El 2 de agosto de 2025, el movimiento ecologista costarricense se sacudió con un caso inédito: un activista ambiental, conocido por caminar los bosques y por su crítica social, amaneció con sus cuentas embargadas. Juan Bautista Alfaro, “Juamba Caminando”, denunció públicamente la tala en Playa Panamá, Guanacaste, donde se desarrolla el megaproyecto Bahía Papagayo. La respuesta no fue el diálogo, sino un embargo preventivo por hasta $40.000 y una querella penal por difamación de persona jurídica.

En ese momento, la indignación se centró en la aparente desproporción: un ciudadano sin bienes significativos era sometido a una medida que ponía en jaque su estabilidad personal y familiar. Se habló de litigios que no buscan ganar en tribunales sino desgastar emocional y económicamente a la contraparte, y desincentivar la participación pública, conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Hoy el caso ha cambiado de forma, pero no de fondo.

De los likes a los tribunales

Enjoy Hotels & Resorts S.A., la empresa detrás del megaproyecto Bahía Papagayo, es un grupo costarricense del sector turístico e inmobiliario. La compañía sostiene que cuenta con los permisos ambientales necesarios y que las denuncias de Alfaro contienen afirmaciones falsas que dañan su reputación, lo que motivó la querella penal y el embargo preventivo.

De los cuatro creadores de contenido inicialmente demandados, dos conciliaron: Lily Cabezas y Javier Adelfang reconocieron inexactitudes en sus publicaciones, bajaron videos y quedaron fuera del proceso. Una tercera, Evangelina González, que vive fuera del país, eliminó sus contenidos y la empresa valora desistir.

El único que permanece bajo embargo y con la querella penal activa es Juan Bautista Alfaro. Los embargos preventivos en casos de expresión pública se consolidan como un mecanismo de censura indirecta. La medida cautelar aplicada a Juan Bautista no solo le quita acceso a sus ingresos; también envía un mensaje al resto de la sociedad: cuidado con hablar demasiado alto.

Juristas coinciden en que este tipo de medidas tiene un efecto inhibidor comparable al de sanciones penales. Y lo más preocupante: se ejecutan antes de que haya un juicio que determine si realmente existió difamación. En otras palabras, primero se castiga y después se discute.

Un permiso que no debió concederse

Más allá del ruido mediático, el punto neurálgico está en la institucionalidad ambiental. El megaproyecto Bahía Papagayo cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), pese a que en el área existía cobertura boscosa.

El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo contra esa viabilidad (resolución N.º 2025016284), con lo cual el permiso quedó en firme. Mientras tanto, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió de oficio una causa por presunta tala ilegal en la zona y pidió información a Setena, además de revisar una gestión de nulidad interpuesta por una asociación local.

¿Cómo se explica esta contradicción?  La Ley Forestal (N.º 7575), aprobada en 1996, fue un hito que permitió revertir décadas de deforestación. Su artículo 1 establece que la conservación, protección y uso sostenible de los bosques es un deber del Estado y el artículo 13 afirma que los terrenos con cobertura boscosa bajo dominio público forman parte del Patrimonio Natural del Estado.

En teoría, esta normativa convirtió a Costa Rica en un ejemplo mundial: se frenó la deforestación y se recuperó la cobertura forestal a más del 60 %. Pero en la práctica, casos como el de Bahía Papagayo muestran que su aplicación puede ser laxa cuando hay megaproyectos turísticos de por medio.

Así, Setena sigue otorgando permisos exprés, sin inspecciones exhaustivas y con resoluciones que parecen pasar por alto la existencia del bosque. Y lo hace mientras un activista es castigado por advertir lo mismo que la institucionalidad debería haber prevenido.

Un país verde en la foto, pero no en el espejo

Costa Rica ha sido reconocida por recuperar su cobertura forestal y por su matriz energética limpia. Sin embargo, casos como el de Playa Panamá muestran la distancia que existe entre la narrativa verde y la realidad institucional.

No basta con leyes progresistas ni con tratados internacionales firmados. Si Setena continúa otorgando permisos sin controles rigurosos, si la Sala IV rechaza recursos sin atender la dimensión socioambiental y si los tribunales permiten embargos que silencian voces, el discurso oficial pierde legitimidad.

El espejo nos muestra un país donde los megaproyectos avanzan sin inspecciones rigurosas, los bosques retroceden y quienes los defienden son llevados a juicio. El caso de Juan Bautista no es un episodio aislado ni una disputa personal con una empresa. Es un síntoma de cómo el modelo de desarrollo turístico en Guanacaste —basado en megaproyectos de lujo— choca con la protección de los bienes comunes.

Es también un recordatorio de lo que está en juego: el derecho de cualquier persona a participar en decisiones ambientales, a cuestionar permisos y a señalar riesgos sin miedo a la represalia y las pérdidas. Los bosques son bienes comunes, patrimonio de todos, y así lo reconoce nuestra ley. Defender un bosque en nuestro país no debería costarle la estabilidad económica a una familia.

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