La institución señala descoordinación estatal y estancamiento en los indicadores internacionales de integridad.
La Defensoría de los Habitantes advirtió que Costa Rica continúa sin una Política Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción, pese a los compromisos adquiridos en convenciones internacionales suscritas por el país. La institución señaló que la ausencia de una política pública, un plan de acción y una rectoría clara por parte del Poder Ejecutivo ha derivado en una fragmentación institucional que impide articular esfuerzos efectivos.
La Defensoría recordó que Naciones Unidas reconoce a la corrupción como un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la institución, la falta de coordinación entre entidades con competencias en materia anticorrupción explica el estancamiento histórico del país en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Costa Rica mantiene una calificación de 58 puntos sobre 100, lejos del mejor desempeño regional (Uruguay, con 76 puntos) y por debajo del promedio de países de la OCDE (65 puntos).
Una estrategia intersectorial debilitada
La Defensoría lamentó la reducción y casi disolución de la plataforma intersectorial Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), que años atrás sentó bases importantes para un enfoque integral. Entre sus ejes estaban:
- Gobernanza en la lucha contra la corrupción
- Gestión del talento humano
- Participación y control ciudadano
- Gestión de riesgos en la interacción público-privada
- Acceso a la información y rendición de cuentas
Según la institución, la ausencia de un sistema de gobernanza limita el aporte potencial de organizaciones civiles, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y la academia.
Ejecutivo reporta avances parciales, pero aún sin política finalizada
Tras consultar al Poder Ejecutivo sobre el estado de la política anticorrupción, la Defensoría informó que el Ministerio de Justicia comunicó avances preliminares. Entre ellos, reuniones de consulta con enlaces institucionales, revisión de los ejes propuestos por la ENIPC y la elaboración de borradores del documento base.
No obstante, el plan de acción y la sección de seguimiento y evaluación continúan pendientes. Según la información oficial, la revisión final del documento está prevista para el 30 de abril de 2026 y la versión definitiva se estima concluida antes de que finalice la actual administración.
Un problema percibido como prioritario por la ciudadanía
La corrupción se mantiene entre las tres principales preocupaciones de la población, según diversos estudios de opinión citados por la Defensoría. Sin embargo, la institución advirtió que el Estado ha postergado acciones decisivas y oportunas para enfrentar el fenómeno.
“El flagelo de la corrupción continúa afectando la confianza pública y la efectividad del aparato estatal. La ausencia de una política nacional coherente limita la capacidad del país para responder de manera integral a un problema que exige coordinación, liderazgo y voluntad política”, señaló la entidad.
