Rodrigo Chaves se niega a convocar el proyecto alegando que no es necesaria la reforma.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó la necesidad de una reforma legal para poder girar más recursos para el pago de licencias de cuido a personas gravemente enfermas o fase terminal, iniciativa que el Poder Ejecutivo se niega a convocar al periodo de sesiones extraordinarias alegando que el expeediente, que solo resta de su votación en segundo debate, no es necesario.
En un oficio dirigido al diputado Jonathan Acuña Soto, del Frente Amplio, el ente contralor confirmó que no existe posibilidad de asignar financiamiento adicional al programa de licencias de cuido que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras no se modifique la legislación vigente.
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del ente contralor explicó que la Ley N.° 5662, que regula el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), limita expresamente el financiamiento a un 0,5% de sus recursos para cubrir los subsidios de la Ley N.° 7756, que otorga beneficios a responsables de pacientes en fase terminal y menores con enfermedades graves.
"La ley ya dispuso de forma específica la fuente y el porcentaje respectivo para financiar el costo de los subsidios", señala el documento.
Según la Contraloría, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) ya transfirió la totalidad de ese 0,5% a la CCSS para el ejercicio 2025, por lo que su obligación legal se encuentra agotada.
El órgano recordó que el FODESAF opera con un 80% de su capacidad comprometida y que el 20% restante se destina prioritariamente al régimen no contributivo de pensiones. Reasignar esos recursos, advirtió, implicaría violar la proporcionalidad y los destinos establecidos por ley.
La DESAF también subrayó que el programa de licencias de cuido no se ajusta al perfil de población beneficiaria del Fondo, pues sus destinatarios son personas trabajadoras asalariadas, y el FODESAF está diseñado para atender a grupos en condición de pobreza o vulnerabilidad.
"Aun cuando existieran recursos adicionales, el FODESAF se encuentra legalmente impedido de ampliar la asignación presupuestaria destinada a este programa", consignó la entidad.
La Contraloría recordó que el ministro de Trabajo, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoció que el problema deriva de la ampliación de tipos de licencias en 2017 sin modificar ni el monto ni la fuente de financiamiento.
Por ello, el órgano fiscalizador concluyó que solo una reforma legislativa podría corregir las limitaciones actuales de porcentaje y de población meta, para permitir el uso de fondos adicionales en el pago de licencias.
La Asamblea Legislativa aprobó recursos adicionales para el pago de las licencias ya existentes en el tercer presupuesto extraordinario. Aunque la reforma legal es necesaria para que esos recursos puedan ejecutarse, el presidente Rodrigo Chaves Robles dijo a personas que se manifestaron afuera de Casa Presidencial que el proyecto erea innecesario y que el tema estaba "en manos" de la Contraloría.
El informe del ente auxiliar del Congreso también advierte que la CCSS enfrenta atrasos administrativos que impiden a la Contraloría tramitar sus presupuestos. Según el artículo 36 de la Ley N.º 6955, las instituciones públicas deben remitir a la Autoridad Presupuestaria sus saldos bancarios conciliados como requisito para cualquier trámite presupuestario.
La lista de instituciones cumplientes enviada el 31 de octubre no incluyó a la CCSS, la cual informó que la implementación del nuevo sistema financiero ERP-SAP ha generado retrasos y que las conciliaciones estarán listas hasta el 19 de diciembre. Mientras la Autoridad Presupuestaria no emita la constancia correspondiente, la Contraloría no puede aprobar presupuestos ordinarios ni extraordinarios.
