Buscan apoyar la elaboración de peritajes culturales o antropológicos en procesos judiciales donde intervienen factores culturales determinantes.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Poder Judicial firmaron un convenio específico de cooperación que busca fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas mediante la elaboración de peritajes culturales o antropológicos en procesos judiciales donde intervienen factores culturales determinantes.

El peritaje cultural es un informe técnico elaborado por profesionales en antropología que explica el contexto cultural de una persona indígena involucrada en un proceso judicial. Su objetivo es brindar al tribunal elementos para interpretar adecuadamente los hechos cuando las normas, prácticas o cosmovisiones de la persona difieren del ordenamiento jurídico nacional.

Estos informes pueden aportar información valiosa para la toma de decisiones judiciales más justas y comprensivas, especialmente en contextos donde se presume que hay factores culturales que inciden en los acontecimientos.

El convenio tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse por periodos iguales. Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica, comentó:

Este convenio representa un paso fundamental para el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural como componente esencial del derecho de acceso a la justicia”.

Compromisos de colaboración

Según el convenio, la Escuela de Antropología de la UCR se encargará de elaborar los peritajes de manera gratuita y designar personas especialistas idóneas para la construcción de los informes, en concordancia con el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

Además, la UCR se compromete a fomentar la capacitación de funcionarios judiciales en derechos, diversidad cultural, manifestaciones culturales y lenguas, entre otros aspectos de las personas indígenas. También se incentivará la participación de las comunidades indígenas en los procesos de elaboración de los peritajes cuando sea pertinente.

Por su parte, el Poder Judicial se compromete a facilitar el acceso a la información necesaria, promover el uso de lenguaje jurídico claro, capacitar a su personal en temas de diversidad cultural y, en casos justificados, cubrir los costos de los peritajes conforme a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

Ambas partes resguardarán la confidencialidad de la información y protegerán los datos sensibles, en cumplimiento con la Ley N.º 8968 de protección de datos personales.

Además de su aplicación en casos judiciales, las instituciones indicaron que el convenio permitirá impulsar:

  • Investigaciones.
  • Programas de formación.
  • Trabajo comunal universitario.
  • Proyectos interdisciplinarios en el área de antropología jurídica.

También se prevé la creación de una línea de posgrado especializada en peritajes culturales.