Ente defensor advierte sobre desigualdades históricas y fallas estatales que mantienen a mujeres y niñas en riesgo, desde el hogar hasta el trabajo y la salud.
La Defensoría de los Habitantes señaló que la violencia contra mujeres y niñas “no es un hecho aislado ni un problema privado: es una violación de derechos humanos sostenida por desigualdades estructurales, normas sociales patriarcales y fallas persistentes en la respuesta del Estado”.
El ente defensor recordó que la violencia de género se presenta en múltiples ámbitos, incluyendo hogar, trabajo, escuela, servicios de salud, política, espacios digitales e institucionalidad. Asimismo, se agrava cuando las políticas públicas no atacan sus causas estructurales, como la discriminación histórica, el machismo y la falta de corresponsabilidad social y estatal en los cuidados.
La crisis reciente de licencias de cuido afectó a cientos de familias y golpeó especialmente a mujeres, quienes asumen mayoritariamente el cuidado de personas menores de edad, enfermas o con discapacidad. Esto evidencia la ausencia de un sistema de cuidados sólido y sostenible con enfoque de igualdad, según la Defensoría.
Por otro lado, el Informe Estado de la Nación 2025 muestra que la maternidad penaliza la participación laboral femenina: mientras que cerca del 70% de las mujeres en edad laboral son madres, solo el 44% participa en el empleo formal, frente al 50% de mujeres sin hijos y 70% de hombres. Además, el 47% de las madres trabaja en la informalidad, lo que limita su autonomía económica y aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia.
La Defensoría también resaltó que muchas mujeres terminan involucradas en delitos relacionados con drogas, que el hostigamiento sexual sigue presente en instituciones y otros espacios, y que la violencia obstétrica persiste, afectando de manera particular a mujeres indígenas.
Hasta noviembre de 2025, Costa Rica registra 33 femicidios, reflejando “un patrón sostenido de violencia extrema que el Estado no ha logrado prevenir ni detener”. El ente defensor urge al Estado a fortalecer la protección, asegurar presupuestos adecuados, garantizar autonomía económica, erradicar la violencia obstétrica y enfrentar la criminalización de mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, concluyó indicando:
Una sociedad justa no puede tolerar que ser mujer signifique vivir con miedo, en precariedad o bajo amenaza constante. Garantizar una vida libre de violencia es un deber ineludible del Estado y una responsabilidad colectiva. Hoy, más que conmemoración, este 25 de noviembre es un llamado urgente a transformar las condiciones que siguen poniendo en riesgo la vida y los derechos de las mujeres y las niñas en Costa Rica. La Defensoría de los Habitantes continuará vigilante, acompañando a las víctimas, supervisando la actuación institucional y exigiendo respuestas efectivas para que ninguna mujer más sea violentada, silenciada o asesinada".
