Mideplán argumenta que el régimen salarial académico vigente en la UCR carece de estudios técnicos, financieros y jurídicos que respalden su validez y sostenibilidad.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), a través de su jerarca, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) la suspensión del régimen salarial académico actualmente en vigencia.
La cartera de Planificación indicó que esta solicitud se basa en la revisión de información pública, la cual revela que el régimen fue aprobado sin un estudio actuarial específico ni un criterio jurídico que garantice su validez y sostenibilidad. Por ese motivo consideran que existe una falta de sustento, lo que "genera inconsistencias importantes, tanto desde el punto de vista legal como económico".
Recientemente, diferentes medio de comunicación dieron a conocer que el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, nombró a 22 funcionarios de confianza en puestos de jefaturas y direcciones, lo que provocó aumentos salariales significativos para varios de ellos. Esto se debe a que estos empleados conservaron los pluses acumulados durante su carrera en la UCR, como anualidades y dedicación exclusiva.
El rector intentó implementar un nuevo esquema salarial que pusiera un tope de ¢4 millones, pero se derogó tras críticas del Consejo Universitario y de distintas diputaciones. El jerarca dijo que la medida buscaba ordenar los salarios tras la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, ya que no se definió cómo aplicar el nuevo régimen a puestos de confianza ocupados por docentes y administrativos.
Mideplán señaló que, según la Ley Marco de Empleo Público, las universidades públicas están sujetas a los principios de eficiencia, razonabilidad y transparencia, y que cualquier normativa salarial debe estar debidamente justificada mediante estudios técnicos y financieros confiables.
Esquivel Rodríguez comentó:
Estamos actuando con responsabilidad. El país necesita reglas claras y sostenibles en el manejo del empleo público. Un régimen salarial sin respaldo técnico ni legal adecuado pone en riesgo la equidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica de las instituciones”.
El ministerio recordó que la normativa vigente establece que ningún acto administrativo puede ser
contrario a la ciencia, la técnica o los principios de lógica y conveniencia. Por ello, consideran que mantener el régimen de la UCR sin respaldo técnico podría incluso dar lugar a procesos judiciales por lesividad, lo cual se busca evitar con esta solicitud preventiva.
"Desde MIDEPLAN reiteramos la importancia de que toda política salarial en el sector público cuente con fundamentos técnicos claros, criterios jurídicos sólidos y estudios financieros actualizados, con el fin de asegurar la sostenibilidad del empleo público y el uso responsable de los recursos del Estado", finalizaron en el mensaje a los medios.
