Ente defensor cuestiona atención brindada, y pide corregir vacíos normativos, mejorar condiciones humanitarias y garantizar derechos fundamentales a personas deportadas.

Por medio de un pronunciamiento emitido este jueves, la Defensoría de los Habitantes afirmó que Costa Rica no estuvo preparada para brindar una atención adecuada a las personas deportadas desde Estados Unidos que ingresaron al país a partir de febrero de 2025. Así lo señaló en su informe más reciente con recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, en el que advierte múltiples debilidades observadas durante el proceso de atención.

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Según explicó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, desde el arribo del primer vuelo el 20 de febrero y el segundo, cinco días después, el ente defensor estuvo presente de manera activa mediante inspecciones en sitio, solicitudes de información y otras gestiones. Recalcó que aunque los países tienen la potestad de establecer acuerdos migratorios, en la práctica deben existir las condiciones necesarias para garantizar protección y atención conforme a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La jerarca destacó:

Estuvimos como Defensoría en todo el proceso […] Hoy diría al país que espero, como Defensora, que esta desafortunada historia no se repita en las condiciones que vinieron mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas de diferentes nacionalidades”.

El ente defensor reiteró que las 200 personas deportadas no debieron ser tratadas “como un paquete”, pues presentaban condiciones personales y familiares diversas que exigían respuestas diferenciadas. Añadió que, pese a la presencia de personas menores en edad escolar, nunca se concretó su acceso efectivo a la educación durante su estancia en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM-Sur).

Recomendaciones

Entre sus principales recomendaciones, la Defensoría solicitó al Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de Migración y Extranjería revisar el fundamento y alcance de las resoluciones N.° DJUR-135-04-2025 y DJUR-222-07-2025-JM-ABM, que autorizaron la regularización migratoria temporal por razones humanitarias a estas personas. El objetivo es modificar varios aspectos clave:

  • Establecer un mismo plazo de autorización de permanencia en el país para todas las personas deportadas, así como la posibilidad de las prórrogas correspondientes, considerando que, algunas de estas no regresarán a sus países de origen o no irán a terceros países.
  • Autorización para trabajar por cuenta propia y bajo relación de dependencia.
  • Eliminación de cualquier costo o cobro administrativo por concepto de documentación migratoria.
  • Flexibilización de un proceso de regularización migratoria para efectos de cambio de categoría, que no las obligue a acudir a la vía ordinaria para la realización de esos trámites.

Asimismo, el ente defensor recomendó continuar las gestiones para garantizar la instalación de conexión Wi-Fi en el CATEM-Sur, mejorar el acceso a la comunicación de las personas migrantes y dar seguimiento al control de calidad del agua potable mediante revisión de cloración.

La Defensoría concluyó que cualquier colaboración migratoria del Estado costarricense debe asegurar, en todo momento, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas involucradas, conforme con la legislación nacional e internacional vigente.

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