Investigación busca determinar si se generó un pago indebido de más de 7 millones de dólares.

La mañana de este 5 de febrero, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) efectuó una serie de allanamientos en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la Constructora Navarro y Avilés, en Curridabat. Los operativos se desarrollan en el marco de una investigación por irregularidades en la construcción de un laboratorio en el centro de estudios.

Las diligencias buscan recabar pruebas sobre la recepción y supervisión de la infraestructura que alberga el Laboratorio Ciclotrón PET/CT entre 2017 y 2020.

La fiscalía también allanó la casa de dos imputados de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, ambos funcionarios de la UCR. Los dos fueron detenidas este miércoles y se les investiga por el presunto delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

El Semanario Universidad detalló que las oficinas intervenidas en la UCR son la Oficina de la Contraloría Universitaria (OCU), la Oficina de Administración Financiera (OAF), la Oficina de Suministros (OS), la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) y las instalaciones del Ciclotrón.

De acuerdo con la investigación, la empresa constructora citada fue la encargada del diseño y edificación del laboratorio. Sin embargo, se sospecha que las imputadas omitieron la inspección de la obra y la dieron por recibida a satisfacción.

No obstante, la UCR implementó un plan remedial con acciones correctivas para solventar problemas en la infraestructura y operación del laboratorio, lo que ocasionó costos adicionales. Ante esta situación, la Fapta investiga si se generó un pago indebido de $2.455.167.479 y €5.104.247, según informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

El caso se encuentra en investigación bajo la causa 24-000192-1218-PE.

UCR se pronuncia

Tras el registro de información, la UCR indicó que se encuentra en la mayor disposición de colaborar con las gestiones de la Fapta.

La universidad puntualizó que los allanamientos se dan tras una denuncia penal, interpuesta por la misma institución durante la administración anterior, relativa a procesos constructivos financiados con préstamos del Banco Mundial (BM).

El ex rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, señaló que desde el año 2022, la entonces jefa de Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones hizo ver al Consejo Universitario, una serie de situaciones que aparentaban ser irregulares y que necesitaban ser esclarecidas con respecto al Ciclotrón.

"Desde entonces, se puso el asunto en conocimiento de la Oficina de Contraloría Universitaria. En el transcurso de las averiguaciones, se tuvieron que enfrentar situaciones urgentes para corregir deficiencias en algunas edificaciones, lo cual incrementó las dudas sobre lo actuado con dichas obras y el asunto adquirió matices de eventual responsabilidad penal. Por esto último, se acudió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para presentar la denuncia", explicó Gutiérrez Espeleta.

"Desde la actual Rectoría existe total apertura y transparencia para el acceso a la información, donde el compromiso siempre será la entrega de toda documentación, que permita esclarecer cualquier cuestionamiento", compartió la UCR.