Proyecto busca intervenir 117 hectáreas en sector concesionado bajo el marco del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

La Sala Constitucional (popularmente conocida como Sala IV), admitió a estudio un recurso de amparo que denuncia posibles irregularidades en el proyecto habitacional "Proyecto Bahía Papagayo" que se pretende levantar en Playa Panamá en el distrito de Sardinal, en el cantón de Carrillo, Guanacaste.

El desarrollo inmobiliario busca realizar una inversión cercana a los 925 millones de dólares para intervenir 117 hectáreas y levantar hoteles, residencias, canchas deportivas y mucho más. Esta obra es desarrollada por la empresa ENJOY HOTELS & RESORTS S.A, representado por Andrés Pacheco Albónico, y parte de Enjoy Group cuyo dueño es Rubén Pacheco Lutz, exministro de Turismo en la administración Pacheco de la Espriella.

Cuestionada viabilidad

La viabilidad ambiental D1-0170-2021-SETENA, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en 2021, hoy es señalada. El futuro proyecto aparentemente intervendrá una zona rica en bosques maduros, secundarios y humedales estuarinos, ecosistemas vitales para la biodiversidad local y que gozan de protección en la legislación nacional.

El proyecto se clasificó por la Setena "de alto impacto ambiental (categoría A)", pero fue aprobado sin realizarse una audiencia pública como exige la normativa, según denunció en el amparo el activista ambiental de la localidad, Gad Amit Kaufman. 

El recurso, que se tramita bajo el expediente 25-012448-0007-CO, señala que en una encuesta aplicada por la empresa a 67 personas, el 88% manifestó desconocer el proyecto. El recurrente, representado por la firma legal Adarga Soluciones del abogado ambientalista Edgardo Araya Sibaja, puntualizó que ese mecanismo no sustituye una audiencia pública ni cumple con los estándares legales ni democráticos de una consulta.

Araya Sibaja destacó a este medio de comunicación que la empresa nunca consultó a las comunidades sobre este proyecto y las afectaciones que conllevaría.

Hicieron un arremedo de encuesta a muy pocas personas, de las cuales muchas de ellas ni siquiera conocían el proyecto y, aún así, Setena consideró que estaba cumplido esa obligación de consultarle a la ciudadanía sobre la realización de un proyecto que impacta directamente no solo sobre el ambiente, sino sobre la vida de las personas".

El desarrollo inmobiliario pretende realizar una inversión cercana a los 925 millones de dólares para intervenir 117 hectáreas. Fotografía de cortesía.

Además, el recurso sostiene que el estudio de impacto ambiental carece de análisis social serio, al omitir diagnósticos sobre conflictos territoriales, actores comunales relevantes o posibles efectos diferenciados sobre grupos vulnerables como pescadores, mujeres o personas adultas mayores. Además, señala que el estudio aprobado por Setena se limita a recopilar datos secundarios sin procesos deliberativos reales.

Ante esta situación, este 12 de mayo, la Sala IV ordenó a la Setena y al viceministro de Ambiente, rendir un informe único sobre los hechos alegados en el recurso de amparo. Este informe debe presentarse dentro de un plazo de tres días hábiles y debe de incluir en orden cronológico toda la documentación relacionada con el caso.

Amit Kaufman comentó a Delfino.cr que en el recurso de amparo cuestionan el hecho de que todo se hace a espaldas de la comunidad.

No se ha cumplido con una serie de requisitos, entre ellos la consulta popular. Los vecinos y gente de la zona  no conocen el proyecto. A parte del tema ambiental, le podría agregar elementos administrativos que todavía no hemos cuestionado, pero que vamos a cuestionar".

Araya Sibaja mencionó que anteriormente solicitaron a Setena una revisión del permiso dado ya que consideran que no se tomó en cuenta que en el sitio existe un bosque. Además, en apariencia, el estudio ambiental omite aspectos como la presencia de humedales, esteros y los posibles impactos al recurso hídrico, sin incluir medidas de mitigación.

Problemática ambiental

El amparo puntualiza que la viabilidad fue otorgada al proyecto en terrenos de propiedad estatal concesionados bajo el marco del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, una iniciativa del Estado costarricense, establecida por ley, que representa una excepción al régimen ordinario de la Zona Marítimo Terrestre.

Esta área está bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y tiene como objetivo promover el desarrollo turístico sostenible del país. El proyecto comprende zonas del cantón de Carrillo y Liberia, en Guanacaste, y todas las tierras bajo esa figura se otorgan en concesión, no en propiedad privada.

Una de las concesiones se otorgó a la mencionada Enjoy Group. Esa empresa recibió autorización en 2005 para desarrollar un proyecto turístico en el terreno dividido en cinco lotes. La concesión debía ejecutarse en un plazo inicial de 20 años, y pese a no haber desarrollado ninguna construcción en ese tiempo, recibió una prórroga de nueve años adicionales.

Amit Kaufman, activista y presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, explicó que la forma en que se manejó este proyecto genera dudas y preocupación entre las personas de la zona, quienes alegan múltiples irregularidades tanto en el cumplimiento del contrato como en los procedimientos ambientales.

El terreno en cuestión, según dijo, está cubierto casi en su totalidad por bosque. Dentro de este atraviesa una quebrada intermitente que desemboca en el manglar de playa Panamá. Este ecosistema, que se alimenta tanto de agua dulce proveniente de la quebrada como de agua salada del mar, es vital para la biodiversidad y la protección costera.

El activista denunció que en el sitio hay árboles maduros marcados para ser talados. Fotografía de cortesía.

El activista señaló que el proyecto provocaría un daño irreversible al manglar y afectaría el corredor biológico de fauna como monos, mapaches y pizotes, que representan precisamente el atractivo natural que impulsa el turismo en la zona.

Por medio del terreno que estamos impugnando corre una quebrada. Esta quebrada tiene la importancia de que, cruzando la calle, desemboca en la zona del manglar de playa Panamá".

Agregó que la empresa inmobiliaria ha realizado prácticas como la "socola". Esta acción consiste en eliminar vegetación baja y árboles jóvenes, lo que modifica el ecosistema forestal y puede facilitar un cambio de uso de suelo, pese a que legalmente aún se considera bosque.

Ante esto, el abogado Araya Sibaja explicó que se apersonarán a un proceso penal abierto en la Fiscalía de Santa Cruz por presunta tala ilegal en el área del proyecto. 

Encontramos una serie de irregularidades dentro de esa viabilidad. Entre ellas, por ejemplo, que nunca se le indicó a Setena que ahí había bosque, lo cual nos recuerda asuntos que han estado saliendo la luz pública el día de hoy".

El terreno atraviesa una quebrada intermitente que desemboca en un manglar cercano a playa Panamá. Fotografía de cortesía.

Proyecto para personas de alto nivel económico

Amit Kaufman mencionó que el proyecto está orientado a la gentrificación ya que pretende principalmente la venta de condominios de lujo a extranjeros.

Según el documento de la viabilidad ambiental, el Proyecto Bahía Papagayo es un complejo turístico y habitacional de gran escala que integrará residencias, hoteles, componentes de condohotel, lotes residenciales, zonas de uso mixto y oficinas, todo con acceso a servicios básicos y recreativos. Esta sección alojará a más de 240 huéspedes y contará con habitaciones equipadas, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, tiendas, salones de eventos, áreas administrativas y alojamiento para empleados, además de toda la infraestructura vial necesaria.

También se desarrollarán unidades habitacionales con parqueos, áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios y salones multiusos. Adicionalmente habrá una Casa Club y un Country Club con salones de eventos, jacuzzi, sauna, gimnasio, canchas de fútbol, tenis y minigolf, además de senderos, juegos infantiles y áreas verdes.

Una sección de uso mixto estará destinada a centros educativos, museos, capilla, escuela, plaza de deportes y otros espacios culturales y comunitarios.

Amit Kaufman añadió:

No es un proyecto para ticos, es todo un proyecto para extranjeros.  Condominios y lotes para construir casas para extranjeros de nivel económico alto, lo que se llama gentrificación".

En este contexto, el activista compartió que buscan no solo frenar el proyecto actual, sino también abrir una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo turístico en Costa Rica. Plantean que, en lugar de megaproyectos que alteran ecosistemas y excluyen a las comunidades, se debe optar por alternativas más sostenibles que protejan el patrimonio natural y mantengan la identidad ecológica del país.