El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha que invita a reflexionar sobre esta grave violación a los derechos humanos que sufren millones de personas en el mundo. En la actualidad, hay 49,6 millones de personas sometidas a esclavitud moderna en todo el mundo, y 12 millones de ellas son niños (OIT, Naciones Unidas).
Ningún país escapa de esta cruda realidad, la cual muchas veces pasa desapercibida debido a la falta de conciencia en la población o muchos lo perciben como un tabú. Las cifras no mienten: en América Latina, el 85 % de las víctimas de trata de personas son mujeres. No se trata de estadísticas, se trata de vidas destrozadas.
Este 2025, además, se conmemora el 25.º aniversario de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual fue un tratado multilateral de Naciones Unidas que busca combatir el crimen organizado transnacional. Fue adoptada en el año 2000 en Palermo, Italia.
En dicha convención se adoptaron tres protocolos, entre ellos:
- Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
- Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
- Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional se convirtió en una guía a nivel global, que hasta septiembre de 2024, contaba con 192 estados parte, con el compromiso de adoptarla en su legislación interna como instrumento legal para promover la cooperación, prevenir, combatir y erradicar con más contundencia la delincuencia organizada transnacional.
En esta línea, la Ley 9095 en Costa Rica, es la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT), que actúa como un órgano interinstitucional que articula y promueve las políticas públicas en diferentes ejes de acción. Entre ellos están: la prevención, atención a las víctimas, procuración de justicia, coordinación institucional y cooperación internacional.
Aunque los esfuerzos han sido significativos, los Estados no han aprovechado plenamente el gran potencial de la Convención de Palermo. Muchas veces esto se debe a la falta de confianza entre autoridades locales e internacionales a la hora de compartir información. Mientras tanto, en la acera de enfrente, los criminales no solo se han organizado, sino que se han profesionalizado mucho más rápido que nuestras modestas capacidades de inteligencia… parece que siempre van un paso adelante.
Como investigador del fenómeno criminal a nivel latinoamericano, podría definir que el crimen organizado es tanto de naturaleza nacional como transnacional, y que opera como una empresa delictiva con un portafolio amplio que persigue fines económicos mediante actividades ilícitas sistemáticas. Estas actividades son frecuentemente susceptibles a una gran demanda pública y son consideradas delitos graves, como lo es traficar con seres humanos. Estos grupos recurren a la fuerza, las amenazas y la compra de conciencia de empleados públicos o privados para mantener un control monopólico de sus actividades globales.
Los Informes 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 sobre la Trata de Personas (Trafficking in Persons Report, TIP Report) del Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifican a los países en cuatro categorías o niveles (Tiers), colocando a Costa Rica en la categoría número 2 con base en sus esfuerzos para combatir la trata de personas.
Dichos informes indican que “el Gobierno de Costa Rica NO CUMPLE totalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”. También señalan que “el gobierno NO cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. El desembolso de recursos financiados por el gobierno para abordar la trata de personas se quedó corto para todas las asignaciones y, en general, fue insuficiente”. Además, el financiamiento para los esfuerzos contra la trata siguió siendo inadecuado y los funcionarios expresaron preocupación por los obstáculos burocráticos para acceder a los fondos disponibles (U.S. Department of State).
En la misma creación de la CONATT se previó la creación del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt). Dicho fondo será financiado con el cobro de un dólar estadounidense (US $1,00) en el impuesto de salida del país, establecido en la Ley N.º 8316, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, de 26 de septiembre de 2002.
En su ARTÍCULO 53 - Destinación del Fondo, se establece que la constitución y los dineros del fondo serán única y exclusivamente destinados al financiamiento de gastos administrativos y operativos para:
- La prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas.
- La atención integral, protección y reintegración social de las víctimas de trata de personas acreditadas, nacionales y extranjeras.
- El combate integral del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Para los gastos administrativos no podrá destinarse más de un veinte por ciento (20 %) de los recursos recaudados.
Aunque la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional cumplió un ciclo importante en estos 25 años, es el momento de replantear una estrategia global efectiva, que no existe al día de hoy, ante ese gran portafolio criminal que incluye: trata de personas, tráfico ilícito de personas, tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de vida silvestre, delitos informáticos, legitimación de capitales, minería ilegal, corrupcion entre otros.
¿Está Costa Rica preparado?
Estamos ante una emergencia nacional. Y la respuesta es tan cruda como clara: podemos estarlo, pero no lo estamos aún.
La preparación no es una cuestión de voluntad abstracta, sino de decisión sostenida en el tiempo. De tratar la Seguridad Humana como un bien común y no como un tema electoral. Poner al ser humano en el centro de la discusión, algo que sigue pospuesto cada 4 años. De actuar con la misma astucia, rapidez y ambición con que operan las redes que queremos desmantelar y erradicar.
El crimen organizado no descansa. No pide permiso. No duda. ¿Y los Estados?
El momento de actuar era ayer. Pero aún no es demasiado tarde. Un marco estratégico de seguridad, justicia y defensa sería un gran comienzo para el país. Que actúe como un plan maestro que oriente con claridad nuestras acciones no solo con luces cortas apostemos a luces largas también.
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