El ente defensor estudiará factores que pueden incidir en rezagos en su ejecución.
La Defensoría de los Habitantes lleva a cabo una investigación sobre la gestión de los proyectos de inversión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Gran Área Metropolitana (GAM), con énfasis en aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Del análisis de información remitida por el AyA y de datos públicos disponibles en la Contraloría General de la República (CGR), se identifican rezagos en la ejecución de varios proyectos, algunos con más de 10 años de atraso o sin avance desde su aprobación. También se han detectado diferencias significativas entre los costos iniciales y finales, con incrementos de hasta un 100% en ciertos casos.
Adicionalmente, preocupa que varios proyectos concluidos no han sido capitalizados, lo cual impide que dichas inversiones se reconozcan en la estructura tarifaria del servicio, afectando así los ingresos institucionales. Ante esta situación, la Defensoría solicitó al AyA información complementaria para conocer las razones detrás de estos hechos y, sobre todo, para verificar que existan procesos claros de planificación, priorización y ejecución de inversiones públicas.
Aresep ha comunicado a la Defensoría que estos atrasos, cancelaciones y aumentos en los costos, junto con la falta de capitalización de proyectos estratégicos, han dificultado su incorporación en los procesos de ajuste tarifario. Esto afecta directamente los ingresos de la institución y su capacidad de mantener la sostenibilidad financiera a través de las tarifas.
Una adecuada atención de la gestión de los proyectos de infraestructura, que permita abordar el rezago tarifario, es igualmente una necesidad urgente. De no atenderse oportunamente, podrían requerirse en el futuro ajustes tarifarios extraordinarios más elevados para garantizar el equilibrio financiero y la continuidad del servicio público. No obstante, estos aumentos tampoco garantizan eficiencia si no se toman medidas desde un enfoque que promueve la eficiencia, transparencia en la gestión y procesos de inversión eficientes.
Además, la situación se agrava con el fenómeno del “agua no contabilizada”, es decir, el agua producida pero no facturada, ya sea por fugas, infraestructura obsoleta o pérdidas físicas. Según datos del propio AyA, en 2021 solo el 41% del agua producida fue facturada, lo que significa que casi 6 de cada 10 litros se pierden antes de llegar al usuario final.
La investigación en curso analizará si el AyA cuenta con procesos efectivos que aseguren el uso responsable y transparente de los fondos destinados a infraestructura. El ente defensor evaluará los informes remitidos y, si corresponde, emitirá recomendaciones para fortalecer la capacidad del AyA de garantizar el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, en línea con el derecho humano al agua y los principios de una gestión pública responsable.
