Suspensión en licencias de cuido a personas enfermas afecta a más de 600 familias.
La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas y de otras situaciones excepcionales.
En las últimas semanas, la Defensoría recibió testimonios de personas cuidadoras que no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares.
La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos y artículos básicos de higiene, refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado, indicó el ente defensor.
La Defensoría hizo un llamado al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley (25.240) que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.
Apenas ayer la Contraloría General de la República (CGR) confirmó la necesidad de una reforma legal para poder girar más recursos para el pago de las licencias. Además, este mismo 5 de noviembre la Sala Constitucional ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo pagar las licencias extraordinarias que permanecen impagas y garantizar el trámite oportuno de nuevas solicitudes.
Hasta el momento el Poder Ejecutivo se niega a convocar al periodo de sesiones extraordinarias la iniciativa presentada por el frenteamplista Jonathan Acuña Soto, alegando que el expediente, al que solo le resta su votación en segundo debate, no es necesario.
Consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de promover la coordinación interinstitucional para explorar soluciones conjuntas, la Defensoría de los Habitantes ofreció su mediación para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados para alcanzar un acuerdo que garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.
La Defensoría de los Habitantes realiza diversas acciones desde el primer momento que se conoció la situación del no pago de estas licencias. Ejemplo de ello es la convocatoria urgente a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas a favor de esta población.
De igual forma, la Defensoría realizó gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, para valorar nuevas rutas que permitieran dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año.
Además, llevó a cabo un monitoreo permanente de la aprobación de un presupuesto extraordinario de la República que solventará el déficit del programa para el 2025.
