Organización comunitaria presentó recurso de amparo y pide suspender intervención mientras Sala Constitucional analiza el caso.
La agrupación Salvemos el Bosque de Playa Panamá convocó a dos manifestaciones esta semana en rechazo al avance del proyecto turístico Bahía Papagayo, impulsado por Enjoy Hotels & Resorts, luego de que esta semana se diera a conocer que Sinac dio autorización para la corta de árboles en el área del proyecto.
Mientras la empresa ha adelantado que cortará 700 árboles en una primera fase, opositores al proyecto sostienen que la resolución del Sinac abarca la corta de miles de árboles dentro del área total intervenida.
De acuerdo con el comunicado, una de las concentraciones se realizará el martes 21 de abril a las 4:00 p.m. frente a la Sala Constitucional (Sala IV), mientras que otra fue convocada para el miércoles 22 de abril a la misma hora en Playa Panamá, en Carrillo, Guanacaste.
La organización compartió este afiche en sus redes sociales.
La organización informó además que este 16 de abril presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, en el que solicita como medida cautelar la suspensión inmediata de cualquier tala o intervención mientras se resuelven los procesos judiciales en curso. De acuerdo al colectivo, ya se ha movilizado maquinaria a la zona para iniciar las labores.
Antecedentes de un proyecto cuestionado
Bahía Papagayo se construirá en Playa Panamá, Carrillo, dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La inversión reportada ronda los $925 millones y pretende desarrollar un complejo con componente hotelero, residencial y comercial. El desarrollo ha enfrentado oposición comunitaria y ambiental por diversos motivos que a lo largo del 2025 mediatizaron el proyecto.
A inicios del año pasado vecinos y activistas denunciaron que el expediente ambiental minimizaba la presencia de bosque, humedales y cauces. Además, reclamaron la falta de una audiencia pública pese a tratarse de un proyecto clasificado como de alto impacto ambiental. En marzo de 2025 Setena empezó a tramitar una solicitud de nulidad contra la viabilidad ambiental, impulsada por Gad Amit Kaufman y presentada por el abogado Edgardo Araya. En el mes de noviembre Setena rechazó la solicitud.
Del mismo modo, tras estudiar un amparo por la falta de audiencia pública la Sala Constitucional resolvió en junio de 2025 que no era su competencia verificar si el proceso de consulta había sido realizado según los requerimientos de la legislación vigente. Setena, por su lado, adujo que no se valoró la posibilidad de realizar una audiencia pública porque no es obligatoria para todos los proyectos clasificados en categoría A (de impacto ambiental alto). Por su parte, Enjoy indicó que “en el reglamento de estudios ambientales de Setena, la audiencia pública solamente es necesaria cuando son proyectos en territorios indígenas, o los que Setena considere y en el nuestro no fue el caso”.
El caso no solo se complicó en vía administrativa. El año pasado trascendió que la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió en mayo una causa (expediente 25-000008-1791-PE) por el presunto delito de cambio de uso de suelo por lo que secuestró expedientes en la Municipalidad de Carrillo y en el ICT. Enjoy sostiene que se trata de un proceso judicial sin fundamento.
El momento más mediático, sin embargo, se registró cuando Enjoy Hotels aplicó un embargo preventivo y congeló las cuentas bancarias del activista Juan Bautista Alfaro Rojas, quien había cuestionado en un video los permisos ambientales otorgados al proyecto. La misma medida fue solicitada contra el economista Javier Adelfang, quien también criticó el proyecto en un video. Tanto Adelfang como la activista Lily Cabezas (quien enfrentaba un proceso similar por los mismos motivos) llegaron eventualmente a un acuerdo de conciliación con Enjoy Hotels.
Juan Bautista Alfaro Rojas es senderista y montañista aficionado.
Bautista no aceptó conciliar y describió el embargo como un ataque directo a la libertad de expresión. Por su lado, BLP, oficina legal de Enjoy Hotels sostuvo que “producto de la divulgación de información falsa” Bahía Papagayo “ha sufrido una gran cantidad de daños y tiene derecho a su resarcimiento”. El abogado Alejandro Rojas señaló que los cuestionamientos al proyecto respondían a un “ataque articulado, estructurado y planificado” que provenía de "una estructura y una organización mucho más poderosa que la empresa".
Las medidas de Enjoy, sin embargo, generaron alarma y un intenso debate en torno a las demandas slapp en Costa Rica y las consecuencias de la no aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Bloque Verde calificó el embargo preventivo como “inédito, inusual y desproporcional”.
Como resultado de la polémica que generaron las medidas contra los comunicadores y activistas el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un proyecto de ley (expediente 25.125) para reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil (Ley 9342), a fin de evitar que se apliquen embargos preventivos cuando una persona haya sido demandada por manifestaciones realizadas en el ejercicio de su libertad de expresión o participación en temas ambientales.
Render de Bahía Papagayo publicado por Enjoy Hotels.
Sala Constitucional
Con el paso del tiempo el caso sumó nuevos frentes en la Sala Constitucional. Por un lado, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez presentó una acción de inconstitucionalidad cuestionando la potestad absoluta del ICT en sobre el Polo Turístico Papagayo.
En su informe a la Sala Constitucional tras conocer la acción, la Procuraduría General de la República le recomendó al alto tribunal declarar inconstitucionales dos reglas clave del Polo Turístico Papagayo: el límite de 20 habitaciones por hectárea y el tope de construir en un 30% del terreno concesionado.
Según el criterio, esos parámetros se fijaron sin estudios técnicos suficientes sobre la capacidad ambiental del área, lo que podría permitir desarrollos incompatibles con los ecosistemas y violar el principio de no regresión ambiental, que prohíbe reducir los niveles de protección ya alcanzados.
Enjoy Hotels ya adelantó que si la Sala acoge la recomendación del procurador general y declara inconstitucionales esos dos incisos, evaluarán acciones legales en contra del Estado.
Render de Bahía Papagayo publicado por Enjoy Hotels.
El otro expediente en despacho de la Sala IV nació luego de que el comunicador y activista Sergio Ortiz Pérez interpuso un recurso de amparo contra el ICT tras analizar los alcances de una reforma al reglamento de las concesiones ubicadas en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Ortiz notó que el Decreto Ejecutivo 44448‑MP‑TUR (firmado por el presidente Rodrigo Chaves en mayo de 2024) introdujo el concepto de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” entre fincas concesionadas, inclusive si estas no son colindantes, siempre que estén bajo titularidad de una misma persona física o jurídica.
@sergio.ortiz.perez ATENCIÓN. DENUNCIA. PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO. Algo pasa en Papagayo y Rodrigo Chaves y Natalia Díaz lo saben. #RodrigoChavesPresidente #playapanamá #papagayopeninsula #periodismoCR #democracia #prensacr #puravida #derecholibreexpresion ♬ sonido original - Sergio Ortiz Pérez
En esencia, el ajuste permite que un concesionario de varias fincas (caso de Enjoy) pueda trasladar el derecho de construir (el limitado a 30%) de una finca a otra, amparándose en que el terreno inicial no utilizará esa capacidad. En su recurso de amparo, Ortiz aduce que la modificación permite “una concentración desproporcionada de edificaciones en ciertos sectores, sin respetar el equilibrio ecológico que se garantizaba antes”.
Avance del proyecto
En medio de todas estas disputas Setena confirmó en marzo pasado la viabilidad ambiental de Bahía Papagayo. Precisó, eso sí, que este visto bueno no implicaba, per sé, la autorización para ejecutar las obras, pues esa no es su competencia y existían diversos procesos legales en trámite. Sin embargo, con el visto bueno de Sinac recién informado Enjoy Hotels ya puede iniciar la tala de árboles.
Bahía Papagayo ha sostenido a lo largo del proceso que desde el origen del proyecto ha trabajado “bajo un modelo de desarrollo responsable, respetuoso de la ley y alineado con los más altos estándares ambientales del país”.