Derechos de los trabajadores y respeto por las libertades civiles agrupan la mayor cantidad
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este lunes la edición 2023 de su Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos por País, un documento que analiza la situación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente en más de 200 países y territorios.
El informe sobre Costa Rica, cuya extensión es de 35 páginas y se divide en siete secciones, encontró que aunque no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Costa Rica durante el 2023, ni informes creíbles de abusos significativos contra los derechos humanos, se reportaron ataques a periodistas, medios de prensa y a adversarios políticos del presidente; arrestos arbitrarios, hacinamiento carcelario, largos plazos de prisión preventiva, excesivos plazos para resolver solicitudes de asilo, limitaciones a la libertad de tránsito de los refugiados, entre otras falencias.
¿Qué es el informe y cómo se confecciona?
Los Informes Anuales sobre Prácticas de Derechos Humanos por País, conocidos como el Informe de Derechos Humanos, abarcan los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Este informe es presentado al Congreso por el Departamento de Estado de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y otras normativas que establecen que la política exterior y comercial de Estados Unidos debe considerar el desempeño en derechos humanos y derechos laborales de los países.
El Departamento de Estado prepara este informe utilizando información de embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero, funcionarios gubernamentales extranjeros, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos legales, periodistas, académicos, activistas laborales u otros defensores de los derechos humanos.
Las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el extranjero son las encargadas de preparar los borradores iniciales de los informes individuales por país. Una vez completados los borradores, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por sus siglas en inglés), en cooperación con otras oficinas del Departamento de Estado, revisa y edita los informes individuales, utilizando sus propias fuentes de información.
¿Qué se encontró en Costa Rica?
En la Sección 1, denominada "Respeto a la Integridad de la Persona", el informe reseña que el gobierno no cometió ejecuciones arbitrarias ni ilegítimas durante el último año; que no se reportaron desapariciones por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre, y que no hay evidencia creíble de que los funcionarios emplearan la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En esta sección el país registra tres "manchas": condiciones físicas abusivas para los derechos humanos en prisiones y centros de detención, dos arrestos arbitrarios e ilegítimos que acarrearon condenas el Estado por parte de la Sala Constitucional; así como plazos prolongados de prisión preventiva y retrasos en la tramitación de procesos judiciales.
Respecto al primer rubro el informe consignó persistentes desafíos en las condiciones de las prisiones y centros de detención, particularmente que el hacinamiento sigue siendo un problema grave, con una población carcelaria que supera en un 12% la capacidad diseñada de las prisiones. Las malas condiciones incluyen falta de espacio para descansar, colchones deteriorados y acceso inadecuado a servicios de salud. Además, se destacó la disponibilidad de drogas ilegales en las cárceles, contribuyendo al problema del abuso de sustancias.
En cuanto a medidas judiciales relacionadas, el informe destacó que un juez ordenó el cierre del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría debido a condiciones inhumanas, así como un incidente en el que un grupo de reclusas agredió a una compañera en su celda, lo que llevó a la Sala Constitucional a ordenar la creación de un protocolo interno de seguridad para el personal policial en unidades penales de mujeres.
En la segunda área, el informe consignó el arresto arbitrario al que fue sujeto el excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores, John Vega, a manos de efectivos de la Policía Municipal de Escazú, bajo alegaciones de que estaba obstruyendo el trabajo policial; y otro arresto ilegítimo a manos de la Fuerza Pública contra una persona que participaba de una protesta feminista en las afueras de la Asamblea Legislativa el 9 de septiembre del año pasado.
La Sala IV condenó al Estado al determinar que Jhonn Vega no obstruyó la labor efectuada por los efectivos municipales, y que su seguridad e integridad física fueron seriamente amenazadas pues se le obligó a viajar en el cajón de la móvil policial de forma esposada y sin resguardo y protección de ningún tipo.
La tercera mancha es la prisión preventiva prolongada, señalada en el documento como "un problema", así como retrasos significativos en la resolución de casos penales y disputas civiles debido a la falta de personal, ineficiencias organizativas y las numerosas oportunidades para las partes –particularmente los acusados en casos penales– de causar retrasos procesales.
En la Sección 2, denominada "Respeto por las libertades civiles", el informe contiene la segunda mayor cantidad de señalamientos, catorce en total: ocho sobre libertad de expresión, violencia y acoso a los medios de comunicación; y seis sobre protección de personas refugiadas.
Sobre el primer grupo el documento menciona un aumento en los ataques verbales e intimidaciones por parte de funcionarios públicos contra periodistas desde el 2022; la sentencia de la Sala Constitucional que condenó al Estado por los ataques verbales del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal contra los medios y periodistas; y el uso de instituciones estatales para ejercer presión económica sobre los medios de comunicación alertado por 27 exjefes de Estado y de gobierno del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas.
En mayo de 2023 el Estado fue condenado por los ataques verbales de Chaves en contra de los medios de prensa durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno donde el Ejecutivo fue cuestionado respecto a las denuncias de uso de troles para atacar periodistas y diputados. Créditos: Johanfred Bonilla/Presidencia
Asimismo, el informe señala que contactos de prensa, académicos y miembros de la sociedad civil consultados reportaron una reducción en el acceso a la información pública durante el 2023; así como funcionarios gubernamentales que acosaron verbalmente a ciertos medios de comunicación y a periodistas, y el uso de recursos gubernamentales para castigar a ciertos medios por informar de manera crítica sobre la administración.
De seguido el informe destaca la decisión tomada desde agosto de 2022 por varios medios de prensa de dejar de enviar corresponsales a cubrir las conferencias de prensa semanales del presidente de la República debido a los actos de acoso en su contra y preocupaciones sobre su seguridad.
Los observadores académicos y medios consultados para el informe también reportaron la concentración de publicidad pública en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), una reducción en los fondos de publicidad del sector público dirigidos a los medios de comunicación considerados críticos con la administración y un aumento del acoso y la autocensura en línea debido a las reprimendas públicas del gobierno a periodistas, políticos de oposición y otros críticos.
Como último punto de este primer grupo, el informe también consignó que desde las cuentas de redes sociales de Chaves se dan "me gusta" en contenidos de redes sociales que insultan a sus oponentes.
Likes de Rodrigo Chaves a tweets con insultos hacia la expresidenta Laura Chinchilla y el exministro Roberto Gallardo. (https://twitter.com/RodrigoChavesR/likes?lang=es)
Respecto al grupo referido a la protección de personas refugiadas, el informe señala que el gobierno tarda hasta 10 años en resolver las solicitudes asilo o refugio y que hay una acumulación de aproximadamente 200.000 expedientes pendientes.
Las siguientes dos manchas están relacionadas con decretos ejecutivos emitidos por el presidente de la República que prohibieron a los solicitantes de asilo viajar fuera del país, y la obligación de renunciar a su solicitud de asilo si querían solicitar una categoría especial de regularización de su situación migratoria. Ambos decretos fueron declarados inconstitucionales por la Sala IV.
Adicionalmente se encuentra que el plazo de espera para obtener un permiso de trabajo a los solicitantes de asilo llega a tres meses; actos de xenofobia por parte de proveedores de servicios básicos, incluidas restricciones para inscribirse voluntariamente como trabajadores independientes en la Caja Costarricense de Seguro Social; dificil acceso a los servicios de salud, y hasta denegatoria de atención médica incluso en situaciones de emergencia.
Finalmente se mencionó la existencia de niños indígenas e hijos de trabajadores temporales en condición de apatridia (sin nacionalidad) en las zonas fronteras con Panamá y Nicaragua, derivados de las dificultades vinculadas a completar las inscripciones de nacimiento.
La Sección 3 "Libertad para participar en el proceso político" no contiene señalamientos negativos y, por el contrario, se resaltó que las elecciones fueron justas, libres de abusos y de irregularidades, así como las sentencias del Tribunal Supremo de Elecciones a favor de cinco vicealcaldesas que acusaron actos de violencia política en su contra por parte de los alcaldes de sus cantones; y la sentencia de la Sala Constitucional que ordenó la aplicación de la paridad horizontal.
La Sección 4, "Corrupción en el gobierno", contiene dos manchas: una por la solicitud de apertura de juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís y cuatro miembros de su administración por las inversiones que hizo el gobierno en el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago; y el allanamiento de la Fiscalía General a un despacho de abogados del cual el canciller Arnoldo André Tinoco es socio director, en el marco de la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral del presidente de la República.
La audiencia preliminar para definir si la acusación por inversiones riesgosas del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera en Bancrédito va a juicio se pospuso hasta el año 2025, luego que la representación legal de la Contraloría General de la República (CGR) presentara una incapacidad médica.
La Sección 5, "Postura gubernamental hacia el monitoreo e investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos", no contiene aspectos negativos mencionados, situación muy diferente a la de la Sección 6, "Discriminación y abusos sociales" (19 señalamientos), donde se mencionó como problema grave la violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente por el hecho de que hasta octubre del año pasado, el gobierno contabilizaba 15 mujeres asesinadas por razones de género, siete de ellas a manos de su pareja o cónyuge.
A esa se suman otras cuatro: problemas relacionados con el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres lesbianas y bisexuales, indígenas y afrodescendientes, y para las mujeres con discapacidad; barreras sociales que afectan negativamente el acceso a proveedores de atención de salud calificados durante el embarazo y el parto; revictimización y acceso limitado a la terapia antirretroviral para sobrevivientes de violencia sexual; y una tasa de natalidad de niñas y adolescentes en la región de Talamanca de casi el doble que la tasa nacional.
El informe también mencionó el caso de presunta discriminación racial contra una niña afrodescendiente en Aserrí; los actos de racismo en el futbol contra el jugador Javon East que fueron condenados por la oficina local de la ONU, el gobierno y la Defensoría de los Habitantes: y un aumento de mensajes xenófobos, así como mensajes dirigidos contra mujeres y poblaciones LGBTQI+.
En materia de pueblos indígenas se señalaron cinco aspectos: violencia contra personas indígenas por conflictos sobre la tenencia de tierras; discriminación a comunidades indígenas que les impide el acceso a servicios públicos, así como racismo institucionalizado en escuelas, sistemas de salud y en el trabajo; falta de mecanismos de consulta efectivos por parte de las autoridades gubernamentales sobre cuestiones de políticas que afectan sus tierras, culturas y tradiciones; y la impunidad en el asesinato del activista de tierras indígenas del Pueblo Bröran de Térraba, Jehry Rivera Rivera, en 2020, luego que un tribunal de apelaciones ordenó liberar al sujeto que confesó en un evento público, en el que incluso había representación gubernamental, que fue él quien le dio muerte.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Juan Eduardo Varela Rojas, quien había sido condenado a 22 años de prisión por el asesinato del líder indígena Jehry Rivera Rivera (en la foto).
La siguiente mancha en la Sección 6 se refiere a que Costa Rica es un destino para el turismo sexual infantil; la que sigue menciona casos de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, incluido el empleo, discriminación policial y barreras para acceder a la educación y los servicios de atención médica.
En ese apartado se menciona un caso en el que una persona transgénero presentó una denuncia en una escuela contra un profesor que utilizó un pronombre masculino para referirse a ella; así como la denuncia que una mujer transgénero presentó ante el Ministerio de Trabajo alegando que su lugar de trabajo no le permitía usar el baño correspondiente a su género.
Respecto a las personas con discapacidad, el informe consigna como manchas el que el gobierno no hace cumplir las exigencias de accesibilidad en edificios ni aceras; situaciones de discriminación en los mercados laborales y en los servicios de salud; y que los programas de educación pública no brindan igualdad de acceso.
Por otro lado se mencionó el allanamiento hecho por el OIJ en Coronado a un albergue de una organización no gubernamental apoyada por el Patronato Nacional de la Infancia, debido a denuncias por aparentes maltratos y torturas que recibían los menores de edad que se encontraban en él.
Finalmente en esta sección se mencionó la existencia de discriminación laboral hacia personas con VIH, incluidos casos de personas que perdieron sus empleos debido a la discriminación, al deterioro de su salud o por ambas razones.
La Sección 7 del informe, "Derechos de los trabajadores" contiene trece manchas en total.
El primer grupo lo integran las restricciones al derecho de huelga de trabajadores en sectores que no están reconocidos como servicios esenciales según normas internacionales; la debilitación de la libertad de asociación y de la negociación colectiva por medio del solidarismo y de los comités de trabajadores, así como otras limitaciones legales; 28 denuncias por discriminación antisindical, incluidos 14 casos de acoso sindical y 14 casos de despido de dirigente sindical; contrataciones de corto plazo para dificultar la organización de los trabajadores; y la identificación de las zonas procesadoras de exportaciones del país, así como de las zonas francas, como "entornos hostiles" para la organización de los trabajadores, recurriendo al uso de despidos ilegales, amenazas e intimidación para impedir que los trabajadores se sindicalicen.
Finalmente, el segundo grupo cita las largas jornadas de trabajo, la exposición a productos químicos y otras condiciones inseguras a trabajadores migrantes en la industria de la piña; salarios por debajo del mínimo, principalmente en el sector agrícola; largos retrasos para multar a empresas u obligar a los empleadores a pagar salarios atrasados u horas extras; y condiciones laborales de explotación en la pesca, las pequeñas empresas y las actividades agrícolas.
También se señalaron violaciones sistemáticas de los derechos laborales y de las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, las horas extraordinarias y los salarios en las zonas francas; violaciones en el pago de horas extras, ausencia de pago de salarios y obligación de hacer horas extras en el sector privado, particularmente en las zonas procesadoras de exportaciones y en la agricultura; y finalmente el porcentaje de 39% de trabajadores en economía informal, aparejado con la inacción del gobierno para hacer cumplir las leyes laborales en ese sector.
