Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; un día en el que volverán a llenarse las redes y los micrófonos de frases sobre la lucha contra la violencia de género, algunas profundamente genuinas y otras, quizá, ensayadas para la ocasión.

Pero este 25 de noviembre cobra una importancia particular. No solo porque nos encontramos en uno de los momentos más violentos de la historia reciente de Costa Rica, lo cual afecta a las mujeres de manera diferenciada, sino también porque estamos en época electoral. Esto nos da la oportunidad de escuchar qué tienen que decir quienes aspiran a gobernar; pero, sobre todo, de evaluar qué tan dispuestos están a escuchar las demandas de las mujeres, de las organizaciones feministas y de las personas víctimas y sobrevivientes de la violencia machista.

La violencia de género no se combate con declaraciones, sino con hechos concretos. Y, al día de hoy, la señal que ha dado el actual Gobierno es clara: la vida de las mujeres no es una prioridad política. El retroceso de la Norma Técnica para implementar el aborto terapéutico (excluyendo los supuestos de riesgo para la salud o de inviabilidad fetal), la instrumentalización del Instituto Nacional de las Mujeres y la indiferencia ante las demandas de las familias sobrevivientes son prueba de ello. Esto tiene que cambiar.

La violencia tiene raíces profundas y estructurales: se sostiene en la negación de la autonomía física y corporal, en la desigualdad económica, en la ausencia de un sistema de cuidados, en la precariedad laboral, en la impunidad judicial y en un Estado que sigue sin colocar a las mujeres en el centro de sus decisiones.

Y conviene decirlo sin rodeos: ser mujer en una papeleta no es sinónimo de defender a las mujeres. Hoy vemos aspirantes que, pese a su género, reproducen lógicas patriarcales, respaldan proyectos de derecha que eliminan derechos y promueven agendas que ponen en riesgo nuestras autonomías. La representación importa, sí, pero no es suficiente. Lo que realmente modifica la vida de las mujeres es la existencia de una agenda que confronte y transforme los cimientos patriarcales sobre los cuales se sostiene este país; una agenda que haga de la dignidad, la libertad y la autonomía de todas las mujeres una prioridad irrenunciable.

Las mujeres no tenemos porqué aceptar migajas políticas ni gestos simbólicos. Queremos cambios reales y garantías concretas. Quien aspire a gobernar debe demostrar, con hechos y no con eslóganes, que entiende que la vida de las mujeres no es negociable. El 25N no es un acto: es un mandato, y hay que hacerlo cumplir. Costa Rica necesita un proyecto que coloque la vida de las mujeres como columna vertebral del Estado.

Y queremos saber, sin rodeos, quién está dispuesto a confrontar al patriarcado desde el poder, quién va a gobernar con nosotras y no a costa de nosotras. Porque llegó la hora de que el poder responda, no con promesas, sino con la valentía que nosotras hemos puesto durante décadas.

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