Este año Araya Leandro se inauguró como rector. En cuestión de meses, su gestión se puso cuesta arriba.
El ingreso de Araya a la rectoría el 1 de enero de 2025 llegó con un ajuste significativo en la gestión administrativa de la UCR. El nuevo rector tomó una serie de medidas que rápidamente lo colocaron en el centro de una tormenta mediática. Su respuesta por ahora ha sido aducir que se trata de ataques contra la universidad y contra él. Además, ha invocado constantemente a la autonomía universitaria para justificar sus decisiones.
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DatoD+: Precisamente este martes 22 de abril se celebrará la conferencia “Autonomía Universitaria: alcances y limitaciones”, impartida por Jeffry Chinchilla Madrigal, nuevo jefe de la Oficina Jurídica de la UCR. El Consejo Universitario de la UCR compartió la invitación al evento en su Facebook. |
Antes de entrar de lleno en 2025 es importante recordar que Araya fue una de las cinco personas que en agosto del 2024 formalizó su candidatura a la Rectoría y que semanas después, el 18 de setiembre, resultó electo (derrotó en segunda ronda a Alberto Cortés Ramos 1159 votos a 1030). “Pondré todo mi empeño y energía en defensa de la Universidad. Nuestra victoria es una del Estado Social de Derecho” dijo ese día.
Inicialmente cinco personas presentaron su candidatura a la Rectoría: Javier Trejos Zelaya, Alberto Cortés Ramos, Oldemar Rodríguez Rojas, Carlos Araya Leandro y José Ángel Vargas Vargas.
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DatoD+: Araya inició su vínculo con la UCR en 1996 como docente en la Sede del Atlántico, donde también fue coordinador de docencia y director. Entre 2012 y 2020, ocupó el cargo de vicerrector de Administración. En 2020, asumió la rectoría de manera interina durante la pandemia de COVID-19. En 2022 ingresó al Consejo Universitario como representante de las Sedes Regionales. Hoy día ocupa una silla en el CU como rector. |
Durante su campaña, el tema del Régimen Salarial Académico fue, por supuesto, un punto clave para sumar votos. Por ejemplo, se creó un chat con cientos de profesores “jóvenes” de la UCR. Distintas capturas de pantalla de ese chat fueron publicadas por Central de Noticias en un reciente reportaje:
Delfino.CR tuvo acceso al testimonio (protegido por razones obvias) de una de las integrantes del chat, quien comentó: “Él (Carlos Araya) como miembro del Consejo Universitario iba por todas las asambleas de facultad prometiéndonos aumentos de un millón de colones a los catedráticos jóvenes, luego Jessie Reyes que fue su jefa de campaña, pareja sentimental y ahora rectora adjunta (designada por Araya) hizo un chat de WhatsApp con cerca de 200 profesores jóvenes para asesorarnos en el traslado al nuevo régimen”.
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DatoD+: En el reportaje de OPA se compartió evidencia de viajes dentro y fuera del país de Araya y Reyes en pareja. Además, se dio a conocer que existe un expediente en el Poder Judicial contra Araya por infidelidad. |
Ahora bien, teniendo claro el contexto político-electoral que llevó a Araya a la Rectoría: ¿cuáles son las polémicas que en tan solo cuatro meses de gestión ha enfrentado su oficina? Las iremos abordando una por una, pero para entenderlas mejor es prudente retomar el formato de línea de tiempo.
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DatoD+: En su discurso de juramentación, Araya destacó su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria y la educación pública. Entre sus objetivos destacó fortalecer la regionalización, promover la equidad, impulsar la transformación digital y mejorar la rendición de cuentas en la UCR. |
📌 Enero 2025: Rectoría “corrige” la R-116-2024 y reactiva los transitorios mágicos
El 21 de enero de 2025, el rector Carlos Araya Leandro firmó la Resolución R-13-2025, con la que modifica varios aspectos clave de la Resolución R-116-2024, emitida ocho meses antes por Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien había ejecutado el RRSA bajo protesta.
La nueva resolución parte de una premisa directa: que la R-116-2024 “desaplicó” los transitorios 3 y 8 del reglamento, y omitió por completo la aplicación del transitorio 5, dejando inoperativas disposiciones clave para la ejecución del RRSA.
De acuerdo a la nueva Rectoría esa medida de la R-116-2024 contraviene la jerarquía normativa institucional, ya que el RRSA fue aprobado por el Consejo Universitario, órgano superior a la Rectoría en la cadena normativa.
En consecuencia, la R-13-2025 restituye la aplicación de los transitorios 3, 5 y 8, si bien deja claro que su aplicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
También redefine aspectos operativos clave:
- Reestructura la Comisión de Traslado, subordinándola directamente al rector y ampliando su composición técnica.
- Establece tres periodos anuales de traslado (febrero, abril y agosto), con resultados obligatorios en marzo, junio y octubre.
- Le otorga a la Comisión la potestad de definir el procedimiento de traslado antes del 15 de marzo de 2025, y la facultad de modificarlo según “la conveniencia institucional”.
- Elimina los criterios de priorización introducidos en la R-116-2024 (mérito académico, equidad de género y distribución por áreas y sedes), sin establecer ningún mecanismo alternativo para ordenar los traslados en caso de limitación presupuestaria. A la fecha, no existe claridad sobre qué criterios se aplicarían si no hay fondos suficientes para atender todas las solicitudes.
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DatoD+: El Rector Araya colocó al frente de la “Comisión de Traslado” renovada a Jessie Reyes Carmona, a quien de previo había nombrado como su mano derecha en la secretaría Académica de la rectoría. |
Con la R-13, Araya envió un mensaje político nítido: el RRSA volvía a caminar con fuerza propia, liberado de las trabas internas impuestas durante la administración anterior. El documento también marcó la reconexión entre el Consejo Universitario y la Rectoría, una alianza reinstaurada tras el triunfo electoral de Araya y su llegada al poder.
Frase destacada: “Se ha detectado un rozamiento entre la Resolución de Rectoría R-116-2024 y el Reglamento del régimen salarial académico […], en tanto dicha resolución desaplicó el RSA e incluyó otros parámetros de prioridad.”
📌 Febrero 2025: La lista que aparece y desaparece
Poco después de la R-13, la Rectoría subió a su sitio web la lista de docentes que habían solicitado el traslado al régimen salarial académico, algunos por ascenso legítimo, pero otros gracias a los recién resucitados transitorios 3 y 8. La lista, que incluye a funcionarios que apoyaron el RRSA desde el Consejo Universitario fue posteriormente retirada de la web, pero Delfino.CR tiene una copia.
📌 Febrero 2025: El escándalo que hizo retroceder al rector
El 17 de febrero de 2025, el rector Carlos Araya Leandro firmó la Resolución R-75-2025, mediante la cual establece una nueva escala salarial bajo la figura de “Carrera Universitaria”. Esta categoría se aplicaría a puestos de dirección y jefatura en oficinas administrativas y vicerrectorías, ocupados por personal con plaza docente, a quienes se les reconocería salario global al margen de los mecanismos de ascenso tradicionales.
La resolución incluía:
- La homologación directa de estos puestos con categorías superiores del Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA).
- La posibilidad de traslado inmediato al salario global definitivo, sin necesidad de concurso ni ascenso posterior al 10 de marzo de 2023.
- La eliminación de la escala previa conocida como “Carrera Administrativa / Consulta Externa” (que en la práctica solo aplicaba a puestos vinculados a la Ley de Incentivos Médicos) y su sustitución por una figura completamente nueva: la “Carrera Universitaria”, sin base legal ni definición normativa. Esta reinterpretación permitía asignar salarios distintos según si la persona a cargo del puesto tenía plaza docente o no, lo cual viola el principio de la LMEP de que el salario esté ligado al puesto, no a la persona.
Aunque presentada como una actualización técnico-administrativa, el contenido detonó una crisis política interna que rápidamente se convirtió en un escándalo nacional.
La resolución fue filtrada a la prensa antes de ser publicada oficialmente, y la reacción mediática y universitaria fue inmediata y crítica: se acusó a Araya de abrir un portillo salarial para beneficiar a 22 personas nombradas por él mismo en puestos de confianza, burlando el principio meritocrático que había defendido durante su campaña.
Un sonado reportaje de Central de Noticias (OPA) fue parte de la cobertura mediática que inició a partir de la R-75-2025.
En respuesta, el rector detuvo la publicación oficial en La Gaceta Universitaria, lo cual impidió su entrada en vigencia. Además, anunció la suspensión temporal de su aplicación.
Fue el primer gran revés público de su administración y el episodio que sacó al RRSA del circuito interno para colocarlo en el centro de la controversia nacional.
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DatoD+: Es clave entender que fue este desliz el que puso todas las lupas sobre el rector, pues distintos medios de comunicación publicaron la noticia y aludieron al alcance de los ajustes salariales, lo que generó indignación masiva. |
📌 Febrero 2025: El escándalo de los edificios y el vínculo con Cotter Murillo
La polémica más mediática de todas las aludidas (merced a un sonado allanamiento el 5 de febrero pasado) no guarda vínculo con la aprobación del RRSA pero no solo acrecienta la crisis reputacional que atraviesa la UCR sino que también le saltó a Araya sobre el escritorio.
¿Qué pasó? Entre 2012 y 2020, la UCR ejecutó varias obras de infraestructura financiadas por el Banco Mundial. Con el tiempo, salieron a la luz serias deficiencias en al menos cuatro de esos proyectos: fallas estructurales, filtraciones, omisiones de equipo y problemas eléctricos.
En su momento, la Contraloría Universitaria había advertido que el funcionario Kevin Cotter Murillo, responsable de supervisar algunas de esas obras, había incumplido sus deberes, pero en 2020, cuando Carlos Araya Leandro, era el rector interino, decidió archivar el expediente disciplinario con apenas una llamada de atención a Cotter.
En febrero pasado, el Ministerio Público detuvo a Cotter (junto a otra funcionaria) por presunta participación en pagos irregulares y falsedad en la recepción de obras, incluida la del Ciclotrón, una infraestructura clave para el tratamiento del cáncer.
La Fiscalía actuó con premura al sospechar que Araya, ahora como rector titular, podría devolver a Cotter a un puesto de influencia y obstaculizar la investigación.
Luego del allanamiento en febrero, el Consejo Universitario presentó su propia denuncia penal y, poco después, la Procuraduría de la Ética Pública recibió una denuncia contra Araya por presunta negligencia: “Su inacción y posible negligencia administrativa han permitido que se generen pagos indebidos y deficiencias en infraestructura financiada con recursos estatales e internacionales”.
El rector niega toda responsabilidad, alega que enfrenta una campaña de desprestigio y dijo que “es un error atribuir al Vicerrector de Administración funciones de supervisión sobre la OEPI”.
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DatoD+: La OEPI es la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica. Es una dependencia encargada de coordinar, supervisar y ejecutar proyectos de infraestructura financiados con recursos extraordinarios, como préstamos o donaciones internacionales —por ejemplo, el Programa de Mejoramiento Institucional con el Banco Mundial. |
Lo que Araya no dijo en su descargo es que parte de las responsabilidades de la Vicerrectoría de Administración es dirigir la Comisión de Planta Física. La comisión define los proyectos de infraestructura a contratar y ejecutar y le da seguimiento a las contrataciones. Araya ocupó el cargo de vicerrector de Administración entre 2012 y 2020. En 2020, asumió la rectoría de manera interina durante la pandemia de COVID-19.
📌 Marzo 2025: Araya y el SINDEU se alinean para reabrir el caso del escalafón administrativo
El 5 de marzo de 2025, la Rectoría de Carlos Araya Leandro y el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) firmaron un comunicado conjunto que resulta particularmente importante porque alude a otros dos frentes salariales abiertos dentro de la UCR (no relacionados directamente con el RRSA).
En concreto, son dos los anuncios que llaman la atención en este comunicado.
Sobre el escalafón administrativo
La Mesa negociadora de políticas salariales anunció que revisará los dictámenes jurídicos emitidos por la anterior Oficina Jurídica que habían declarado ilegal e inconstitucional el pago del escalafón administrativo (OJ-410-2024 y OJ-450-2024).
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DatoD+: El escalafón administrativo fue un sistema de incentivos salariales en la UCR que otorgaba aumentos anuales al personal administrativo con base en la evaluación del desempeño. Funcionaba como un complemento adicional a la anualidad, lo que en la práctica significaba una duplicación de incentivos por el mismo criterio. Aunque su pago fue suspendido desde 2020, nunca fue eliminado formalmente de los reglamentos institucionales, por lo que el SINDEU ha sostenido que sigue vigente. La aplicación simultánea del escalafón y la anualidad fue uno de los mecanismos de crecimiento más acelerado del salario compuesto en la UCR durante años. |
En octubre y diciembre de 2024, la Oficina Jurídica de la UCR —bajo la dirección de David Fallas Redondo— concluyó en los dos dictámenes aludidos que el pago del escalafón administrativo era ilegal e inconstitucional, ya que violaba la sentencia 06935-2019 de la Sala Constitucional y los principios establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (9635) y la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
La OJ determinó que pagar el escalafón equivalía a reinstalar un incentivo eliminado por ley, lo que podría generar responsabilidad administrativa y patrimonial para las personas que lo autorizaran. La recomendación fue rechazar su reactivación, eliminarlo de los reglamentos y no incluirlo en nuevas convenciones colectivas.
El SINDEU sostiene que no solo debe mantenerse el escalafón administrativo sino que también debe pagarse lo que dejó de reconocerse por ese incentivo desde que fue suspendido.
La frase: “La Administración Universitaria ve necesario y urgente revalorar los dictámenes de la Oficina Jurídica de la UCR, oficios OJ-410- 2024 y OJ-450-2024, con los que la Administración Universitaria anterior (2021-2024), negó el pago de la deuda, que mantiene la institución con las personas funcionarias correspondientes, por el concepto de pago del Escalafón Administrativo”.
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DatoD+: Sobre la posibilidad de esta “revaloración”, el propio David Fallas dijo días después: “De una vez, advierto que eso significaría abrir otro frente más para la Universidad, pues no dudo que se estaría ante un pago ilegal e inconstitucional”. |
Sobre pagos por dedicación exclusiva
La Mesa negociadora de políticas salariales anunció que en el caso de los funcionarios que tengan contratos de dedicación exclusiva “en resguardo de los derechos laborales, el principio de buena fe, el principio de confianza legítima y el principio de in dubio pro operario, no solicitara de momento, ningún trámite de reintegro a las personas trabajadoras (...)”.
Esta decisión debe entenderse a la luz de un informe de la Contraloría General de la República (DFOE-CAP-IAD-00009-2023), que en noviembre de 2023 encontró pagos improcedentes en la UCR por conceptos como incentivos mal calculados y contratos de dedicación exclusiva con porcentajes superiores al 25% permitido por la Ley Marco de Empleo Público.
El rector Araya intentó cuestionar y desacreditar a la anterior Oficina Jurídica. El gesto encendió las alarmas de sus compañeros.|
DatoD+: En una reciente entrevista con Amelia Rueda Fallas volvió a criticar directamente la resolución R-13-2025, impulsada por Araya en enero de 2025, señalando que abre la puerta para trasladar a salario global a personas que no cumplen con los requisitos legales (es decir, sin ascenso posterior al 10 de marzo de 2023). Explicó que durante su gestión nunca se avaló algo así, y que su dictamen del 31 de diciembre fue claro al rechazar esa interpretación |
La frase: “La transparencia no se acredita con palabras, se demuestra con actos”.
El exdirector de la Oficina Jurídica envió un mensaje claro a Araya: “La transparencia no se acredita con palabras, se demuestra con actos”.
📌 Abril: El Consejo Universitario empieza a reaccionar
Para la siguiente sesión (6889), el 3 de abril, el Consejo Universitario ya respiraba un ambiente tenso, a pesar de que ese día el rector Araya no estuvo presente. Recordemos que la conformación del CU es distinta a la del 2023, pero algunos de los integrantes de aquel entonces (cuando se votó el RRSA) siguen a bordo. En cuenta, William Méndez Garita, representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, una de las voces que, hay que recordarlo, levantó las alertas desde la sesión 6768 del 14 de diciembre de 2023.
Don William tomó la palabra el 3 de abril pasado para hacer una de las intervenciones más duras y autocríticas que se hayan escuchado recientemente en el plenario universitario.
En resumen, durante su intervención Méndez:
- Denunció la incapacidad del CU para actuar con diligencia ante casos de corrupción y se incluyó en la crítica “qué ingenuidad la mía”.
- Recordó que ese mismo órgano había aprobado “con mi voto en contra” un régimen salarial docente “sin estudios” y sentenció “¡Si hemos cometido errores reconozcámoslo!”
- Instó al CU para que reaccionara a las críticas e investigara todo lo que estaba ocurriendo “No podemos quedarnos callados, tenemos que hacerlo, ¡el país nos lo demanda!”.
- Recordó la existencia del Código de Ética de la UCR y dejó claro que él no le iba a preguntar a nadie si tenía conflictos de interés en esta discusión pero sí dijo que “si alguien tiene que abstenerse y recusarse e inhibirse hágalo de una vez”.
Frase destacada: “Yo digo que tenemos que investigar, tenemos que denunciar, tenemos que ser intolerantes contra la corrupción, tenemos que decir ¡basta ya! Esta universidad lo merece, aunque sea lo último que haga en este consejo universitario, aunque pida mi destitución, voy a luchar las próximas horas porque levantemos el prestigio de esta universidad en lo ético”.
También es digna de rescatar una frase de Esperanza Tasies Castro (representante de las Sedes Regionales) quien tuvo palabras mayores para aludir a la crisis: “Ha sido el más difícil contexto que ha vivido la Universidad de Costa Rica desde hace muchas décadas”.
La sanción que terminó en ascenso
El 5 abril de 2025 La Nación reveló que el rector Carlos Araya Leandro nombró como director del Centro de Informática a un funcionario (Alonso Castro Mattei) al que él mismo había sancionado en 2020, cuando ocupaba la rectoría interina.
El caso se remonta a la plaza N.° 2016, cuyo descongelamiento fue solicitado por el propio Castro Mattei, entonces jefe del Centro de Informática. Posteriormente, participó en el concurso que él mismo tramitó, y resultó elegido para ocupar el puesto en propiedad. La Oficina de la Contraloría Universitaria (OCU) concluyó que el funcionario incumplió el deber de abstención y debilitó el sistema de control interno. La sanción impuesta por Araya fue una amonestación escrita.
Cinco años después, el mismo funcionario fue designado por Araya como director del Centro, ahora en calidad de puesto de confianza. El nombramiento fue cuestionado públicamente y actualmente es investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, bajo la causa 25-000035-1218-PE.
El caso ha generado nuevas interrogantes sobre los criterios de selección aplicados por la Rectoría, especialmente en el contexto del reglamento salarial y la designación de funcionarios cercanos a las altas autoridades universitarias.
📌 Abril: Carta de MIDEPLAN sacude al Consejo Universitario
El 8 de abril se celebró la sesión 6890 y fue otra jornada eléctrica a pesar de que una vez más, el rector Araya no pudo asistir por agenda.
El CU discutió la carta de la ministra de Planificación, Marta Esquivel Rodríguez, solicitando la suspensión del RRSA por falta de sustento técnico y jurídico. Si bien la carta de Mideplan no es vinculante para la UCR dejaba claro que el escrutinio externo empezaba a ejercer más presión sobre el CU, que en esta sesión toma una medida inmediata de contención, pues reconoció por primera vez la necesidad de revisar el RRSA formalmente, abriendo la puerta a reformas o ajustes.
Ilka Treminio Sánchez (Ciencias Sociales) presentó entonces una moción para crear una comisión especial interna encargada de analizar a fondo el RRSA, sus bases jurídicas y técnicas, y su implementación actual. Se planteó, además, que la comisión rindiera un informe en un máximo de cuatro meses. Para garantizar independencia, se estableció que solo podrán integrarla personas que no participaron en la redacción o aprobación del reglamento. La moción fue aprobada por 8 votos a favor y 1 en contra.
La frase: “ No es aceptable descalificar el mensaje de los medios (...) sepamos revisar críticamente nuestro accionar”.
Bonus track: “No podemos entregar nuestra autonomía ni nuestra credibilidad. Lo que está en juego no es solo un reglamento, es la confianza de nuestra gente”.
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DatoD+: Durante su intervención Treminio dijo que más de 500 personas se acogieron al RRSA “porque confiaron en los procesos institucionales y tomaron decisiones en consecuencia”. |
La 6890 fue una sesión tensa. Keilor Rojas Jiménez (Área de Ciencias Básicas) y Sergio Salazar Villanea (Área de Ciencias Agroalimentarias) defendieron con vehemencia el RRSA. Ambos acotaron que sí existe un estudio actuarial pero ninguno señaló que llegó 11 meses después de la aprobación del RRSA…
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DatoD+: Durante su intervención Salazar indicó que 318 docentes se han trasladado aplicando el RRSA. Si bien no aludió a su caso particular su nombre sí aparecía en la lista de solicitudes que la Rectoría subió y luego eliminó. |
La frase: “Yo creo que es importante que nosotros en este momento demos un respaldo al trabajo que se venía realizando y demos un respaldo al futuro de esta institución respaldando el régimen salarial acá” (Sergio Salazar Villanea).
Otro detalle importante de la sesión es que incluyó un reproche de Esperanza Tasies Castro al rector Araya por el uso de comunicaciones de la rectoría “como medio para cuestionar la seriedad de otras instancias universitarias”. Tasies aludía recientes circulares de la Rectoría descalificando la gestión de la anterior Oficina Jurídica.
La frase: “Estas aseveraciones descalifican ante la opinión pública no sólo a la Oficina Jurídica, sino a esta casa de estudios y a sus comunidades universitarias”.
La intervención más severa, sin embargo, llegó cortesía de William Méndez Garita, quien reconoció la importancia de atender la salud laboral y emocional de los docentes (punto en al que Treminio había aludido) pero recordó que “en el momento que se aprobó el régimen salarial académico, este servidor de ustedes había manifestado su disconformidad con el procedimiento que se siguió número uno, con las razones por las cuales no debía de aprobarse, aspectos que reiteré en diferentes momentos”.
Méndez fue más allá e incluso votó en contra de la moción de Treminio, que todos los demás respaldaron. ¿Su motivo? Considera que el propio RRSA es nulo de nacimiento y que por lo tanto es imposible de enmendar o rescatar. Insistió en eximir de culpa a los docentes pues “fueron llevados a esto en una discusión polarizada en este consejo universitario que terminó tomando decisiones que no fueron decisiones de consenso, fueron decisiones de mayoría simplemente”.
La frase: “hay diferentes criterios que fueron señalados en su oportunidad y una otra vez, indicando por qué el régimen salarial tenía una serie de aspectos que teníamos que revisar y que no podía aprobarse en las condiciones en las que se aprobó”.
Con respecto al famoso estudio actuarial don William no dejó espacio para la duda: “Pero lo cierto, lo único cierto, es que el día en que se aprobó el régimen salarial no existía dictamen pericial técnico actuarial ni existía ningún informe técnico, actuarial. Lo dije antes y lo digo ahora. Eso está en actas y es prueba fiel”.
Su discurso, además de emotivo, no fue particularmente optimista. Allá donde sus compañeros de mesa todavía encuentran luz de optimismo Méndez deja entrever el escenario que espera: “Entonces, docentes, disculpas de verdad. Lamento que ustedes hayan sido llevados a este extremo. Ustedes no son culpables de esto. Somos nosotros las autoridades universitarias las que tenemos que asumir esa cuota de responsabilidad y pagar las consecuencias en el caso de que esta universidad sea demandada por este asunto particular. Todos aquí y los anteriores miembros del consejo somos responsables y no lo vamos a poder evitar si eso llega a ocurrir”.
📌 Abril: La última sesión antes de Semana Santa
El CU celebró su última sesión (la 6891) antes de Semana Santa, el 10 de abril. Una vez más, Araya no asistió por motivos de agenda. El representante de los colegios profesionales, William Méndez Garita, por su parte, también repitió su patrón: alzó la voz en un discurso cargado de indignación y determinación ética.
William Méndez sostuvo durante la sesión que hay personas en la UCR que no se toman el Código de Ética Institucional en serio.
Frente al creciente escándalo defendió el valor de la denuncia, advirtió sobre represalias internas y cuestionó el uso perverso de la autonomía universitaria como escudo de impunidad:
“La autonomía no es un sinónimo de impunidad, no es un permiso para que nadie se sienta en libertad de robarle a las y los costarricenses”.
Méndez dejó entrever que enfrentaba presiones personales (“que me quede callado”, “que piense en mi futuro en la UCR”) y planteó una moción para reformar el Código de Ética institucional y endurecer las sanciones por su incumplimiento.
Su discurso estuvo cargado de pasajes intensos: “Si alguien en esta comunidad no quiere actuar con ética, es mejor que reconsidere sus actos, pues ahora, en esta era de transparencia y probidad, los actos de todos los funcionarios públicos están a la vista de la ciudadanía. Tardo o temprano, quien actúa mal, en forma antiética, será expuesta, denunciada y tal vez algunos terminen en la cárcel, esa es la consecuencia para la corrupción”.
Cerró su intervención con un mensaje enfático: “Yo soy cualquier cosa menos un corrupto. Creo y presento a este Consejo Universitario la moción para la necesidad de revisar nuestro Código de Ética de la Universidad de Costa Rica para imponer sanciones más drásticas a la violación a este código de ética porque siento que hay personas en esta universidad que no se lo están tomando en serio”.
La moción de Méndez fue aprobada por unanimidad.
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