decisión de un juzgado Penal o por uno de Familia, el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José ordenó traerse abajo esta unión sin dejarle a las mujeres mayor opción para apelar.
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Laura se refiere al tema asegurando que:
Lo que hace este juez es que se inventa una figura cautelar post sentencia, de carácter permanente. Una medida cautelar es algo temporal para cuidar el debido proceso y proteger al testigo pero desinscribir un matrimonio no es una medida cautelar. Él pudo pedir la desinscripción hasta el 26 de mayo de este año pero no, pidió que fuese permanente”.
En el Por Tanto de la sentencia, el juez Porras señaló que sus argumentos para proceder van dirigidos a que la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para legalizar el matrimonio igualitario en el país, es “anticientífica”. “Puros prejuicios y falacias”, indica Flórez
Él le da al Registro una orden de 24 horas para anular nuestro matrimonio. Eso fue el miércoles en la noche y a nosotras nos notifican el jueves en la mañana. No nos dio tiempo de apelar, cuando fuimos a donde nuestro abogado, el matrimonio ya estaba anulado. Fue un balde de agua fría, llevamos cinco años luchando por este matrimonio que nunca había sido anulado y él se salta todos los procesos y señala que sí puede, cuando no. Él no puede castigarnos por ser testigos en un proceso de alguien más. Parece que se sentó para ver cómo nos jodía, su objetivo era anularnos el matrimonio y esto es completamente arbitrario, persecutorio y lesbofóbico. Uno no le puede hacer eso a una pareja ya consolidada”.
La pareja agrega que tras el fallo su matrimonio queda en el limbo, a partir de ahora y lo que construyeron durante los cinco años que estuvieron legalmente casadas, queda en una inseguridad jurídica que ni siquiera aplica en el caso de un divorcio:
Tenemos un restaurante que hemos ido construyendo durante estos 5 años y que es algo que hemos trabajado entre las dos. Eso no está en ningún papel porque somos un matrimonio que está trabajando por un bien común. Esto se quiere traer abajo todo eso. Perdimos el derecho a tener bienes comunes, así de la nada. Es terrible, hemos dedicado todo nuestro matrimonio a luchar y a nadie más le toca hacer eso”.
Denuncia ante el balde de agua fría
Durante la conversación sostenida con este medio, la pareja aseguró que lo que debió haber sido un periodo de felicidad y de celebración con la entrada en vigor del matrimonio igualitario este mes de mayo, se ha convertido en un balde de agua fría encabezado la sentencia del Juzgado Notarial y, por supuesto, por la enfermedad COVID-19.
Según Laura Flórez-Estrada:
Estar solamente en la pandemia ya es bastante. Yo sé que a todo el mundo le ha pegado pero sobrevivir esta pandemia ha sido el mayor reto profesional para nosotros. Hemos tenido que luchar para mantener la atención de la gente, para mantener a todo el equipo y para no suspender o despedir a nadie, pensando en las familias de todas: este es un restaurante de solo mujeres y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a las mujeres que tienen su familia, que tienen sus cosas que ‘hey, vaya a buscar el Bono Proteger’ y que no se lo den? En medio de toda esta lucha, nosotras estábamos como ‘¡ya es el matrimonio igualitario, qué alegría!’ y di, nos hacen esto: un balde de agua fría”.
La semana anterior las mujeres presentaron una denuncia penal contra Francis Porras por la orden de anular su matrimonio.
Según detalló la pareja a Delfino.cr, a la denuncia se suma un recurso de amparo presentado a la Sala Constitucional el pasado martes y una queja ante la Inspección Judicial por las acciones del juez. Sin embargo, señalan que lo que les está pasando ahora no habría sucedido si la Sala Constitucional no hubiese dado los 18 meses de tiempo que dio para que, desde la publicación de la sentencia que adaptaba a la legislación nacional el fallo de la Corte, el matrimonio igualitario entrara a regir en el país.
Según Flórez
Esto es culpa de la Sala IV, si la Sala no hubiese dado ese espacio de 18 meses no estaríamos pasando por esto. Ese juez se agarró de ese plazo de 18 meses y dijo ‘ah no, esto sigue siendo un delito’ y por eso estamos aquí".
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Vivir con miedo
En la conferencia de prensa de aquel 9 de enero, el entonces Director Jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal Pérez, aseguró que la opinión consultiva que legaliza hoy el matrimonio igualitario en el país, "un paso sumamente relevante hacia lo que anhelamos como sociedad que es un Estado inclusivo y respetuoso de todas las personas que no distinga y que le permita a todas las personas lo que merecen y a lo que tienen derecho".
Esta pareja de mujeres, sin embargo, no concuerda con esta posición.
Según señala Jazmín, "es mentira eso de que todo va a ser diferente al día siguiente, el 27 de mayo. Lo que Francis Porras hizo fue un golpe simbólico a la comunidad, borrando el único matrimonio vigente para que todo el mundo se muera de miedo a una semana”.
Laura agrega que, como muchas otros miembros de la comunidad LGBTIQ+ de Costa Rica, viven con miedo pero que no por eso van a dejar de dar cara por su unión y por el matrimonio igualitario:
Tenemos miedo pero no hemos dejado de tomarnos la mano en la calle y de hacer un manifiesto con nosotras como imagen pública. Creemos que la idea de casarnos y de haber hecho todo el alboroto que hicimos era para no volver a escondernos, no queremos vivir con miedo... aunque igual siempre andamos con perros”.
¿Qué sigue ahora? Una lucha que no acaba. Aunque para muchas parejas LGBTIQ+ en Costa Rica la lucha parece haber finalizado este martes, para ellas dos continúa.
Las mujeres apelaron y ahora están a la espera de la resolución de las autoridades competentes respecto a este nuevo paso del proceso, pues Laura es enfática en que ahora es cuestión de despertarse este martes, volverse a casar y hacer como si nada hubiese pasado:
El debate aquí no es si se está a favor o en contra del matrimonio igualitario, es que el juez no tiene potestades para pasarnos por encima y esto nos deja completamente vulnerables e indefensas. Al final ¿a quién acudimos si un juez se ensaña con nosotras, no eleva nuestra apelación a un superior y simplemente decide pasarle por encima a nuestros derechos? Esto le podría pasar a cualquiera y eso es muy importante que se entienda: no queremos protagonismo, no es por joder y entendemos lo que está pasando, entendemos la situación del país, pero esta discusión es más compleja que el matrimonio igualitario, es un tema del respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico".
A pesar de los años que han luchado por su matrimonio (las dos fueron acusadas penalmente por su matrimonio en una causa que se sobreseyó a inicios del año anterior), del cansancio que aseguran tener y de las agresiones de las que han sido víctimas en este tiempo (recuerdan amenazas, agresiones al restaurante y también rememoran la agresión que sufrió el periodista de La Nación, Fernando Chaves Espinach, después de realizarles un reportaje en 2015) señalan que, tras cinco años de matrimonio y a pesar de lo que diga el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José lo que han vivido no se puede borrar:
Ya no somos las mismas personas, el restaurante tampoco es el mismo. Aquí fue donde pasó todo, donde nos casamos, donde la gente venía en tiempos como las elecciones de 2018 y la gente podía ser ellos mismos y esa construcción que hemos hecho en conjunto es bonita. Todo eso, todo el apoyo de la gente que se nos ha acercado, todo eso no se puede borrar y lo repetiríamos si tuviéramos que volver a hacerlo”.
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