Informe de CEJIL, SJM y AFSC acusa al Estado costarricense de detener arbitrariamente a personas migrantes, negarles protección internacional y exponerlas a riesgos graves de persecución.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Gobierno de Costa Rica participó en una serie de violaciones de derechos humanos contra personas migrantes expulsadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las ONG señalaron que al recibir a estas personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, detenerlas de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución, el Estado costarricense vulneró sus derechos a la salud, integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida.
Además, las organizaciones sostienen que las medidas asumidas por el Estado costarricense para poner fin a la detención, en particular, el establecimiento de un procedimiento temporal para la regularización migratoria, son insuficientes para reparar el daño cometido contra las personas migrantes y para garantizar su acceso a derechos y a una integración digna y segura en el país.
Esta información se desprende de un informe publicado el día de hoy por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC).
El documento sale a la luz luego de que, el pasado 10 de abril, las organizaciones realizaron una visita de monitoreo al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (CATEM-EMISUR) en Paso Canoas, frontera con Panamá, donde las personas están detenidas.
En un comunicado en conjunto, expresaron que la visita fue necesaria debido al acuerdo verbal entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, según el cual Costa Rica serviría como un “puente” de recepción y tránsito para las expulsiones colectivas de al menos 200 personas desde Estados Unidos en febrero del presente año. Cejil, SJM-CR y AFSC han brindado acompañamiento jurídico a varias de estas familias durante su estadía en Costa Rica.
Al momento del trabajo realizado en el Catem, 94 personas provenientes de Rusia, Armenia, China, Nepal, India, República del Congo, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades permanecían en las instalaciones.
Ataques a los derechos humanos
Marcia Aguiluz, representante de la AFSC, destacó a este medio de comunicación que los migrantes estuvieron detenidos de facto, sin libertad de movimiento y sin acceso a sus documentos por semanas, incluso cuando contaban con permisos legales en otros países.
La investigadora enfatizó en un caso donde tres jóvenes de Yemen se vieron afectados ya que tenían residencia en Grecia y querían salir del país, pero permanecieron más de dos meses retenidos.
Las organizaciones brindaron información a 60 personas y entrevistaron a 24 respecto a su proceso de expulsión de Estados Unidos, su llegada a Costa Rica y sobre sus necesidades de protección.
Principales señalamientos del informe
- Detención en Estados Unidos
En Estados Unidos, las personas detenidas afirman haber enfrentado condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, al permanecer, por ejemplo, en cuartos cerrados sin acceso a luz natural. Muchas de estas personas fueron expulsadas y separadas de sus familias a pesar de haber solicitado asilo, sin recibir asesoría legal ni información sobre su situación jurídica.
- Detención arbitraria en Costa Rica
En Costa Rica, las personas fueron trasladadas inmediatamente al CATEM donde sus documentos fueron retenidos y donde no tuvieron la posibilidad de moverse libremente sin escolta de la policía de migración. Es decir, fueron detenidas de manera arbitraria e ilegal por más de 60 días.
- Falta de acceso a atención estatal
Las personas detenidas no tuvieron acceso a información en sus idiomas. Tampoco se les realizó un análisis individualizado que abordara sus necesidades de protección internacional. Otra falencia fue la falta de atención integral, por ejemplo psicológica, por parte de instituciones del Estado costarricense.
- Faltas al principio de no devolución
Aunque la mayoría de personas tenían necesidades de acceder a refugio, el informe denuncia que, mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) —organización a la que el Estado delegó esta atención—, algunas personas pudieron ser devueltas a países donde su vida o integridad corría riesgo, sin un análisis que garantizara el principio de no devolución.
Al respecto, Aguiluz comentó:
A estas personas nunca se les debió permitir el ingreso a Costa Rica bajo este convenio con Estados Unidos. Costa Rica es cómplice de las violaciones. En el momento en que acepta que estas personas ingresen al país y las priva de su libertad, Costa Rica es responsable no solamente de su seguridad, es responsable de su integridad”.
En un limbo
La funcionaria de AFSC detalló que aunque las condiciones de detención en Costa Rica eran mejores que las sufridas en suelo estadounidense, las personas entrevistadas se encuentran actualmente en un limbo. La mayoría de personas que permanecen en el país no tiene la posibilidad de volver a sus países de origen ante el riesgo de enfrentar persecución o amenazas, pero tampoco tienen interés de solicitar refugio en Costa Rica.
En palabras de una de las personas entrevistadas destacan: “Es muy difícil para nosotras aquí en Costa Rica porque no conocemos el idioma, ni su cultura, ni las leyes, ni tenemos amigos ni familiares aquí”.
Las organizaciones pro derechos humanos recordaron que el 21 de abril, el Gobierno de Costa Rica publicó una resolución que autoriza “la normalización migratoria de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América (...) mediante el establecimiento de un procedimiento especial”. A partir de esta decisión, las personas han podido transitar libremente fuera del CATEM y muchas han salido del país, aunque el Gobierno no ha dado seguimiento a estos casos.
Las organizaciones reconocen el establecimiento del procedimiento especial de regularización migratoria, pero aseguran que esta resolución no resuelve la garantía de los derechos de las personas que permanecen en el país.
Aguiluz de AFSC calificó el actuar de Costa Rica como una "tremenda irresponsabilidad".
Aceptar a estas personas, personas que no tienen ningún arraigo en nuestro país, ni cultural, ni diplomático, de ninguna circunstancia y traerlas a ser detenidas acá, es una absoluta irresponsabilidad. Es completamente incongruente con nuestros principios y nuestros valores democráticos”.
Ante la situación descrita, las organizaciones formularon una serie de recomendaciones al Estado costarricense con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes retornadas. Entre las principales solicitudes, destacan la necesidad de abstenerse de promover retornos a países donde las vidas de estas personas puedan estar en riesgo, así como respetar el principio de no devolución, el derecho a solicitar asilo y otras formas de protección internacional.
En otro punto, instan al Gobierno a interceder ante terceros países elegidos por las personas migrantes para facilitar la recepción de sus solicitudes de refugio. También proponen extender por al menos 12 meses, prorrogables, el procedimiento especial de atención, garantizando durante ese tiempo apoyo humanitario como hospedaje, alimentación, productos de higiene y atención psicológica en sus idiomas nativos.
Solicitan, además, otorgar permisos de trabajo temporales a quienes opten por regularizar su situación migratoria, junto con el respaldo interinstitucional necesario para su integración.
Las organizaciones también insistieron en la protección de personas en condiciones de especial vulnerabilidad, como menores de edad, mujeres embarazadas, sobrevivientes de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
Finalmente, llaman al Estado a abstenerse de firmar o mantener acuerdos con EE.UU. u otros países que conlleven prácticas como expulsiones colectivas o detención migratoria arbitraria, al tiempo que apelan a la comunidad internacional a brindar protección a quienes lo necesiten y reiteran su disposición para colaborar en la atención de esta crisis.
Las organizaciones afirman que Costa Rica no debió aceptar ningún acuerdo que expusiera a personas migrantes a violaciones de derechos humanos, y exigen que el Estado se abstenga de prácticas similares en el futuro.
