Una detallada investigación reconstruye el caso que tiene a la universidad en la mira política, legal y reputacional.

La Universidad de Costa Rica enfrenta la mayor crisis de su historia reciente. A lo largo de 2023 y 2024, el Consejo Universitario aprobó e impulsó un nuevo Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) que fue denunciado por múltiples instancias técnicas internas como carente de sustento legal, técnico y financiero.

Dato D+: Según la documentación revisada por Delfino.CR se opusieron a la aprobación y/o implementación del RRSA: la Rectoría, el Consejo Académico de Áreas (representando a diversa facultades), la Facultad de Derecho, la Oficina de la Contraloría Universitaria y la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica.

La documentación muestra que, pese a las advertencias de múltiples órganos, el Consejo Universitario aprobó un reglamento que permitió el traslado de personal de la UCR del esquema de salario compuesto al nuevo régimen de salario global, sin que estas personas cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Empleo Público.

Hoy, con cientos de funcionarios ya trasladados a salario global (aplicando el RRSA) y un clima de polarización interna, el caso ha escalado a la Procuraduría de la Ética Pública y está a las puertas de la Contraloría General de la República que ya venía advirtiendo irregularidades dentro de la UCR desde el 2023.

En la más reciente sesión del Consejo Universitario, el 10 de abril pasado, se evidencia que la crisis ya consume a la UCR desde adentro: “La autonomía no es un sinónimo de impunidad, no es un permiso para que nadie se sienta en libertad de robarle a las y los costarricenses”, dijo William Méndez Garita, representante de los colegios profesionales en el CU y quien denunció las irregularidades desde la primera votación del RRSA (en diciembre de 2023) hasta el día de hoy.

En la sesión anterior, el 8 de abril, fue igual de enfático:

El día en que se aprobó el régimen salarial no existía dictamen pericial técnico actuarial ni existía ningún informe técnico, actuarial. Lo dije antes y lo digo ahora. Eso está en actas y es prueba fiel”.

Previamente, el 3 de abril, Esperanza Tasies Castro (representante de las Sedes Regionales) tuvo una intervención durante la cual resumió la situación mejor que nadie:

Ha sido el más difícil contexto que ha vivido la Universidad de Costa Rica desde hace muchas décadas”.

Pero ¿qué pasó? ¿cómo llegó la UCR a este punto?

En un reportaje especial Delfino.CR reconstruyó con documentación inédita, dictámenes, resoluciones y testimonios clave el proceso que llevó a la aprobación del RRSA, el rol de las autoridades universitarias en su ejecución, las numerosas advertencias legales ignoradas, el uso político de la autonomía universitaria y las consecuencias legales que podría enfrentar la casa de enseñanza más prestigiosa del país.

El reportaje, titulado El Caso UCR: Anatomía de una universidad fracturada, recorre las sesiones críticas del Consejo Universitario, analiza los transitorios que permitieron traslados salariales cuestionados y revela los choques internos que mantuvieron a la universidad en un estado de “guerra fría” durante todo el 2024.

La publicación también explora las tensiones éticas al interior de la UCR, el escándalo paralelo de los edificios financiados por el Banco Mundial y el conflicto medular entre el exrector Gustavo Gutiérrez Espeleta (2021-2024) y el actual rector Carlos Araya Leandro, quienes se enfrentaron en múltiples ocasiones desde la génesis del conflicto.

Al final, Gustavo Gutiérrez no pudo impedir la aplicación del RRSA (lo ejecutó bajo protesta) y Araya lo convirtió en su plataforma electoral para llegar hasta la Rectoría, donde hoy enfrenta todo tipo de cuestionamientos.

Lea: El Caso UCR: Anatomía de una universidad fracturada.

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