Sibar señaló participación en su contra de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la Fuerza Pública.
El defensor indígena Brörán, Pablo Sibar Sibar, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reforzar las medidas de protección de las que es benificiario desde 2015 a través de la Medida Cautelar MC 321/12.
Sibar Sibar detalló que la solicitud responde a un "nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública". Esto "configura un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física", indicó el líder indígena.
En el documento se puntualiza que el pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar, de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua, alegando respaldo de la ADI de Térraba.
La situación se desarrolló a pesar de que Sibar Sibar posee esa tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán, describió Sibar Sibar.
En palabras del líder indígena:
Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir”.
Este incidente se suma a un patrón de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que en años anteriores ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación.
En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH.
En ese contexto, y ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Pablo Sibar o las personas defensoras que lo acompañan, quienes se mantienen en vigilia en el lugar de los hechos.
Antecedentes
Pablo Sibar ha enfrentado durante más de una década una serie de amenazas y actos de violencia que incluyen ataques físicos en 2012, cuando fue golpeado, pateado, mordido y posteriormente perseguido e intimidado con un cuchillo; amenazas directas en redes sociales en 2021 que incitaban a su asesinato; un intento de linchamiento por una turba armada con machetes un día antes del homicidio del líder indígena Jerhy Rivera; el incendio intencional de su finca tras recibir advertencias sobre la contratación de sicarios para matarlo, y continuas campañas de difamación en medios.
