La campaña internacional EVAWUD 2025 busca visibilizar las formas de violencia que enfrentan estas poblaciones y plantea reformas legales y de salud pública.

La Red Internacional de Mujeres y Reducción de Daños (WHRIN, por sus siglas en inglés) y la Asociación Costarricense de Reducción de Daños (ACORED) hicieron un llamado para poner fin a todas las formas de violencia contra mujeres y personas de género diverso que usan drogas, en el marco de la campaña Eliminación de la violencia contra las mujeres y personas de género diverso que usan drogas (EVAWUD).

Según ambas organizaciones, estas poblaciones enfrentan múltiples formas de violencia vinculadas con normas patriarcales, estigma, criminalización y prácticas punitivas asociadas a políticas de drogas. WHRIN y ACORED señalan que estos factores generan barreras para acceder a servicios de salud, reducción de daños y atención por violencia basada en género.

Violencias documentadas por las organizaciones

De acuerdo con WHRIN y ACORED, las mujeres y personas de género diverso que usan drogas experimentan niveles significativamente más altos de violencia basada en género que la población general. Entre los actos que señalan se encuentran detenciones arbitrarias, extorsión, violencia policial, acoso, agresiones y limitaciones en el acceso a servicios de salud, entre otros.

Las organizaciones afirman que estos riesgos se agravan para quienes enfrentan condiciones de discriminación interseccional, como mujeres racializadas, mujeres trans o trabajadoras sexuales.

WHRIN y ACORED indican además que, a nivel global, más de un tercio de las mujeres privadas de libertad se encuentran encarceladas por delitos vinculados a drogas, una tendencia que atribuyen a políticas prohibicionistas.

Recomendaciones planteadas

En su comunicado, WHRIN y ACORED proponen varias medidas orientadas a mejorar la atención, la protección y las políticas públicas relacionadas con estas poblaciones. Entre ellas destacan:

  • Integrar servicios de salud sexual y reproductiva en los programas de reducción de daños, incluyendo atención para casos de violencia basada en género.
  • Fortalecer la participación comunitaria en el diseño y puesta en marcha de servicios esenciales.
  • Asignar recursos para ampliar servicios comunitarios de reducción de daños con perspectiva de género.
  • Avanzar hacia la despenalización del uso de drogas, eliminando sanciones y medidas coercitivas asociadas a su consumo.

Las organizaciones sostienen que una reforma integral podría reducir el estigma y mejorar la seguridad y el acceso a servicios para las personas que usan drogas.

Llamado a reformas legales y de política pública

WHRIN y ACORED solicitan el fin de la denominada “guerra contra las drogas” y plantean que se modifiquen leyes, procedimientos y programas relacionados con justicia penal para prevenir y eliminar la violencia que —afirman— afecta a mujeres y personas de género diverso que usan drogas.

Finalmente, invitan a fortalecer los marcos legales y los recursos institucionales necesarios para garantizar la seguridad y los derechos humanos de estas poblaciones.