A modo de cierre.

El Caso UCR no es solo un episodio más de disputa institucional. Es un espejo. Un espejo que refleja, con aguda nitidez, lo que puede pasar cuando la autonomía se desfigura en inmunidad, cuando el mérito se convierte en eslogan, y cuando el aparato universitario se instrumentaliza para proteger intereses antes que principios.

Lo que ocurrió —y sigue ocurriendo— con el Reglamento del Régimen Salarial Académico es una advertencia con eco nacional: no hay institución, por más prestigiosa que sea, que esté exenta del riesgo de autoboicot si la legalidad se subordina al cálculo político. La universidad que forma a los futuros guardianes de la legalidad no puede operar ignorando las reglas del juego institucional. Y no hay reforma, por noble que parezca, que justifique violentar el debido proceso.

Pero este no es solo un relato de desmanes. Es también un testimonio de resistencia. En medio del silencio cómplice y el miedo a represalias, hubo personas que hablaron, advirtieron, documentaron. Que arriesgaron su carrera para proteger una institución que todavía vale la pena defender. No por nostalgia. No por reputación. Sino porque la UCR pública sigue siendo un baluarte vital de pensamiento crítico, acceso al conocimiento y movilidad social. Y es precisamente por eso que debemos exigirle más.

Este reportaje no busca cancelar, destruir ni polarizar. Busca entender. Explicar. Hacer visibles las conexiones ocultas entre decisiones políticas, consecuencias legales y efectos humanos. En otras palabras: busca contribuir a la rendición de cuentas. A la transparencia. Y al urgente recordatorio de que la ética pública no es una asignatura optativa.

El Caso UCR, muy a pesar de las maromas administrativas del Ala Política, ya salió de San Pedro de Montes de Oca. Hoy, no hay vuelta atrás, estamos a las puertas del inevitable (y deseable) control político, de que se active la Asamblea Legislativa, la Contraloría y hasta el Poder Judicial. Muchas de las consecuencias que se advirtieron cualquier cantidad de veces a lo largo de esta historia serán ahora inevitables.

A la luz de ese ahora inevitable destino, quisiera cerrar haciendo un llamado a que no perdamos de vista que la autonomía universitaria sí importa porque lejos de ser un escudo para torcer la ley es más bien, citando al propio Gutiérrez, una garantía ciudadana.

Apenas este 12 de abril, en una reflexión publicada en su Facebook, el exrector recordó: “La Autonomía Universitaria, lejos de pertenecer a la comunidad universitaria, le pertenece a la ciudadanía, no es un privilegio del que gozamos los y las universitarias, sino una garantía de las personas ciudadanas, son ellas las que tienen derecho a gozar de instituciones de educación superior que no sean amedrentadas, chantajeadas ni coaccionadas por poderes fácticos o formales”.

Estoy totalmente de acuerdo. 

Gutiérrez continúa: “Por eso es tan importante que esta garantía no sea debilitada pero tampoco deshonrada o pervertida, la Universidad debe ser capaz de corregirse desde adentro, para que los adversarios de la ilustración, el humanismo y la ciencia, no vengan a corregirla desde fuera”.

Ahí radica el problema. La UCR debería ser capaz de corregirse desde adentro, pero no lo logró, pese a los múltiples intentos bien documentados en este reportaje (incluyendo los del propio Gutiérrez).

Ahora es tarde y llegará la mano externa. Confío en que esos esfuerzos serán liderados por personas que no equivocarán el camino, que sabrán reconocer la importancia de “la ilustración, el humanismo y la ciencia” y que lejos de aprovechar esto para debilitar a la UCR encontrarán la forma de fortalecerla, para que un episodio como este jamás se repita. 

Porque si algo queda claro tras leer estas páginas, es que lo que está en juego no es solo un reglamento salarial, es la salud democrática de la institución académica más importante del país. 

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